La Suprema Corte de Justicia arrastra los pies

Las descalificaciones y presiones ejercidas desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han generado que actúe lento y con peligroso cálculo político en la resolución de asuntos en los que involucran decisiones del Ejecutivo federal.

Además, casi no hay engroses públicos de los casos que ya se están resolviendo, que permitan analizar cómo quedaron las resoluciones. Eso es relevante porque es a partir de esos documentos que se puede hacer el análisis de las repercusiones que tendrán las resoluciones de la SCJN.

Adelantos de una investigación que realiza México Evalúa y que compartió con El Economista dan testimonio de los casos que parecen estar durmiendo “el sueño de los justos”:  hay asuntos que llevan más de 1,000 días esperando resolución, como las acciones de inconstitucionalidad relacionadas con la figura de los superdelegados, la Ley Nacional de Registro de Detenciones y las controversias constitucionales relacionadas con remuneraciones de los servidores públicos y presupuesto para el INE del 2019.

Saúl López Noriega, académico de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), plantea que, para formarse una opinión sobre el desempeño de la Corte, hay que tomar en cuenta al menos tres elementos importantes: comparar el rezago en asuntos relevantes atendidos en comparación con sexenios anteriores, analizar quienes están promoviendo las impugnaciones  y observar qué tan riguroso es el gobierno en términos legales al diseñar sus iniciativas y políticas de gobierno.

López Noriega explicó que si se compara lo que va del gobierno del presidente López Obrador con el del presidente Enrique Peña Nieto —donde también ocurrieron muchas reformas constitucionales, legales y decretos ejecutivos—, en el actual se han promovido mucho más impugnaciones que la SCJN debe decidir.

Por otra parte, si bien muchos recursos judiciales que han llegado a la Corte son impulsados por las minorías legislativas o de la oposición política, si se revisa con detenimiento quiénes son los promoventes, se observa que el conjunto de actores que han impugnado es muy plural y en él se encuentran también órganos constitucionales autónomos, organizaciones civiles (vía juicios de amparo) y entidades federativas (vía controversias constitucionales).

Subrayó que si se revisa qué es lo que se está impugnando, se advierte que, más allá del que el tino o el fin de las iniciativas o políticas públicas del presidente López Obrador sean buenos o malos, la manera en que se diseñaron es muy deficiente en términos legales. 

En muchos casos, las iniciativas de ley se hicieron de una manera muy desaseada, “sobre las rodillas o al aventón”, pues muestran problemas de constitucionalidad y procedimiento, muy básicos, indicó.

Eso es muy preocupante, porque llegan al extremo de olvidarse de que hay una división de poderes. Hay errores gravísimos de técnica legislativa, lo que demuestra que la Consejería jurídica no hizo el trabajo de pulir jurídicamente esas iniciativas y, luego, no se corrigieron esos errores en el Congreso.

Por otra parte, comentó que, si bien la Corte tiene tiempos muy distintos a las dinámicas de los poderes Ejecutivo y Legislativo, hay organizaciones civiles como Intersecta,  que han hecho un cómputo de las iniciativas impulsadas por el gobierno federal, aunque sólo las relacionadas con militares y seguridad pública, en el que analizan los promedios que tardaron en resolverse en periodos de algunos presidentes de la SCJN y demostraron que claramente hay una diferencia al alza en los tiempos que tardan en resolverse ese tipo de asuntos en la presidencia del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea comparada con la de sus antecesores.

Dijo que tomando en cuenta ese ejercicio y, con base en su experiencia dándole seguimiento al trabajo de la Corte, puede decirse que sí hay un rezago excesivo y un cálculo político al respecto.

Los ministros juegan con los tiempos

Laurence Pantin, coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia y Proyectos Especiales del centro de pensamiento y análisis México Evalúa, comentó que todos los gobiernos han tenido decisiones que implicaron reformas constitucionales o legales que han sido impugnadas, lo cual es parte del juego político y jurídico del país.

