Claves sobre gobierno electrónico para administración de AMLO

Consolidar una identidad digital, ser agresivo en términos de ciberseguridad, fomentar la interoperabilidad entre las distintas instituciones de gobierno y utilizar el blockchain para mejorar la rendición de cuentas son cuatro claves que debe atender el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con Mark Forman.

Forman fue el primer administrador de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información dentro del gobierno de Estados Unidos durante la administración de George W. Bush y actualmente se desempeña como director ejecutivo para el Sector Público de Unisys.

La Estrategia Digital Nacional marcó la agenda de digitalización de la administración de Enrique Peña Nieto. Dicha agenda buscó dar impulso al acceso y utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) entre el gobierno y la población. Sus objetivos consistían en conectar a 80% de los mexicanos a internet y digitalizar todos los trámites gubernamentales, al menos a nivel federal. Nada de esto ocurrió.

Ante la perspectiva de la entrada del gobierno de López Obrador, hasta el momento sólo se sabe que los encargados de coordinar la estrategia digital de esta administración serán la maestra Salma Jalife Villalón, en la Subsecretaría de Tecnologías de la Información y Raymundo Arpis Espriú dentro de la coordinación de la Estrategia Digital, a la que se la ha quitado el carácter de nacional. Ambos han reiterado que la meta principal de la agenda digital del nuevo gobierno será conectar a todos los mexicanos a internet.

Poco se ha hablado de otros componentes del llamado gobierno electrónico o gobierno digital, como el acceso a servicios electrónicos del gobierno y de la iniciativa privada y la ciberseguridad. México ocupa el lugar 65 de 193 países dentro del Índice de Desarrollo de Gobierno Digital de las Naciones Unidas, lo que lo coloca por debajo de países, en América Latina, como Argentina, Brasil, Colombia y Costa Rica.

Identidad digital

De acuerdo con Forman, en la era de la explosión de las empresas de internet, a principios de siglo, la mayoría de las agencias del gobierno estadounidense tenían múltiples identidades para los ciudadanos. Una de sus labores en la agencia digital de la administración de George Bush fue consolidar y darle consistencia a estas identidades digitales en una sóla, la cual puede estar basada en las múltiples bases de datos de las entidades gubernamentales, lo que resulta costoso; en una red blockchain, lo que puede conducir a inconsistencias difíciles de arreglar o a través de datos biométricos, lo que para el exfuncionario estadounidense es la mejor opción.

Forman agregó que en cada país, la identidad digital es un asunto sumamente político y es papel de los legisladores regular el papel que cada agencia del estado tendrá alrededor de esta identidad digital y elegir a la agencia que construirá dicha identidad para que la proteja.

Ciberseguridad

La administración de Peña Nieto lanzó una Estrategia Nacional de Ciberseguridad que al final de su sexenio quedó en una serie de recomendaciones para la administración que acaba de asumir el poder. De acuerdo con Forman, es necesario ser vigilante y tomar un enfoque agresivo en torno a la ciberseguridad, sobre todo cuando se habla de la identidad de los ciudadanos, ya que la mayor preocupación de estos es precisamente el robo de identidad. “La ironía de esto es que mientras más versiones de la identidad de los ciudadanos estén en diferentes bases de datos del gobierno es más fácil robar esas identidades. Del otro lado, si tienes una identidad consolidada y consistente reduces el riesgo porque la información ya no está dispersa, siempre y cuando la protejas bien”.

Forman sugirió la realización de auditorías de riesgo tanto a nivel gubernamental como dentro de las empresas para revisar si se está cumpliendo con los estándares de protección de datos según los distintos niveles de riesgo, que pueden ir desde lo más bajo, los cuales no requieren mucha protección porque en la mayoría de los casos son de carácter público, hasta los más altos, que requieren de una protección extrema, como puede ser la información clínica de un paciente del sector salud.

rodrigo.riquelme@eleconomista.mx