¿Por qué defensores de derechos humanos rechazan la reelección de Rosario Piedra Ibarra en la CNDH?

La gestión de Rosario Piedra Ibarra en la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) deja una institución, cuestionada, a la deriva, debilitada, tanto en lo interno, como en su posición frente a la sociedad como garante de los derechos humanos y contrapeso al poder, prácticamente como un órgano inexistente, señalaron organizaciones, activistas y académicos expertos en la materia.

Jorge Israel Hernández, maestro en derechos humanos y catedrático en la UNAM y el Tec de Monterrey, expuso que, durante las últimas dos décadas, diversas organizaciones internacionales han venido señalando que en México hay una situación grave de violación a derechos humanos, la cual se ha venido agravando durante los últimos siete años.

Lo preocupante, recalcó, es que en México elementos civiles y militares vinculados a tareas de seguridad siguen practicando la tortura.

Además, se siguen violando los derechos humanos de mujeres, cuya expresión más dramática es el elevado número de feminicidios, así como violaciones a derechos humanos de defensores de derechos humanos y periodistas.

Otro de los señalamientos reiterados, indicó, es el grave problema de desaparición forzada. De acuerdo con cifras oficiales en el país hay alrededor de 100,000 personas en esa situación. Para tener una idea de la dimensión de ese problema, el académico recordó que durante la dictadura militar Argentina ocurrieron 30,000 desaparecidos y en la Guerra Sucia en México alrededor de 3,000.

Cuestionan falta de independencia y silencios

Un análisis sobre la gestión de Piedra Ibarra realizado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) expone: “Lejos de ser plenamente funcional, desde su creación, el organismo ha enfrentado problemas para ejercer cabalmente su autonomía, ser transparente, mantener una relación cercana con las víctimas, fortalecer sus capacidades para investigar y atender quejas”.

En el documento “CNDH: balance de su debilitamiento institucional durante la gestión 2019-2024”, destaca que en 2019 fue electa por el Senado la actual presidenta, Rosario Piedra Ibarra, en un proceso marcado por los cuestionamientos sobre su falta de independencia debido a sus vínculos con Morena. Por eso su legitimidad quedó mermada de origen. https://centroprodh.org.mx/wpcontent/uploads/2024/10/20241014_balance_CNDH_2019-2024.pdf

Además, durante su gestión, se materializó un deterioro institucional considerable, que ha colocado al organismo en el centro de cuestionamientos sobre su autonomía e independencia del Poder Ejecutivo y el rol pasivo que ha jugado como institución nacional de derechos humanos frente a las problemáticas más apremiantes en este ámbito en México, como la militarización de la seguridad pública, la política migratoria, megaproyectos de desarrollo en territorios indígenas, la disminución del espacio cívico y la estigmatización de periodistas y organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos, la expansión de la prisión preventiva, entre otros.

Al respecto, Jorge Israel Hernández destacó que desde que Rosario Piedra Ibarra asumió la presidencia de esa institución, en los hechos no ha existido.

Subrayó que durante la administración del hoy expresidente Andrés Manuel López Obrador el gobierno estigmatizó a los defensores de derechos humanos. El propio mandatario llegó a decir que los derechos humanos eran un invento del neoliberalismo y menospreciaba las víctimas.

Lo delicado es que, ante eso, la presidenta de la CNDH guardó silencio, remarcó.

Llamó la atención de los silencios de la CNDH en temas como el incremento de la militarización del país, la intención de desaparecer el INAI, ni en la reforma al poder Judicial.

Dijo que tan solo el INAI y el Poder Judicial garantizan el acceso al disfrute de derechos humanos.

Por otra parte, —apuntó—, la CNDH no ha promovido acciones de inconstitucionalidad en el caso de la reforma al poder Judicial que es inconstitucional.

Exigen se garantice idoneidad, independencia y autonomía en elección del titular

Para el Centro Prodh, es recomendable que no se reelija la actual presidenta Piedra Ibarra, pues es necesario revertir los retrocesos e impulsar cambios sustantivos con el fin de que ese organismo constitucionalmente autónomo esté a la altura de los retos en materia de derechos humanos, sobre todo ante la crisis que México padece en esta materia.