Es normal que el gobierno haga reformas y que haya personas que las impugnen y es el papel de la SCJN decidir qué es constitucional y qué no lo es.

También llamó la atención en que, muchas veces, pasa que los asuntos que más importan tardan en resolverse, lo cual genera sospechas en el sentido de que los ministros juegan con los tiempos para no tomar  una decisión en contra de un gobierno, en un momento en el que ese gobierno tenga mucho poder y se esperan hasta el final o hasta iniciado otro sexenio para resolver.

Llamó la atención en que parece ser que sí hay algunos asuntos que se tardan mucho más que otros y la explicación de los funcionarios de la Corte es que requieren de realizar audiencias o bien implican mucha documentación que revisar; sin embargo hay asuntos cuya demora destaca tanto, en relación con el promedio, que realmente debe haber otras explicaciones.

“Si se confirma esta sospecha de que la SCJN retrasa ciertos asuntos, porque son delicados para el gobierno, es muy grave y tiene un costo para el país porque el Poder Judicial debe ser un contrapeso para los otros poderes y si no podemos contar con la SCJN para este contrapeso, tenemos un gobierno que no tiene límites”.

Pantin recordó que la Constitución dice que la impartición de la ley debe ser pronta y expedita. En ese tenor recordó al ex primer ministro del Reino Unido, William E. Gladstone que decía la justicia retrasada es justicia denegada.

“Por eso el hecho de tardarse mucho en tomar una decisión es una especie de decisión en sí”, dijo.

La investigadora destaca que siempre hay intentos del gobierno por presionar a los ministros. “Eso siempre ha ocurrido”. Y los ministros son capaces de resistirlos, y en ocasiones una manera de defenderse de esas presiones es esperarse para tomar una resolución, que puede ser contraria a los intereses del gobierno, lo cual tambien es costoso.

Destacó que hay ministros que han reconocido que ha habido presiones y también ha habido quienes han sabido resistirlas, como el mismo ministro presidente que en ocasiones ha votado en contra de los intereses del gobierno actual.

Antonio Fernández Fernández, profesor de la maestría en Derecho de la UNAM expuso que, si bien el gobierno muchas veces es atropellado en sus decisiones y poco fundamentado, la SCJN siempre ha estado politizada, incluso desde el hecho de que los ministros son propuestos por el presidente.

Dijo que, como sucede aquí y en otros países, las filiaciones partidistas determinan muchos rasgos de las resoluciones que toman los ministros.

En su opinión, la Corte ha actuado apegada a Derecho y otras un poco influenciada por el gobierno en turno y en este caso no es la excepción, sobre todo porque cada vez hay un mayor número de ministros propuestos por el nuevo gobierno y más afines a su ideología y principios.

Recordó que desde la renovación de la SCJN durante el sexenio del presidente Ernesto Zedillo, se han visto con presiones. Ha pasado con todos, aunque el gobierno actual es más directo y fuerte con la presión. En este gobierno la presión es mucho más evidente, mucho más directa y transparente.

El académico mencionó que también sucede que la Corte resuelve sin resolver el fondo, es decir, dan una solución salomónica, donde más o menos todos queden tranquilos, pero sin tomar una posición radical.

Para Antonio Fernández la actuación de la SCJN en los últimos años el balance es que ha estado a la altura de resolver más apegado a derecho y a la Constitución, pero falta la parte más trascendente, porque no ha resuelto las leyes más conflictivas impulsadas por el gobierno del presidente López Obrador y de mayor trascendencia política. Ahí es donde vamos a ver si realmente la Corte está a la altura de su independencia y su imparcialidad.

Si este año no salen las resoluciones que faltan entonces sí se podrá estar criticando de lenta o que está administrando los tiempos del gobierno, comentó.

La Corte busca proteger su legitimidad

Saúl López Noriega destacó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy agresivo contra la SCJN. Salvo al ministro presidente, a todos los demás los ha descalificado, incluidos los ministros que él mismo impulsó.

