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Taxistas del DF piden frenar a Uber y Cabify por afectaciones

La Asociación de Taxistas Regulares del Distrito Federal exigió al GDF frenar ambos servicios al considerar que incumplen con la Ley de Movilidad.

Luego de calificar como "ilegales" a los servicios de transportación particular Uber y Cabify, la Asociación de Taxistas Regulares del Distrito Federal exigió al gobierno capitalino el frenar estos servicios en la ciudad como parte de una serie de peticiones para erradicar la "piratería" de los servicios de taxi en la capital.

En una entrevista, el vocero de la Asociación, Daniel Medina, consideró que este tipo de servicios incumplen con la Ley de Movilidad ya que prestan un servicio de transportación que corresponde a vehículos concesionarios.

"Son ilegales estas aplicaciones pues imponen tarifas por propia cuenta, nada tiene que ver con tarifas oficiales que tenemos que aplicar con taximetro, y también incumplen con las verificaciones y medidas de control", afirmó.

En las peticiones que la Asociación entregó al Gobierno del Distrito Federal se exige que "envíe de inmediato a la Asamblea Legislativa una iniciativa para frenar la existencia de las aplicaciones Uber y Cabify", el vocero consideró en la entrevista que también la plataforma Aventones sería ilegal pues aseguró que se han creado grupos particulares alrededor de esta plataforma que brindan servicios de transporte público.

Cálculos propios del organismo aseguran que este tipo de servicios significan una afectación de 24 millones de pesos diarios, lo que representa aproximadamente 600,000 viajes/persona de un valor de 40 pesos cada uno.

"Creo que esta cifra es muy elevada y alarmista", consideró en una entrevista Edgardo Rivera Torres, director de Cabify en México, firma que, según el directivo, cuenta con 200 conductores operando bajo esta plataforma y a finales del año espera llegar a los 400 conductores.

En la ciudad de México existen cerca de 140,000 taxis dentro del padrón de la Secretaría de Movilidad, de los cuales el 18.3% son taxis organizados que operan dentro de una organización como una asociación civil o empresa al sumar alrededor de 25,000 unidades.

"El problema no es tanto la tecnología sino el uso que se le está dando. Con la pura plataforma están ganando muchísimo dinero con las comisiones que ellos (Uber y Cabify) ganan contra lo que les da el chofer, y el chofer no tiene garantías con la Ley de Movilidad, con un seguro de transporte individual, ni se les exigen la cromática, taximetro, verificaciones e impuestos, se la pasan reclutando y prestan un servicio ilegal", insistió el vocero del gremio taxista.

Rocío Paniagua, vocera de Uber en México, dijo vía correo electrónico que "los mexicanos han adoptado de forma muy entusiasta más opciones de transportación y le damos la bienvenida a los taxistas, amas de casa, estudiantes y emprendedores a que experimenten la oportunidad económica, la seguridad y flexibilidad que la aplicación de Uber le ofrece a los choferes".

"No debemos desviar el foco de atención a las protestas. Uber mantiene su compromiso en ofrecer opciones de transporte más seguras, más confiables y más accesibles", agregó.

Uber se ha enfrentado a resistencias por parte de la industria de los taxistas en Europa, Estados Unidos o Australia

El director de Cabify en México negó en una entrevista que este tipo de servicios de transportación entre particulares opere en la ilegalidad e incluso aseguró que la cobertura de los seguros para los pasajeros cubre hasta 300,000 pesos de gastos médicos mayores en caso de accidente.

"No puede haber mejor cosa que la competencia. Si los clientes están usando nuestro servicio es porque estamos ofreciendo algo que necesitan y que dejaron de proveer los taxistas. El que tendría que ganar es el cliente final con un mejor servicio, y si empiezan a hacer presiones, tratan de detener progreso y que el cliente utilice estos servicios", consideró.

Una de las quejas de los taxistas concesionarios es que las autoridades han aumentado las exigencias para otorgar concesiones de taxis, incluyendo cambios cromáticos, verificaciones y servicios de mantenimiento, lo que representa un impacto económico para los propietarios de las concesiones, aseguró Medina. Por ello consideran además que estos servicios de transportación como Uber o Cabify representan también una competencia desleal.

La posición de la Asociación de Taxistas Regulares del DF es contundente: no piden una normatividad especial para estos nuevos servicios sino su prohibición y retiro.

Pero el directivo de Cabify dijo estar dispuesto "a sentarnos en mesa de trabajo con todos los actores para establecer una normatividad y no caer en malas prácticas" y así garantizar certeza jurídica para usuarios, choferes y taxistas.

Lo cierto es que el enigma sobre cómo integrar estos servicios es internacional. A mediados de año, el diario La República hizo notar que pocos países han buscado legislar estos servicios y en su lugar acuden a las sanciones.

"Por ejemplo, Estados Unidos propuso una cifra de 20,000 dólares y más tarde la retiró; en España, donde oficialmente solo opera en Barcelona, la capital se unió a las movilizaciones y el Gobierno señaló que los usuarios podrían ser sancionados con multas entre 540 y 811 dólares", señaló el diario, miembro de la Red Iberoamericana de Prensa Económica (RIPE).

Piratería, el argumento

Las exigencias contra Uber y Cabify forman parte de una serie de peticiones que el gremio ha hecho al gobierno capitalino para frenar la piratería que en total, de acuerdo con Medina, merma un 30% de los ingresos de esta industria en la ciudad al sumar más de 50 millones de pesos.

Entre las formas de piratería de taxis que demandan frenar en la ciudad de México están el servicio rural (que prestan vehículos muy antiguos y sin ninguna clase de señalización en delegaciones colindantes con municipios del Estado de México y zonas altas del Distrito Federal; el cromatizado pero con placas particulares tanto del Estado de México, otros estados o del Distrito Federal (ejemplifican al grupo Pantera y otros impulsados presuntamente desde las estructuras de gobierno o corrientes política); el Ejecutivo (sin cromática ni placas de taxi, con placas particulares); y los moto taxis, bici taxis y golfitaxis.

Hasta el momento, asegura el vocero, no han tenido acercamientos con el gobierno para abordar la situación, por lo que dieron un ultimátum de dos semanas o de lo contrario comenzarán movilizaciones.

"Como organizaciones ya estamos definiendo tomar de acciones y hacerlo público, es nuestra obligación atender de manera pública, respetuosa y pacifica estas problemáticas. Si la autoridad no quiere entender en un llamado respetuoso, no nos deja otro camino para empezar a tomar acciones directas como cierres, encuentros públicos", dijo Medina e incluso previó que de no resolverse la situación podrían surgir altercados de taxistas contra choferes de Uber o Cabify como ya ha sucedido en otras ciudades europeas.

El Economista ha buscado desde hace más de tres semanas, una entrevista con el Secretario de Movilidad del Gobierno del Distrito Federal, Rufino León Tovar, pero hasta el momento no se ha recibido respuesta alguna.

julio.sanchez@eleconomista.mx

mfh

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