Inclemencias climáticas, desastres naturales y su impacto laboral

Estamos en temporada de huracanes. Beryl, ahora convertido en tormenta tropical, amenazó la península yucateca y puso a un número importante de personas a movilizarse para instalarse en refugios temporales, gestionar evacuaciones masivas y más. Sin embargo, ante las inclemencias climatológicas, uno de los fenómenos que más llama la atención, es la falta de atención y seguridad para las personas trabajadoras.

Conforme a datos del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, nuestro país está expuesto a múltiples desastres naturales, siendo los más comunes los de origen geofísico (sismos y erupciones volcánicas), hidrometeorológicos (huracanes, tormentas e inundaciones) y climáticos (como temperaturas extremas, incendios forestales, entre otros). Además, conforme al Informe sobre riesgos mundiales 2023, elaborado por la Universidad Ruhr de Bochum, México es el país más vulnerable a desastres naturales de la región latinoamericana.

Ante tal incidencia y riesgo, es claro que debería existir una mejor atención, manejo y reacción ante fenómenos naturales, no obstante, la sociedad laboral mexicana está lejos de esa realidad.

En redes sociales se han compartido varias muestras del absurdo comportamiento que muchas fuentes de empleo tienen ante la posibilidad de una emergencia climática, exigiendo la permanencia de sus trabajadores, la operación de los negocios e inclusive labores de limpieza, mientras la naturaleza amenaza con llevarse todo a su paso.

Es claro que la existencia de huracanes, temblores, y cualquier otro fenómeno meteorológico o desastre natural, no es responsabilidad del sector patronal de nuestro país, sin embargo, se nos olvida que lo que sí es su responsabilidad, es garantizar que existe un ambiente de trabajo seguro y saludable.

Y aunque la noción de ambiente laboral seguro debería ir más allá de las nociones físicas y la presencia de riesgos ergonómicos, tema que abordaremos en columnas posteriores, es fundamental que las personas empleadoras tengan un plan de acción y contingencia ante adversidades naturales que puedan enfrentar en su día a día.

Cuando el terremoto del 19 de septiembre de 2017 impactó a la zona centro de nuestro país, supimos historias de verdadero terror, gente acudiendo a laborar a edificios en riesgo de colapso o no verificados por protección civil, amenazas de rescisión por faltas injustificadas en el marco de la desgracia, entre otras.

En las lluvias torrenciales que impactaron al norte del país el pasado mes de junio, se viralizó también la noticia de una taquería que permaneció abierta –con gente laborando– durante la tormenta tropical Alberto, poniendo en riesgo tanto al personal como a las personas consumidoras, en contravención a lo sugerido por el gobierno de Nuevo León.

Los centros de trabajo están, en su mayoría, acostumbrados a atender cuestiones de seguridad e higiene únicamente como consecuencia de las inspecciones que en esa materia realizan las autoridades laborales, sin embargo, es un rubro que debería ser atendido día a día, para realizar los ajustes necesarios para reducir al máximo los riesgos de la operación laboral y previendo la mejor forma de enfrentar aquellos que surjan de manera intempestiva.

La cultura laboral mexicana sigue siendo correctiva y no preventiva, sin embargo, cada suceso, cada eventualidad, cada desastre natural, representa una nueva alerta que invita al sector patronal a tomar en serio la revisión constante de los temas de seguridad, la planeación de atención de emergencias, la toma de medidas de protección que eviten, en primer lugar, afectaciones a las personas trabajadoras, pero también, afectaciones legales y económicas para los centros de trabajo.

Cuando por causas de la naturaleza un centro laboral deja de operar, temporalmente, no sólo se genera afectación económica derivada del cierre y la falta de obtención de recursos, sino que también existe un impacto por el pago de salarios, cargas impositivas y sociales, que deben cubrirse con independencia del cierre. Cuando las personas empleadoras incumplen además con disposiciones laborales y ponen en riesgo la integridad de su personal, se exponen a gastos adicionales derivados de multas y hasta indemnizaciones laborales derivado del incumplimiento.

Es urgente que la cultura de prevención permee en el sector patronal para que, también desde este ámbito, se sume a la creación de espacios laborales seguros para todas las personas, en todo momento.