Periodistas y defensores de derechos humanos exigen mecanismo internacional independiente sobre espionaje

Periodistas y defensores de derechos humanos, junto con medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, exigieron al gobierno federal la creación de un mecanismo independiente e internacional que permita garantizar la verdad, la justicia y la no impunidad alrededor de los casos de espionaje en administraciones pasadas y durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

“En México, el ejército espía. Múltiples indicios apuntan con un alto grado de probabilidad que se encuentre detrás de los ataques con Pegasus a periodistas y personas defensoras de derechos humanos documentadas en este informe”, leyó Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19.

Además de anunciar la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la intervención de comunicaciones privadas sin orden judicial, las organizaciones llamaron a esclarecer cuántas personas han sido espiadas, qué funcionarios participaron o tenían conocimiento de estas prácticas de espionaje y cómo ha sido utilizada la información obtenida, incluyendo con quién ha sido compartida.

Exigimos a la FGR conducir una investigación profesional e imparcial orientada a identificar  a todos los autores materiales e intelectuales del espionaje ilegal en los anteriores gobiernos y en el actual”, dijo Maldonado.

La Red en Defensa de los Derechos Digitales, junto con Artículo 19, Social TIC y los medios de comunicación Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso presentaron la investigación Ejército Espía, en la que constatan la vigilancia de dos periodistas y un defensor de derechos humanos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Los teléfonos inteligentes del periodista Ricardo Rafael, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, y un periodista del medio digital Animal Político fueron infectados por el software de espionaje Pegasus entre los años 2019 y 2021, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, quien en repetidas ocasiones ha insistido en que en su gobierno no se espía. 

“Después de un análisis forense riguroso, realizado por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto existe evidencia concluyente de que al menos los dos periodistas y una persona defensora de derechos humanos cuyas labores e investigaciones han estado relacionadas con violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas fueron espiadas con el malware Pegasus entre 2019 y 2021”, dijo Maldonado.

El software Pegasus es un programa de cómputo producido por la empresa israelí NSO Group, que permite el control de un teléfono inteligente (smartphone) de forma remota y acceder a toda la información contenida en el dispositivo. De acuerdo con la propia compañía que lo produce, este software de vigilancia sólo se vende a gobiernos. Desde la administración de Enrique Peña Nieto, México está entre los países cuyos gobiernos han utilizado a Pegasus en contra de periodistas, defensores de derechos humanos e integrantes de la oposición.

De acuerdo con la investigación contenida en Ejército Espía, la empresa Comercializadora Antsua sirvió como representante de NSO Group ante la Sedena entre marzo de 2018 y hasta diciembre de 2019. La secretaría contrató un sistema de monitoreo remoto de información en abril de 2019 y ocultó la existencia de dicho contrato ante la FGR, la ASF y R3d, aunque el documento  figura entre los que fueron extraídos por el grupo Guacamaya.

De acuerdo con las organizaciones que realizaron el informe, el espionaje por parte de la Sedena durante la administración del presidente López Obrador plantea dos escenarios:

1. El presidente miente acerca de que las herramientas de inteligencia no se utilizan para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos,
2. Las fuerzas armadas espían a espaldas del presidente y desobedecen la orden directa de su comandante supremo.

Las organizaciones también urgieron al Poder Legislativo a que garantice la no repetición del espionaje ilegal mediante una agenda de reforma legal e institucional que impida de forma verificable el abuso de los sistemas de inteligencia del país. En el caso del Senado, las organizaciones pidieron frenar la aprobación de la extensión de la permanencia del ejército en labores de seguridad pública hasta el 2028, “especialmente mientras no se hayan esclarecido los casos de espionaje denunciados”.

rodrigo.riquelme@eleconomista.mx

kg