El centro advierte que, si la CNDH retrocede en el ejercicio de su autonomía y adopta prácticas regresivas, este ejemplo nocivo cundirá y se generalizará en las entidades, donde subsisten comisiones estatales que a más de dos décadas de su fundación no han logrado, en los hechos, forjar el perfil público independiente que la naturaleza de su labor exige.

Según esa organización, la CNDH debe fortalecer su Consejo Consultivo, empezando por nombrar, de inmediato, a todos sus integrantes, con el fin de que pueda adoptar las acciones necesarias para que pueda cumplir cabalmente con su mandato constitucional de orientar y participar en las correspondientes decisiones de la institución.

También recomienda establecer una política de aproximación estratégica a los temas esenciales, como tortura, desapariciones, ejecuciones, militarización, derechos colectivos indígenas, migración, ampliación de la prisión preventiva y otros que han mostrado ser especialmente problemáticos para esta administración.

Asimismo, expone la necesidad de asegurar que el proceso de nombramiento de la persona titular del organismo sea adecuado, transparente y participativo, de conformidad con los estándares internacionales establecidos en los Principios de París.

En ese sentido, recalca la necesidad de que se garanticen los principios de idoneidad, independencia y autonomía. Destaca la necesidad de reformar el artículo 102 constitucional para eliminar la reelección de la persona titular del organismo, pues por la naturaleza de la función, la posibilidad de reelección es un incentivo perverso que va en detrimento de la autonomía.

Por otra parte, expone que la propuesta de un legislador del PAN de elegir mediante voto popular a la persona titular de la presidencia de la CNDH, constituye una solución falsa que no la fortalecerían.

Dudan que la designación sea con criterios objetivos

Para la coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas, Marcia Itzel Checa Gutiérrez hay muy pocas expectativas del proceso de selección en marcha, primero por la conformación actual del Senado de la República, con mayoría morenista y la forma que se ha conducido la actual legislatura aprobando iniciativas muy importantes de manera apresurada y con muy poca discusión y a deshoras.

En ese sentido mencionó que declaraciones de algunos legisladores morenistas han sido tomados con alarma, por ejemplo, las realizadas por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Adán Augusto López Hernandez, quien ha señalado que no ve mal la gestión de la actual presidenta de la CNDH que busca reelegirse.

Enfatizó también que es preocupante el hecho de que, si bien, las comisiones de Derechos Humanos y justicia del Senado realizaron un esfuerzo para aprobar la convocatoria con elementos que hacían suponer que se haría un proceso de evaluación de los perfiles de los aspirantes riguroso, al final, la Jucopo decidió que esas evaluaciones no serían vinculantes.

“Eso hace pensar que los criterios para hacer la designación no van a ser objetivos ni van a privilegiar la idoneidad de los aspirantes, sino criterios de afinidad y cercanía política con el gobierno”, mencionó.

En ese sentido, Eduardo Guerrero Lomelí, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), manifestó que, dada la experiencia que se tuvo en 2019, cuando se designó a una persona cercana al gobierno como presidenta de la CNDH es difícil pensar que esta vez el Senado vaya a elegir a una persona con las características que requiere el puesto; sin embargo, remarcó que la exigencia, tanto de las víctimas como de la sociedad civil en general es mayor.

Insistió en que es muy importante que se garantice que los criterios de imparcialidad, autonomía y capacidad técnica se actualicen en las tres personas que serán finalistas.

Opinó que en la lista de aspirantes hay perfiles diversos, incluidas personas que han trabajado en la defensa de los derechos humanos desde la sociedad civil, pero también hay cercanas a partidos políticos incluso algunas que han sido postuladas a puestos de elección popular.

Al respecto, Jorge Israel Hernández comentó que en la lista destacan los perfiles de Nashieli Ramírez Hernández, quien es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), que son personas con una trayectoria en la defensa de los derechos humanos, a quienes se les reconoce por buenas ideas, propuestas, compromiso con los derechos humanos y conocimiento profundo del tema.

Llaman la atención sobre deficiente atención a quejas

De acuerdo con información de la CNDH, sistematizada por el Centro Prodh durante la actual administración hubo un aumento considerable en el número de quejas presentadas ante el organismo, pues mientras en 2020 recibió 11,387, en 2023 fueron 19,916, lo que representa un aumento de casi el 75%.

