No vamos a quitar el dedo del renglón en la vigilancia del outsourcing: STPS

A casi un mes de la entrada en vigor a plenitud de la reforma de subcontratación y el vencimiento de plazos para la regularización de las empresas, Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), afirmó que la dependencia continuará trabajando de manera coordinada con otras áreas de gobierno para vigilar el cumplimiento del nuevo marco regulatorio.

“Ya concluyó el período para regularizarse, para registrarse en el registro (Repse) si eres una empresa especializada y vamos a continuar con esta coordinación que tenemos muy cercana con el IMSS, el SAT y la Procuraduría Fiscal para detectar en caso de que haya incumplimiento. No vamos a quitar el dedo del renglón”, advirtió Alcalde Luján.

El Programa de Inspección 2021 de la dependencia tiene como meta 40,000 inspecciones. Este año, el enfoque de la supervisión de las empresas se encuentra en vigilar condiciones de trabajo y seguridad de los mineros, combate al trabajo infantil, los trabajadores en el marco de la emergencia sanitaria y los retos presentados por la subcontratación abusiva.

Al finalizar la presentación del estudio El efecto del programa Jóvenes Construyendo el Futuro durante la pandemia, la titular de la STPS reconoció que el sector privado atendió las nuevas reglas establecidas para modificar los esquemas de subcontratación, este cambió debe reflejarse en mejores condiciones laborales.

“Eso también lo vamos a ver en un impacto en el reparto de utilidades y esperamos por supuesto mejoras en los derechos de los trabajadores”, apuntó.

La reforma de subcontratación cerró la llave al outsourcing basado en suministro de personal, eliminando esta figura de la Ley Federal del Trabajo y estableciendo nuevas reglas para la tercerización de servicios especializados.

Diagnóstico en el sector público 

Los cambios al marco legal fueron diseñados tanto para el sector privado como para el gobierno federal, quien debe atender las mismas disposiciones, como absorber a las personas que se encontraban bajo un contrato de suministro de personal y sólo subcontratar servicios con empresas inscritas en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse) que opera la STPS.

En ese sentido, Luisa María Alcalde señaló que en el sector público se está avanzando en la implementación de la reforma de subcontratación con un diagnóstico que concluirá en los siguientes meses.

“Se está trabajando muy de cerca con la Secretaría de Hacienda. Esta reforma aplica tanto para el sector privado como para el sector público y a partir del primero de enero del próximo año no se permite la subcontratación de personal en el sector público, estamos hablando de la administración pública federal”, indicó la secretaria del Trabajo.

Sin embargo, las contrataciones que realizará el gobierno para cumplir con las nuevas reglas de tercerización se verán reflejadas en la estructura al concluir el diagnóstico.

“Se verá reflejado en el número de plazas que tengan que abrirse en el sector público para incorporar a las personas que antes dependían de empresas privadas y que estaban subcontratadas. Ese es el impacto que se verá de manera inmediata”, expuso.

Por ahora, el Paquete Económico presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no indica incremento de personal en todas las dependencias, pero sí refleja un crecimiento de 42,622 plazas por contrataciones previstas en tareas de salud, defensa y marina.

Se confirma el subregistro

En otro punto, Luisa María Alcalde resaltó que el reconocimiento de los trabajadores por sus empleadores reales, el cual se tradujo en un incremento del salario base de cotización ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de esta fuerza laboral, confirma que la subcontratación era un esquema de evasión y subregistro de sueldos.

“Más de 2 millones 800,000 trabajadores ya salieron del esquema de subcontratación y han sido reconocidos por los verdaderos empleadores, esto a parte con un incremento de más de 14% en los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social confirma la tesis de que había subregistro en el IMSS y de que era un esquema para evadir responsabilidades laborales de los verdaderos empleadores”, puntualizó.

El subregistro en el IMSS se refiere a una práctica en la que se da de alta al trabajador ante el instituto con un salario menor al que percibe realmente. La autoridad de seguridad social perdía cerca de 21,000 millones de pesos al año por el dinero no recaudado debido a este esquema.

Entre las vías para cumplir con la reforma de subcontratación, las empresas de outsourcing trasladaron a los trabajadores a las compañías operadoras mediante la sustitución patronal, esto se tradujo en un aumento en el salario base de cotización de la fuerza laboral al ser registrados con su salario real.