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Relación entre Legislativo y Judicial, entre tensiones y desacatos
El uso lúdico de la marihuana es otro asunto en el que la Corte ordenó a Legislativo adecuar las leyes vigentes, con respecto a la jurisprudencia que indica que no se debe penalizar el consumo y transporte del enervante.
La relación entre los poderes Legislativo y Judicial ha sido tensa en los últimos años.
El Congreso de la Unión ha desacatado sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sin consecuencias jurídicas para sus integrantes.
El 28 de junio de 2021, tras cinco sentencias en el mismo sentido entre 2015 y 2019, la Corte aprobó la Declaratoria General de Inconstitucionalidad por la que se elimina la prohibición absoluta del consumo lúdico o recreativo del cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) y exhortó al Congreso mexicano a incorporar en la legislación medidas destinadas a promover el uso responsable del cannabis en el país.
La Secretaría de Salud (SS), a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, ordenó la Corte, podrá “autorizar el cultivo, la cosecha, la preparación, la posesión y el transporte de la mariguana con fines recreativos a las personas adultas que lo soliciten, en el entendido de que dicha autorización no podrá incluir en ningún caso la permisión de importar, comerciar, suministrar o cualquier otro acto de enajenación y/o distribución de tales sustancias”.
A la fecha, el Congreso de la Unión no ha legislado en la materia.
El 27 de enero de 2022, al resolver 11 controversias constitucionales promovidas por igual número de municipios de Chihuahua en contra del Congreso de la Unión para impugnar “la omisión del Congreso de la Unión de expedir la Ley General de Aguas”, el pleno de la Corte declaró por unanimidad de sus 11 integrantes “la inconstitucionalidad de la omisión’’ del Congreso y ordenó a las cámaras de Senadores y de Diputados expedir la referida ley secundaria “durante su próximo periodo ordinario de sesiones”.
Es decir, el Poder Legislativo tenía de plazo hasta el 30 de abril de aquel año para cumplir la sentencia, pero 12 años después eso no ha sucedido.
El 2 de octubre de 2023, al resolver una controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, la Corte determinó que el Senado incurrió en la omisión de nombrar a los comisionados por lo que se ordenó al Senado de llevar a cabo la votación correspondiente a “más tardar el 15 de diciembre” del año pasado: el ente autónomo sigue incompleto.
