Maíz transgénico, costosa disputa

México se encamina hacia un riesgoso y potencialmente costoso panel de solución de controversias, con su principal socio comercial: Estados Unidos.

La prohibición del gobierno mexicano a la importación de maíz genéticamente modificado para consumo humano y del uso del herbicida, glifosato detonó intensas preocupaciones en el gobierno estadounidense y ya solicitó consultas técnicas al respecto.

Las consultas técnicas son una primera fase no contenciosa para buscar resolver dudas y tratar de alcanzar acuerdos.

Es un proceso no contencioso llevado bajo el Capítulo 9 del T-MEC sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.

Las consultas técnicas bajo el CMSF constituyen un procedimiento no contencioso que da un plazo de 170 días para discutir cualquier asunto sanitario o fitosanitario que pueda afectar negativamente el comercio.

Si no se disipan las dudas y no se alcanzan acuerdos, entonces EU puede convocar a un panel arbitral de solución de controversias.

Una versión periodística de Bloomberg aseguró ayer que el gobierno de Canadá solicitó consultas por el mismo tema a México.

Sin embargo, no se registró información oficial al respecto ni de Canadá ni de México.

En caso de que se confirme, el problema sería mayor para México, al enfrentar a sus dos socios comerciales en un panel arbitral.

Hay que recordar que por ahora está pendiente la posibilidad de que EU convoque a otro panel de solución de controversias por la política energética de México.

El periodo de diálogo no contencioso, concluyó y las partes no llegaron a un acuerdo. En cualquier momento, EU podría convocar el panel.

En este otro tema, Canadá sí solicitó formalmente las consultas respectivas y mantiene una posición similar a la de EU.

El gobierno mexicano ha respondido con respuestas individuales a las empresas quejosas, tanto de EU como de Canadá, pero no ha decidido modificar su política energética.

El panel de solución de controversias en materia de energía, está en suspenso, pero no se ha cancelado.

En cuanto al tema agro biotecnológico, el gobierno mexicano ha buscado desinflar el problema. Pero parece que su esfuerzo fue infructuoso.

Aunque modificó el decreto presidencial que prohibía de manera general la importación de maiz amarillo para constreñirlo a la importación de maiz amarillo para el consumo humano, mantuvo la prohibición del glifosato.

El gobierno mexicano consideró que al permitir la importación de maiz amarillo para uso industrial y forrajero, lograba desactivar el problema, pero parece que el cálculo le falló.

Días después de que la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro emitió un comunicado en el que calificó de política la posición del secretario de Agricultura, Tom Vilsack, y advirtió que si la representante comercial de EU, Katerine Tai quería iniciar un panel de solución de controversias, tendría que comprobar los daños a sus productores.

La respuesta de EU, fue la solicitud de consultas técnicas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, al día siguiente de que EU hiciera la solicitud formal de las consultas declaró que México está dispuesto a ir a un panel de solución de controversias por el diferendo sobre el maíz.

Así entonces, el gobierno de México defenderá su postura restrictiva sobre el maíz transgénico en un panel de solución de controversias bajo las reglas del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), de acuerdo con la advertencia presidencial.

EU sostiene que la política de México en torno al maíz transgénico no está basada en criterios científicos y exige que si los tiene los haga públicos y los demuestre.

México dice que busca preservar sus especies nativas de maiz y la salud de los mexicanos.

El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, que encabeza Juan Carlos Anaya estima que México compró al país vecino 18 millones de toneladas de maíz transgénico en 2022, valuadas en casi 6,000 millones de dólares, utilizado en su mayoría como forraje en granjas porcinas y bovinas.

El cuerpo especializado advierte que si se llevara a cabo un panel, México tendría mucha probabilidad de perder y poner en riesgo con aranceles a productos del sector agropecuario, agroalimentario y otros sectores.

Considera que el tema es científico y no político y un acuerdo entre las partes debe circunscribirse a criterios basados en ciencia. Al tiempo.