Lectura 4:00 min
“Se debe atender la crisis social y financiera que viven los esquemas de pensiones”
Los regímenes de beneficio definido ejercen fuerte presión en el gasto; lo peor se verá en el 2035.
Es positivo que se incrementen las aportaciones para el ahorro del retiro de 6.5 a 15% y que dicho aumento lo asuman las empresas, tal como sugiere el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), pero es necesario que también se resuelva el problema de insolvencia que viven los esquemas de pensiones bajo el régimen de beneficio definido, coincidieron expertos.
“No vamos a llegar a nada si sólo parchamos lo que tenemos. Se tiene que atender tanto la crisis social, que se generará con las bajas pensiones que recibirán los trabajadores que ahorran con afores, como la crisis fiscal, derivada de los regímenes de beneficio definido”, expuso Berenice Ramírez, experta en pensiones de la Universidad Nacional Autónoma de México.
La especialista consideró que, mientras no se cambie el modelo de financiamiento de capitalización individual, no se resuelve en casi nada el problema que tiene este esquema, cuya premisa se basa en que los trabajadores tendrán un trabajo estable por más de 20 años y con un aumento en su salario.
“Gran parte del problema que se tiene en el esquema individual es que muchas personas no van a alcanzar las 1,250 semanas de cotización que se requieren para pensionarse, debido a que cambian de manera constante entre el sector formal e informal”, indicó.
Recordó que la pensión de personas que logren obtenerla bajo el esquema de las afores representará entre 17 y 26% de su último salario, por lo que deberán solicitar la pensión mínima garantizada y esperar a cumplir 68 años para tener acceso a la que otorga el gobierno (68 y más).
Para Ramírez, uno de los principales errores de la reforma en pensiones de 1997 es que no se buscó crear fondos solidarios, que permitieran hacer frente al costo de pensiones del sistema anterior.
Afores y esquemas de beneficio definido
Gustavo Leal, experto en seguridad social de la Universidad Autónoma Metropolitana, calificó como positivo que Carlos Salazar, presidente del CCE, cambiara el discurso que mantiene Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, sobre el aumento de las aportaciones.
“Qué bueno que el CCE reconozca su participación en las aportaciones, pero el verdadero desafío está en establecer la complementariedad del ahorro capitalizado con el fortalecimiento de los esquemas vigentes de beneficio definido”, dijo.
A su parecer, si la reforma en pensiones sólo se enfoca en el esquema de capitalización individual, se tendrá otro rezago más en el sistema de pensiones como lo hicieron gobiernos anteriores.
“Si en la reforma en pensiones sólo se habla de aportaciones y no vinculan el incremento de esta aportación con el fortalecimiento de los regímenes de beneficio definido, van a volver a caer en todo el rezago pensionario que dejaron pasar gobiernos pasados. El CCE tiene la oportunidad de hacer la diferencia”, mencionó.
Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, coincidió en que no se puede dejar de lado el costo de las pensiones de los sistemas de reparto, los cuales ya están representando una fuerte presión en las finanzas públicas del país.
“Qué bueno que se quiera fortalecer el esquema de capitalización, pero tenemos un problemón en el sistema de reparto, cuyo costo puede seguir creciendo hasta el 2035 de manera brutal, y si el gasto en pensiones se sigue comiendo espacios fiscales a la velocidad que lo está haciendo, me pregunto ¿qué vamos a hacer?”, expresó.
Villarreal mencionó que el ahorro voluntario es otro de los pilares que se deben considerar en la reforma en pensiones. “Se ha hablado de un esquema inglés, donde las empresas ofrecen de manera obligatoria un plan de ahorro voluntario, y el trabajador puede decidir qué tanto puede ir aportando, pero de inicio la aportación puede ser alta”.
En crisis, 66 instituciones públicas: ASF
En su momento, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió que existen 66 instituciones públicas que se rigen bajo el esquema de beneficio definido, el cual está siendo financieramente insostenible.
Indicó que, con dicho régimen, el monto de la pensión se establece conforme a la edad y tiempo laborado del trabajador, independientemente del monto acumulado por cuotas obrero-patronales y las aportaciones del gobierno federal, “lo que implica un riesgo financiero, toda vez que las aportaciones realizadas no corresponden con el monto de la pensión otorgada”.
“El régimen de beneficio definido no es financieramente sustentable, ya que las provisiones y reservas para afrontar el pago no son suficientes, lo que implica una presión sobre la estabilidad de las finanzas públicas”, expuso en la Cuenta Pública 2018.
