Una gran oportunidad, pero...

Más allá del discurso que ensalza el patriotismo, la nacionalización del litio mediante el decreto presidencial, es una medida audaz que, en la primera apariencia, puede detonar un crecimiento sin precedente para Sonora en lo particular, y para México en lo general. Más de 234,000 hectáreas ahora vendrán a potenciar la actividad minera en tal estado, donde precisamente a esa actividad se dedican mas del 65% de los municipios, y contribuyen en el reforzamiento de la economía que deriva de la extracción, la cual se significa en un muy importante 11% para la totalidad del Producto Interno Bruto de Sonora. Es sin duda alguna un escenario promisorio cuando se estima que, tan solo con los proyectos de extracción y exploración, se estarían afianzando poco más de 20,000 empleos directos.

Estamos en el umbral de un gran detonante económico pero, (ahí viene el pero) hay dos factores a considerar que se pueden convertir en inconvenientes lastres. En primer término, la extracción per se no aporta un círculo de derrama económica completo si no se vincula a un proceso que comprenda varias cadenas para la producción final de componentes de almacenaje de energía.

Las baterías fotoválticas con capacidad de almacenaje profundo requieren del montaje en armonía de diversas acciones para su creación. Si existe una imposibilidad para poder transformar la materia prima en bruto en un componente terminado, el valor de mercado de lo extraído será sustancialmente menor a la riqueza esperada.

Por otra parte, y quizá esta es aquella que constituye el punto de partida, es previsible que se avecine una complicada batalla legal para desprender con un esquema de legalidad a aquellas empresas que actualmente ya operaban la minería correspondiente. Es el caso del gran consorcio Chino de nombre Ganfeng, quienes en la actualidad se detentan como dueños de diversos activos para la extracción, transformación y producción del mineral desde el ya remoto año de 2009. Si bien es cierto que el velo constitucional cubre la causa de utilidad pública por la que el ejecutivo federal puede con toda legalidad decretar la nacionalización, también es igualmente cierto que la propia constitución protege a quienes en su momento puedan tener derechos adquiridos previo al acto de autoridad proveniente del presidente. En ese entendido, al hablar de activos por bienes materiales, concesiones otorgadas y estudios pertinentes a la actividad, en el caso de que se llegase a fallar a favor de la indemnización por afectaciones, podríamos estar hablando de miles de millones de dólares. Lo anterior sin considerar la cuantificación que también podría derivar de las pérdidas por bursatilización.

En un escenario de precario arranque de una industria que ahora, exclusivamente será para el “provecho” de los mexicanos, es muy difícil anclar y costear el montaje de todas las cadenas que llevarían a un buen destino de prosperidad. Que bueno que el litio ya es nuestro pero… ¿podremos aprovecharlo a plenitud?

Twitter: @gdeloya