Las autoridades más denunciadas entre 2020 y 2023 son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), el Instituto Nacional de Migración (INM), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Bienestar (Bienestar), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El Centro Prodh llama la atención sobre el cierre de expedientes de queja, particularmente relacionados con hechos actuales, sin investigar adecuadamente. Pone como ejemplo el caso de la queja interpuesta por el defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, quien denunció hechos de espionaje en su contra por parte del Ejército mexicano mediante el software Pegasus, la cual fue concluida por la CNDH en abril de 2023, sin que realizara una investigación exhaustiva, simplemente con un informe de la Sedena negando los hechos.

También destaca el cierre del expediente iniciado en septiembre de 2023, sobre la queja presentada por diversas organizaciones de sociedad civil por actos de criminalización, intervención y el uso arbitrario del sistema penal por parte de la FGR contra la integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense, Mercedes Doretti, la periodista Marcela Turati y la defensora de derechos humanos, Ana Lorena Delgadillo, que colaboraban en torno al caso de la masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, con lo cual el organismo legitimó la actuación de la FGR.

Acusan que las recomendaciones se enfocan a gobiernos anteriores al de AMLO

En los últimos cinco años, la CNDH emitió 1,160 recomendaciones sobre violaciones a derechos humanos, de las cuales, 1,021 son ordinarias o individuales; 132 por violaciones graves y siete generales. Conforme transcurrieron los años, la Comisión fue emitiendo más recomendaciones, pasando de 104, en el 2020, a 371 en el 2023.

En cuanto a las recomendaciones por graves violaciones, las autoridades que más han recibido éstas son la SSPC, FGR, SEMAR, SEDENA y la GN.

Recalca que en este periodo hubo una clara priorización de la investigación de eventos acontecidos en sexenios previos al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La CNDH ha emitido 18 recomendaciones por violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes de la GN. Entre estas, resaltan aquellas en las que se acreditaron graves violaciones cometidas en el anterior sexenio: en particular, las recomendaciones 52VG/2022, 70VG/2022, 74VG/2022, 83VG/2023, 91VG/2023, 93VG/202399VG/2023, 99VG/2023, 108VG/2023, 110VG/2023, 138VG/2023, 139VG/2023, 144VG/2023 y 160VG/2024, que muestran conductas tan graves como desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial.

Subraya que la actual CNDH se ha abstenido de emitir recomendaciones o pronunciarse frente a eventos de amplia trascendencia pública en los que miembros de la GN y la Sedena habrían cometido graves violaciones. Como muestra, no ha habido un pronunciamiento sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por la GN, como la de dos jóvenes en Ciudad Jiménez, Chihuahua, en enero de 2023; el asesinato de alrededor de 25 personas en el marco de un enfrentamiento en La Concordia, Chiapas, en el mes de marzo de 20249; la ejecución de la niña Nahomi, de nueve años, quien murió por los disparos de agentes de dicha corporación en el mes de julio del mismo año en San Luis Potosí.

La CNDH se guardó acciones de inconstitucionalidad, recriminan

El informe destaca que, si bien en los últimos cinco años ha interpuesto un alto número de acciones de inconstitucionalidad, la mayoría fueron sobre legislación de las entidades federativas y muy pocas sobre leyes federales. Los principales temas que abordan son cuestiones administrativas por los estados y ayuntamientos, como el cobro de servicios públicos, disposiciones de las leyes de ingresos o recaudación fiscal.

Destaca la decisión de la ombudsperson de no interponer acciones ante la SCJN sobre iniciativas promovidas por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y que se relacionan con temas de la mayor relevancia en el acontecer nacional actual. Tal es el caso de las reformas de adscripción de la GN a la SEDENA, tanto en 2022, como en 2024. Recuerda que la anterior gestión de la CNDH sí interpuso, en 2019, acciones de inconstitucionalidad sobre las leyes secundarias de la misma GN.

También llama la atención que no se promovió ese recurso por la modificación del transitorio constitucional para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública ni por la Reforma Judicial.

“Más allá de no interponer estos recursos (…) la Comisión emitió pronunciamientos justificando su inacción y defendiendo las reformas replicando el mismo discurso del gobierno e ignorando los múltiples llamados de organismos internacionales que han advertido que tales reformas son contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos y las obligaciones internacionales del Estado mexicano”.