Las consecuencias laborales de la reforma judicial

Tal y como lo anticipamos en la columna anterior, con la publicación de la reforma judicial el pasado 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación se inicia una etapa de importante incertidumbre y aparecen muchas preguntas cuyas respuestas están por desenmascararse en las próximas semanas. Los tiempos de las elecciones para personas juzgadoras, los perfiles que vendrán desde el partido en el poder, la organización de una elección sin precedentes, las legislaciones secundarias y, no menos importante, las diferentes vías de impugnación que aún están a salvo en estrictos términos constitucionales.

Independientemente de lo anterior, en esta ocasión me quiero centrar en las muy diversas consecuencias laborales que con toda certeza va a acarrear esta serie de modificaciones a la Constitución y a sus diferentes leyes secundarias.

En el pasado he señalado que uno de los grandes problemas que tiene esta reforma es categóricamente el desconocimiento de lo que implica para la inmensa mayoría de la población. Por momentos, inclusive, tengo la impresión de que la reforma judicial inquieta específicamente a la abogacía y a unos cuantos sectores más. Y no debería ser así, porque las consecuencias serán para todas y todos y, como he dicho antes, especialmente para los sectores socioeconómicos de mayor vulnerabilidad.  

Limitándonos a opinar sobre lo estrictamente laboral, en lo personal vislumbro tres tipos de consecuencias en el corto, mediano y largo plazo.

» 1. La pérdida de empleos para el sector judicial

Si bien todavía se encuentran pendientes las leyes secundarias que pretenden detallar las modificaciones constitucionales y, a su vez, habrá que entender la organización que proponen los poderes judiciales locales para el escalonamiento y votación de las posiciones judiciales vacantes, lo que es ineludible es que estamos ante la finalización laboral y de carrera judicial de un muy importante número de posiciones en materia judicial.

No se trata de una situación que debamos pasar por alto, ni por los empleos de quienes están involucrados ni por el sistema de carrera judicial en sí mismo. La carrera judicial es sin lugar a duda uno de los logros más significativos en la historia democrática más reciente de nuestro país.

La posibilidad que una persona, independientemente de su origen, pudiera iniciar su carrera profesional en algún tribunal como oficial de partes y, gradualmente, ascender hasta llegar a una magistratura o inclusive a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no será más que un recuerdo con la entrada en vigor de esta reforma.

Ahora habremos de dejar de lado el mérito y la capacidad como piedras angulares del sistema y deberemos acostumbrarnos a una politización de la justicia mucho más exacerbada. No es que nuestro sistema de justicia fuera precisamente para estar orgullosos, pero está claro que la carrera judicial contribuyó en mucho a la certeza jurídica, al mérito e inclusive a la movilidad social.  De eso, poco o nada quedará.

» 2. La reducción de oportunidades con el nearshoring

No considero que con la publicación de la reforma judicial vayamos a experimentar una salida inmediata y abrupta de la inversión extranjera. Solamente el tiempo nos enseñará el tamaño del impacto en este rubro. Soy de los que piensan que la inversión actual se mantendrá y habrá de adaptarse a los escenarios que se irán presentando.

Sin embargo, lo que sí pienso, es que nuestro país perderá algunas oportunidades importantes derivadas del nearshoring. ¿Cuántas? ¿Cuáles? Lo veremos. Pero es indiscutible que, ante un escenario de poca certeza jurídica, la inversión futura experimente cuando menos una contracción.

En otras palabras, ¿perderemos inversión actual? No lo creo. ¿Nos perderemos de inversión futura? Con toda certeza. Ojalá el impacto logre amortiguarse. En este punto en particular, creo que el próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, jugará un papel fundamental en presentar una buena cara de México a las inversiones. El virtual secretario y su equipo representan una de las esperanzas para lograr transitar este escenario cuyo riesgo no puede ignorarse.

» 3. El impacto en la renegociación del T-MEC

En el año 2026, y ya con nueva administración norteamericana de por medio, nuestro país se enfrentará a la nueva negociación de las condiciones del T-MEC. No es nuevo señalar que la publicación de la reforma judicial representa más que considerables incumplimientos a los acuerdos comerciales de México con Estados Unidos y Canadá y, de hecho, también con la propia Unión Europea. No solamente en lo que tiene que ver con certeza para la inversión, sino en la puesta en marcha de todo el nuevo sistema de justicia laboral que ha tomado años perfeccionar y que a la fecha ha dado resultados muy aceptables.

No debemos olvidar que toda la renovación del sistema de justicia laboral, la creación de tribunales y las nuevas reglas sindicales, fueron empujadas precisamente a la luz de los acuerdos comerciales del T-MEC, buscando que México presentara un mejor panorama laboral, incluyendo el aumento sostenido y significativo de los salarios mínimos y de los salarios promedios. ¿De verdad piensan echar por la borda todo ese trabajo de renovación de justicia y profesionalización de los sindicatos? Está por verse, pero todo indica que sí.

Para concluir, no se necesita ser un experto económico para entender que una reforma que parece plagada de buenas y democráticas intenciones, en realidad puede derivar en una profunda desaceleración económica y en un Poder Judicial que será todo menos independiente. No era ni remotamente necesario heredarle este cúmulo de cambios, que además representarán un reto mayúsculo de implementación, a la nueva administración.

Las señales no son buenas y las consecuencias las iremos midiendo un día a la vez. Reitero, el papel del virtual secretario Ebrard y su equipo será clave en amortiguar una serie de daños que vendrán y que no necesitaba nuestra joven democracia. El liderazgo del excanciller en gran medida podría calmar las inquietudes que se perciben por montones.  Se trata de una de esas decisiones cuyo impacto habremos de estar midiendo en el día a día de la vida jurídica y, desde luego, de la dinámica económica.