Persecución judicial en contra de 31 científicos despierta indignación

Luego de que se diera a conocer a través de la columna Estrictamente Personal de Raymundo Riva Palacio que Alejandro Gertz Manero, a través de la Fiscalía General de la República (FGR) a su cargo, solicitó a un juez del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 El Altiplano una orden de aprehensión en contra de 31 científicos por los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, la comunidad académica ha manifestado su indignación y solicita a la fiscalía que desista de la acción penal.

Pese a que el juez no concedió la orden de aprehensión solicitada pero dio a la FGR un plazo de 15 días para sustentarla, la protesta se desencadenó en la red. El primer acto fue la petición de firmas a través de la plataforma change.org, denominada “Exigimos el fin a la persecución en contra de miembros de la comunidad científica”, y que hasta el cierre de esta edición llevaba 7,203 firmas. En ella se indica que la forma como se interrumpió el proceso judicial en curso y el hecho de haber radicado la causa en un penal de máxima seguridad destinado a delincuentes de la más alta peligrosidad, muestran que el fiscal general está tratando de atemorizar a quienes, desde la comunidad académica, han expresado pública y abiertamente sus diferencias con las actuales políticas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y de perseguir a quienes ejercieron sus funciones con base en la normatividad entonces vigente que se guiaba por una concepción distinta sobre el desarrollo científico y tecnológico del país.

Posteriormente surgieron comunicados como el del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y otro de la Comunidad Académica de la misma institución, ambos condenando los hechos y mostrando su apoyo a colegas como el doctor Luis Mier y Terán y la doctora Gabriela Dutrénit Bielous; además, convocaron a los gremios, grupos, centros, redes e investigadores del país y de fuera de él, a rechazar el uso de falsos datos, del miedo y la distorsión de la justicia.

En entrevista para El Economista, la doctora Georgina Alenka Guzmán Chávez, profesora investigadora en la UAM Iztapalapa y responsable de uno de los comunicados, asegura que bajo la bandera de la anticorrupción se ha querido tachar todo lo que se hizo anteriormente desde el Conacyt y otras instituciones.

“Cómo podemos vivir en un país donde estamos amenazados por utilizar la inteligencia, la palabra y el concomimiento. Esto se vio en los gobiernos Nazi y Fascista, en las dictaduras como Nicaragua, donde apresan a la gente por usar la inteligencia, no podemos vivir en un país así”. 

Dijo que se ha desdeñado el trabajo de académicos y científicos, pero “no se imaginan el trabajo que se realiza con el alumnado, muchas veces tenemos proyectos que no se financian y nosotros seguimos trabajando (...) Queremos respeto porque además no se nos ha permitido hablar acerca de todos los cambios que se han hecho en las leyes de CTI, si lo importante es la consulta, que se nos consulte”, señaló.

Guzmán Chávez agregó que hoy toca unirse como gremio pero también como sociedad, pues “la educación es un puntal muy importante y hoy parece que vivimos una guerra en contra de esto”.  Asegura que la comunidad científica merece respeto, “nos quieren atemorizar pero han provocado una gran indignación y esto es compartido con la comunidad internacional, porque además en el día a día del aprendizaje hemos formado mucha gente que actualmente se ha ido del país, por eso esto se sabrá en todo el mundo”.  

En defensa del FFCyT

Los hechos anteriores están basados en la denuncia que hiciera la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla Roces, donde acusó penalmente al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A. C. de haber recibido recursos ilegales provenientes del erario, por ello una de las más señaladas en el caso ha sido la doctora Julia Tagüeña, última coordinadora del Foro.

Al respecto, Guzmán Chávez dijo que la doctora Tagüeña se ha manejado con integridad. “Ella fue promotora de muchas actividades para poder dar un perfil nuevo a la investigación”, y señaló proyectos como llevar a un portal digital las revistas científicas publicadas en México y destinar dinero para que estas pudieran lograr el nivel que se requiere en el mundo.

Cómo podemos vivir en un país donde estamos amenazados por utilizar la inteligencia, la palabra y el concomimiento. Esto se vio en los gobiernos Nazi y Fascista, en las dictaduras como Nicaragua donde apresan a la gente por usar la inteligencia, no podemos vivir en un país así”.

Georgina Alenka Guzmán Chávez, Profesora investigadora en la UAM Iztapalapa.

“La doctora Tagüeña trabajó intensamente y estuvo atenta a todo, algo que recuerdo mucho es que convocó a mujeres en la ciencia, incluidas mujeres indígenas de Guerrero haciendo posgrados. Estas son el tipo de cosas que promovió la doctora por eso asombra mucho que se emprenda una cacería contra ella”.

Los recursos que recibía el Foro para su funcionamiento estaban mandatados por el artículo 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología. En un acto ilegal y unilateral, el Conacyt suspendió las transferencias desde 2019, lo que motivó que el 10 enero de 2020 un juez federal resolviera conceder un amparo al FCCyT y ordenara que el Consejo entregara los recursos económicos, pero esto no sucedió. En contrario, el Conacyt cambió sus estatutos para crear un foro consultivo interno y remplazar al FFCyT A.C, con lo cual el amparo concedido al Foro quedó sin sustento y el 14 de julio de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró sobreseer el caso y dio por concluido el litigio.

La Fiscalía General de la República acusa a los académicos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

nelly.toche@eleconomista.mx