En el 2080 aún se pagarán pensiones de la Ley del 73

Las pensiones que reciben los trabajadores de la generación de transición (Ley de 1973) y los beneficios que heredarán a algún familiar se dejarán de pagar hasta el 2080, estimó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

En su análisis El reto de financiar las pensiones de la generación de transición, expone que, al cierre del 2016, la base de datos nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro reportaba más de 20 millones de trabajadores que pertenecen a la denominada generación de transición.

La edad promedio de estos trabajadores es de 52 años, pero la gente más joven tiene sólo 35 años, con lo que queda un largo tiempo para pagar pensiones y los derechos de los beneficiarios que elijan los trabajadores.

“Si se realiza una proyección demográfica de la población de la generación de transición, es posible prever que dicha generación se cerrará hasta el 2080”, destacó la Consar.

Detalla que, una vez que se empiecen a pensionar, para el gobierno federal seguirá siendo un compromiso que podría extenderse durante 40 años, tomando en consideración que se deben solventar las pensiones durante el resto de la vida del trabajador así como los derechos de sus beneficiarios.

“Es previsible que, en las siguientes tres décadas, se genere un número creciente de pensiones al amparo de la Ley 73, las cuales son financiadas por el gobierno federal y pagadas a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)”, expuso.

Menciona que lo anterior también representa un reto para el IMSS, pues además de entregar las pensiones debe brindar servicios de salud tanto a los jubilados como a sus familiares.

Se denomina generación de transición a las personas que empezaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997, cuando entró en vigor la nueva Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Las personas que se encuentran en dicho periodo, al momento de jubilarse, tienen el derecho de poder elegir bajo qué régimen se quieren pensionar, si con la antigua ley de 1973 o la que entró en vigor en 1997.

Ante los pocos requisitos que se requieren en la antigua ley como haber cotizado 500 semanas, la Consar prevé que la mayoría elija pensionarse con dicho régimen y no por el de 1997.

“Cualquier trabajador de la generación de transición que presente una densidad de cotización (semanas de cotización) mayor a 25% tiene altas probabilidades de lograr pensionarse”, dijo.

Absorberán 2.2% del PIB

Con datos del IMSS, la Consar refiere que el financiamiento de las pensiones de la generación de transición para el gobierno federal en el 2017 tendría un costo de 221,000 millones de pesos, lo que equivaldrá a 1.1% del Producto Interno Bruto (PIB).

“Este gasto llegaría a triplicarse en términos reales para el 2040, alcanzando 715,000 millones de pesos. Si se supone un crecimiento real del PIB de 2%, el gasto anual en pensiones derivadas de la Ley 73 alcanzaría 2.2% en 20 años”, explicó.

El organismo refiere que, si bien se calcula el costo que representará el pago de pensiones de la generación de transición en el IMSS, el gobierno federal también se hará responsable de los compromisos financieros que representan los sistemas de beneficio definido del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, banca de desarrollo y Fuerzas Armadas, por mencionar algunas.

“A pesar de que la mayoría de ellos ya ha sido reformado, en las siguientes décadas generarán una importante presión fiscal derivada del creciente flujo de pensionados y de los (generosos) beneficios que estos sistemas siguen ofreciendo a las generaciones de transición”, dijo.

La Consar enfatiza que existe un cúmulo de sistemas de pensiones a nivel local, patrocinado por gobiernos estatales y universidades autónomas, de los cuales pocos cuentan con las reservas necesarias para hacer frente a sus pasivos contingentes.

Algunos actuarios calculan que el pasivo contingente en el sistema de pensiones representa hasta 150% del PIB, lo que implica una presión a las finanzas públicas del país por la cantidad de recursos que tendrá que destinar cada año al pago de pensiones.