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Política

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Ven abandono a víctimas migrantes

A dos años del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que cobró la vida de decenas de migrantes y dejó a muchos otros con secuelas físicas y neurológicas, los familiares de las víctimas denunciaron el abandono institucional y la impunidad que prevalece en el caso.

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A dos años del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que cobró la vida de decenas de migrantes y dejó a muchos otros con secuelas físicas y neurológicas, los familiares de las víctimas denunciaron el abandono institucional y la impunidad que prevalece en el caso.

En un posicionamiento dirigido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y a otras autoridades, los afectados alzaron la voz para exigir justicia y una reparación adecuada por parte del Estado mexicano.

“Es muy triste ver a mi hijo cuando sus ojos se le llenan de lágrimas al acordarse de su padre; es un dolor en mi corazón, que no encuentro palabras que decirle”, relató en el posicionamiento una madre que perdió a su esposo en el siniestro.

Supervivientes del incendio también expresaron las secuelas irreversibles con las que deben vivir. “No puedo hablar bien por el humo que inhalé, tuve quemaduras de tercer grado y los doctores pasaron horas tratando de salvar mi brazo izquierdo”, mencionó uno de los afectados.

Asimismo, exigieron que los responsables, incluido el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, rindan cuentas por su falta de acción y negligencia. “Garduño debe pagar por las personas que fallecieron y las 27 lesionadas, porque su vida ya no es fácil para ellos”, señalaron.

Por otro lado, las familias criticaron el actuar de la Fiscalía General de la República (FGR), acusándola de no sostener el caso con la solidez necesaria para garantizar justicia.

Marcos Zavala, integrante de la Fundación para la Justicia, subrayó la importancia de esclarecer lo sucedido y garantizar la no repetición de hechos tan atroces.

Según Zavala, el caso es de interés público no solo para el Estado mexicano, sino también para los países de origen de las víctimas, como Venezuela, Colombia, Honduras, El Salvador y Guatemala. "A todas esas sociedades les debemos una explicación, porque era una estancia pública", enfatizó.

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