La teoría de la relatividad laboral

El cambio es fundamental cuando se han detectado problemas que obstaculizan el beneficio de la sociedad. En concreto, si bien la reforma laboral planteaba una mejor manera de hacer justicia, al mezclarlo con elementos contaminantes, como ideología, intervención de agentes de intereses y personas y despidos oprobiosos de los trabajadores de las Juntas de Conciliación, su deterioro será su destino.

Modificar el Derecho Laboral, que era el último bastión de la revolución mexicana, nació de la necesidad de tratar de empatar los medios de justicia con sus pares comerciales en un entorno donde el dinamismo de la automatización de miles de procesos industriales y comerciales rigen las nuevas formas de trabajo, con los requerimientos de capacidades, habilidades y aprendizajes intrínsecos.

Algunos países ya poseían una ventaja substancial, por lo que su evolución ha determinado el rumbo de los demás. Tal es el caso de China, donde se produjeron movimientos económicos que obligaron a los países, hasta entonces, considerados potencias económicas a tratar de no quedarse atrás frente al arrollador crecimiento financiero asiático. Por lo cual, la actualización de bloques comerciales se hizo necesaria. Visto desde esa perspectiva, se incluyeron aspectos como el comercio electrónico, las nuevas maneras de comercialización, la inteligencia artificial y la inclusión comercial.

En ese sentido, la reconfiguración del sistema jurídico laboral mexicano se propuso una mimetización con los métodos jurídicos de sus pares comerciales, Canadá y Estados Unidos, mediante la división de la justicia laboral y con la conciliación como llave maestra para solucionar, de forma rápida, la mayor parte de los conflictos laborales individuales en el área administrativa para dejar un mínimo de conflictos laborales a los jueces.

Todo marchaba de forma adecuada, hasta que el derecho colectivo le planteó un inconveniente a los Estados Unidos a través de las presiones suscitadas por sus propios sindicatos, que no eran menos corruptos que los mexicanos. Pero el poder económico del país más importante del mundo no puede evadirse, y con ello la fuerza “persuasiva” que posee. Fue así como Estados Unidos condicionó a México la continuidad del renovado tratado trilateral mediante la aceptación de un anexo 23 al propio capítulo del mismo número. Se habló así, abiertamente de la democratización de los sindicatos mexicanos. Para nadie era un secreto que diversos intereses de poder y económicos formaban “negocios construyendo, protección sindical a las empresas”, de tal suerte que no existiera en realidad sindicalismo al servicio de los trabajadores.

Diversas autoridades de trabajo, empresas, lideres sociales y políticos tomaron como bandera el cambio hacia una forma “honesta” de conformar sindicatos, señalando que se había logrado algo que antes hubiera sido imposible. Paradójicamente, eran y siguen siendo los mismos que vivieron del sindicalismo no democrático. En consecuencia, dejamos de lado el trabajo individual, conformado mayoritariamente por parte de trabajadores de confianza, quienes, por supuesto, no son sindicalizados.

Con sólo una pregunta podríamos salir de la duda respecto al cambió en la supuesta democratización sindical: ¿En verdad tenemos algo diferente para los trabajadores sindicalizados o sólo han sido manipulados, nuevamente, hacia otros cotos de poder?

La libre determinación de cada trabajador en la elección y construcción de los acuerdos que los sindicatos conocen como estatutos generales, así como en los contenidos de los contratos colectivos de trabajo, es notoriamente obsoleta. Por si no lo hemos notado, el movimiento sindical es cada vez más pobre en el mundo, debido a que aporta mucho menos que en los dos siglos precedentes.

¿Qué pueden aportar los sindicatos hoy día? Como muchas instituciones, ésta es una de las cuales tiende a extinguirse, y eso se llama evolución. Pero esa fue la condición para poder firmar el nuevo tratado trilateral y México pretende seguir igual. Tendríamos que darnos cuenta de que no engañamos a nadie.

Este país requiere una reforma que incorpore todo el intercambio comercial informal, ya que es un cisma respecto de lo legal, porque afecta directamente al corazón de la producción y del trabajo de todo el país. Es fácil que el comercio informal se vea involucrado en el paso de diferentes ilícitos, porque no tiene un reconocimiento y tampoco le aporta al Estado impuestos. Así, tenemos un mercado negro de trabajo donde las peores prácticas laborales persisten. El próximo político que observe y resuelva el problema asegurará un México que sea una potencia económica con un progreso social.

En el actual entorno, crece una reforma laboral que recicla presupuestos de las anteriores Juntas de Conciliación y edificios deteriorados que nada tienen que ver con un nuevo modelo y visión de política pública laboral.

En primer término, se invadió la esfera técnica con prácticas, sin especialistas, ya que desde el centro de conciliación, ya sea federal o local, sus activos más importantes no son abogados, sino profesionistas con carreras “afines”. Sin embargo, no debemos perder de vista que para realizar una conciliación se requiere el conocimiento jurídico, cosa de la que carecen muchos de los profesionales que son parte del sistema de justicia laboral, porque, aunque se sepan las determinaciones de la legislación laboral, ello no es consistente con la actividad emprendida. De esa forma, no es muy probable que el sistema avance, salvo por las fachadas o maquillajes de cifras halagadoras que siempre nos presentan las autoridades en turno, pero que solemos desbancar tan sólo con los miles de conflictos laborales que se desbordan.

En materia laboral, lo lamentable es que teniendo la posibilidad de forjar un destino laboral impecable, sólo demos un cambio de nombres a instituciones.

Cegarnos hasta el punto de creer que éste será un éxito sin las mínimas muestras de darle el paso a gente con conocimiento, es asegurar el fracaso de lo que muchos percibíamos, como la gran oportunidad mexicana de tener organismos plenos, llenos de justicia para los habitantes del país. Y es que la promesa de llenar tribunales laborales y centros de conciliación con gente joven no es garantía del progreso funcional de la reforma imponente que vio su nacimiento recientemente. Se requieren personas con conocimientos, no sólo con juventud.

Hablar de justicia laboral en este país tiene un hilo conductor que debe seguirse. Implica acabar con la informalidad y sancionarla de forma ejemplar, además de tener órganos de conciliación con abogados debidamente capacitados en materia laboral y jueces electos de forma anónima para evitar los compromisos políticos o económicos.