Agregadores de pago deben ser regulados para prevenir lavado de dinero: Marcos Tinedo

El lavado de dinero no da tregua, busca y explora las vulnerabilidades que existen en distintos sectores para poder cometer su fin: hacer pasar dinero ilícito como legítimo. En este contexto, es necesario que actores como los agregadores de pago tengan estándares mínimos para prevenir operaciones con dinero sucio.

En entrevista Marcos Tinedo, especialista en cumplimiento del sistema financiero y actualmente jefe del área de Compliance de uno de los cerca de 50 agregadores de pago existentes en el país, comentó que actualmente estos actores no requieren cumplir con alguna normatividad antilavado, lo cual genera el riesgo no sólo para ellos sino para el banco adquirente con los que se tenga una relación.

"Dentro de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado, se establece que es importante que exista una regulación mínima (antilavado) en los intermediarios de pago", detalló Tinedo.

Los agregadores son participantes del ecosistema de la red de pagos con tarjeta en el país. Su función, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se basa en un contrato celebrado con un (banco) adquirente para ofrecer a receptores (comercios) el servicio de aceptación de pagos con tarjetas y en su caso proveen la infraestructura de terminales puntos de venta.

En México, existen agregadores que ofrecen terminales punto de venta móvil que son de gran penetración en los pequeños y medianos comercios del país para aceptar pagos con tarjeta. Dentro del ecosistema se encuentran marcas como SR. Pago, Conekta, PayPal, Clip, Kiwi, Mercado Pago, Billpocket, Ebanx, OpenPay, PayU, Zettle, entre otros.

Tinedo puntualizó que actualmente los agregadores de pago no cuentan con una regulación directa en materia antilavado; sin embargo, los que sí cuentan con una normativa robusta son los bancos adquirentes, que procesan las operaciones, con los que tienen un convenio, por lo que el riesgo recae en estos últimos, al ser responsables de proveer el servicio de pagos tanto a agregadores como a receptores.

"Los agregadores de forma directa no tienen regulación, ni aquí ni en otras partes del mundo, a excepción de la India. En cambio, los bancos adquirentes están bastante regulados, por ejemplo, con obligaciones de conocimiento e identificación de clientes, de monitoreo, entre otras cosas", acotó Tinedo.

Asimismo, el especialista acotó que si bien el Banco de México (Banxico) ha emitido ciertas reglas, éstas no son tan claras ni directas que impactan en los agregadores. "Es importante que los agregadores no estén al aire; existen jugadores que se quieren poner en el siguiente nivel para apoyar la parte de riesgo, cumplimiento, riesgo operaciones, de forma jurídica y en materia de procedimientos".

Montos que generan sospechas

De acuerdo con datos del Banxico, el número de operaciones con tarjeta ya sea débito o crédito, realizadas con agregadores de pago ha tenido un incremento importante en el último año, respecto al periodo entre el 2020 y el 2021.

Según las cifras, el número promedio de operaciones diarias realizadas entre mayo del 2020 al mismo mes del 2021 fue de 782,873; sin embargo, en el último año dicha cifra aumentó a 1 millón 142,236, es decir un aumento de 45.9 por ciento.

El especialista en cumplimiento acotó que se han detectado cantidades importantes que se pagan, por ejemplo, en restaurantes, que podrían ser un signo de alerta ante un posible suceso de lavado de dinero.

"Hemos identificado puntos que facturan, con agregadores, hasta cerca de 50 millones de pesos anuales, lo cual es una cifra alcanzable; sin embargo, es un monto importante al que hay que poner atención", indicó Tinedo.

El especialista refirió que sí existe un riesgo de operaciones de lavado mediante la operatividad de los agregadores pues hay una metodología que se conoce en el mundo como Transaction Laundering, por la cual se buscan pasar recursos ilícitos por un banco adquirente para procesar los pagos, con el fin de lavar los ingresos de una actividad delictiva.

"Es importante porque si se llega a detectar que por un agregador se permiten operaciones de gente sancionada, por ejemplo, por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, eso le va a generar un riesgo reputacional y legal al agregador que le va a tumbar el negocio, además de que el banco adquirente le va a quitar la operación", acotó el especialista.

El camino de la regulación 

Tinedo indicó que lo recomendable es que a los agregadores se les exija una normativa con base en el riesgo al que están expuestos, pero también en línea con los estándares exigidos a los bancos adquirentes en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC).

“Creo que la regulación debe de tener un estándar mínimo, con cosas parecidas a la LIC, la idea es que sea comparable, pero con un enfoque basado en riesgo”, apuntó Tinedo. 

Específicamente, Tinedo mencionó algunos puntos que se les podrían exigir a los agregadores, tales como procedimiento de conocimiento del cliente, sistemas automatizados, reportes a las autoridades de operaciones sospechosas, relevantes y de 24 horas, auditorías, acceso a la lista de personas bloqueadas, entre otras.

“Es como cerrar todos los candados y tener todo blindado y más coordinado con los bancos adquirentes. Tenemos que proteger al negocio entre todos”, destacó Tinedo, quien participará en la Conferencia LATAM de ACAMS a realizarse en los próximos días en Cancún, México.