En opinión del especialista eso es relevante porque, si bien la SCJN tiene poder y facultades muy importantes, no tiene legitimidad democrática y está justamente frente a un presidente que tienen una enorme legitimidad democrática.

Por ello tiene que calcular cuando discutir casos para no desinflar su legitimidad en el sistema constitucional y democrático. López Noriega dijo que con la entrada de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, el grupo del presidente López Obrador ya está en condiciones aritméticas para procesar los casos que tiene pendientes, pues cuenta con cuatro ministros afines y  para casos relevantes se requiere del voto de al menos ocho ministros.

Prueba de ello fue el caso de la pregunta sobre la revocación de mandato, en la que siete ministros se manifestaron por la inconstitucionalidad de la pregunta en la forma en que se planteó a nivel legislativo y cuatro dijeron que sí era constitucional.

En ese sentido, el académico dijo que la espera para resolver casos relevantes no responde solo a un cálculo para proteger, correctamente, la legitimidad de la Corte, ante leyes y reformas impulsadas por un poder Ejecutivo con mucha legitimidad democrática, sino que también era importante que saliera el ministro José Fernando Franco González Salas y llegara alguien afín a la llamada 4T.

Eso ya es más grave, porque implicó esperar a que hubiera una conformación que aritméticamente ayudara al gobierno a procesar institucionalmente sus reformas y eso no es justo la idea de la Corte, cuyo trabajo es revisar la constitucionalidad de las leyes y ser contrapeso de los poderes ante eventuales excesos en los que pudieran incurrir y cuyo rasero es la Constitución.

“Yo sí creo que tenemos una Corte que está tendiendo ─y eso es muy peligroso─, hacia una enorme politización de la SCJN”, manifestó.

Episodios Medina Mora y Gertz Manero generan preocupación sobre actuar de la Corte

Saúl López Noriega también llamó la atención sobre la forma en que salió el ministro Eduardo Medina Mora, que, en su opinión, es algo particularmente grave.

Claramente vulneró la autonomía de SCJN y el ministro presidente no lo defendió; nunca se justificó cuál fue la causa grave del motivo de su renuncia; el Senado no pidió esa justificación, ni el presidente de la SCJN y eso es un episodio, que, junto con otros, hablan de una enorme politización de la SCJN, que si bien siempre ha existido politización, este no es el mejor momento en ese tipo de politización. Está en sus peores momentos desde 1995.

En tanto, Laurence Pantin comentó que las recientes filtraciones de un audio en el que se escucha al Fiscal Alejandro Gertz Manero con un subordinado sobre un asunto personal, genera preocupaciones relacionadas con la independencia del poder Judicial, sobre todo porque el funcionario tuvo acceso a un proyecto de un ministro de la SCJN y su contraparte en el juicio no.

Además, recalcó, los audios revelan que los ministros tienen ciertos espacios de discrecionalidad para retrasar la revisión de los asuntos y no tienen que justificar nada, ni dan explicaciones públicas de ello.

No hay ningún tipo de sanción o consecuencia de que incumplan con el plazo que se dan para revisar un asunto. Hay espacios de discrecionalidad y opacidad, destacó.

En ese sentido, Antonio Fernández Fernández comentó que el caso del fiscal Gertz Manero y su cuñada es una muestra de que la Corte puede acelerar o detener un poco los casos. Sí hay cierto manejo de los tiempos discrecionalmente.

De acuerdo con cifras de la SCJN hasta el pasado miércoles 23 de marzo, tenía pendientes de resolver 271 acciones de inconstitucionalidad, de las cuales 248 fueron admitidas a proceso entre 2019 y lo que va de 2022.

Además aún estaban sin resolución 281 controversias constitucionales, de las cuales 278 fueron ingresadas entre 2019 y lo que ha trascurrido del presente año. Algunos académicos señalan que hay entre 10 y 28 casos relevantes relacionados con asuntos que involucran impugnaciones a decisiones o políticas públicas del gobierno federal actual.

diego.badillo@eleconomista.mx