Irregularidades desde el principio

A Banco Bicentenario se le revocó la licencia para operar como tal el 22 de julio del 2014. El motivo principal fue, según lo argumentado por la autoridad, un deterioro en la calidad de su cartera y un rápido desplome de su Índice de Capitalización (Icap). En sólo unos meses llegó a menos de 3%; el mínimo requerido es de 10.5%, de acuerdo con los parámetros internacionales.

Documentos, de los que El Economista tiene copia, muestran que desde antes de ser autorizada como banco, la unión de crédito ya traía problemas de concentración de cartera y otros que, al parecer, no fueron subsanados del todo.

Por ejemplo, en un documento fechado el 9 de julio del 2012, unos días antes de que fuera autorizado como banco, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) indicaba que, al 31 de diciembre del 2011 (aún como unión de crédito), su cartera de crédito presentaba un alto riesgo de concentración, gran parte de ella estaba en apenas 16 socios.

La respuesta que dio la unión el 3 de agosto del 2012 a este señalamiento (ya con la autorización como banco) fue que los créditos otorgados a esos socios estaban debidamente garantizados en su mayoría con bienes inmobiliarios, pero que tomarían las medidas conducentes para diversificar su cartera en los siguientes años. La CNBV aseguró que daría seguimiento a ello, y no vio esto como un inconveniente para otorgarle la licencia bancaria, siempre y cuando cumpliera con lo señalado.

Otro documento emitido por la CNBV en noviembre del 2013, ya cuando Bicentenario estaba en operaciones, y resultado de una visita de inspección a la entidad, advertía una insuficiencia de reservas preventivas tanto para la cartera comercial vigente como para la vencida, resultado, explicó, de una incorrecta evaluación de las garantías.

La autoridad también detectó en esa ocasión una alta concentración de funciones en la dirección de créditos y riesgos, y debilidades en el plan de contingencias de liquidez.

Incluso el propio IPAB, en un reporte de junio del 2015, destaca que de los 680 millones de pesos que valía la cartera total de crédito de Bicentenario al momento de su intervención, 92% de los financiamientos fueron originados en la unión de crédito y tenían diversas renovaciones sin un pago sostenido, además de que había insuficiencias en la formalización de garantías y prevalecía un alto nivel de concentración por acreditado.

Algunos de los ahorradores afectados cuestionan la decisión de la autoridad de dar luz verde a la operación como banco, cuando desde la unión de crédito ya se detectaban ciertas irregularidades.

Señalan a altos directivos de Bicentenario de presuntos malos manejos que restaron liquidez al banco y que llevaron a su intervención, e incluso los acusan de supuestamente haber impulsado el otorgamiento de créditos en condiciones irregulares. En este sentido, otras de las demandas de los afectados es que se identifique a los presuntos responsables de la situación de insolvencia en que quedó la institución financiera, y que haya justicia.

En la misiva entregada a mediados de agosto a la Presidencia de la República, los llamados accionistas consideran que la autorización para que la unión se convirtiera en banco fue por una inadecuada asesoría y con la indebida autorización de funcionarios de la CNBV .

Añaden: Dicha autorización fue efectuada mediante actos simulados que ignoraban casi la totalidad de los socios de la unión de crédito .

Se buscó a la CNBV para conocer su opinión sobre estos señalamientos, pero no hubo respuesta. Sin embargo, en contestación a la misiva de los afectados, afirma que la autorización del Banco Bicentenario se dio conforme a la ley, lo mismo que la revocación.

De ningún modo y bajo ninguna circunstancia existió una ‘indebida autorización de funcionarios de la CNBV’ y mucho menos un otorgamiento doloso de dicha autorización , refiere en el oficio de respuesta a los afectados.

Temen que no alcance para pagarles

Los inversionistas afectados temen que con la venta de los activos de Bicentenario que hoy día está en proceso por parte del IPAB no alcance para pagarles lo que tenían en el banco. Consideran que, al igual que la cartera de crédito, los bienes muebles e inmuebles se malbaratarán.

El IPAB explica que la cartera total a la que se le adjudicó un valor de 567 millones de pesos fue vendida en 39 millones, por el deterioro en que se encontraba, toda vez que gran parte estaba vencida. Este paquete se habría vendido a un despacho de abogados.

En cuanto a los activos, una primera licitación se declaró desierta por el poco interés que hubo, ya que algunos bienes inmuebles están en estados del país donde hay importantes problemas de inseguridad.

Aun así, el pasado 11 de agosto se lanzó una nueva convocatoria. Ésta, de acuerdo con el IPAB, consta de 44 bienes y se le asignó un valor mínimo de 51.5 millones de pesos. La apertura de propuestas se realizará el 24 de septiembre próximo, y la operación se prevé que quede concretada en octubre.

Los accionistas consideran que se están malbaratando los activos, y temen no poder conseguir nada de lo que tenían ahorrado.

¿Con qué garantía volvemos a creer en los bancos, si con la decisión de cualquier funcionario del gobierno federal, en nuestro caso concreto la CNBV y el IPAB, desde un escritorio, dan una orden que perjudica a cientos o miles de inversionistas, dejándonos en completa indefensión? , cuestionan los afectados.