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¿Qué se sabe hasta el momento del "Cártel Inmobiliario" de la Benito Juárez? Fraudes por 7,142 millones de pesos y 800 departamentos ilegales
Seduvi informó que, entre el 2008 y el 2022, se construyeron 264 pisos excedentes en 130 edificios, derivados de actos ilegales entre desarrolladoras y autoridades
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Tras casi tres meses de haber instalado la mesa de registro y atención a posibles víctimas de corrupción en desarrollos inmobiliarios operada por el llamado "Cártel Inmobiliario", la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) informó que se contabilizaron al menos 800 departamentos que fueron construidos en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México sin cumplir con la normatividad.
De acuerdo con la dependencia del gobierno capitalino, se estima que, entre el 2008 y el 2022, se construyeron 264 pisos excedentes en 130 edificios, derivados de actos ilegales entre desarrolladores y autoridades.
Estos inmuebles habitacionales representan una defraudación de más de 7,142 millones de pesos, según la investigación de Seduvi y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (Cejur).
“¿Cuánto representa económicamente la corrupción de estas construcciones–y los que se acumulen–? En dinero son 7,142 millones de pesos, eso representa la corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez”, comentó el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Carlos Alberto Ulloa Pérez.
Algunos de los edificios identificados se ubican en Filadelfia 20 y 82, y Nueva York 214 en la colonia Nápoles; Adolfo Prieto 1038 y Tlacoquemecatl 430, en la colonia Del Valle Centro; así como, Ixcateopan 12, en Vértiz Narvarte; los cuales tienen viviendas y hasta tres pisos de más a lo que tenían permitido.
Modus operandi
De acuerdo con Ulloa Pérez, la Seduvi emite un Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo para cada proyecto de vivienda comercial en la Ciudad de México, en el que se establece el número de pisos permitidos.
Sin embargo, en trámites posteriores, las autoridades de la Alcaldía Benito Juárez avalaban la irregularidad de pisos de más mediante la Manifestación de Construcción, el Aviso de Terminación de Obra, la Autorización de Uso y Ocupación, y la Regularización de Construcción.
El funcionario detalló que, en el periodo del 2008 al 2011, se edificaron cinco inmuebles con 12 pisos excedentes; del 2012 al 2015, 27 edificios con 68 niveles de más; del 2016 al 2018, 58 edificios y 188 niveles extras; y del 2019 al 2022, 40 inmuebles y 66 pisos excedentes.
Juan L. Kaye López, presidente del consejo directivo nacional de la Asociación Mexicana de Urbanistas, remarcó que no hay que olvidar que los principales afectados de estos actos de corrupción inmobiliaria son los ciudadanos, ya que los edificios que no respetan la normatividad ponen en riesgo su seguridad y patrimonio.
“Cuando se compra o renta un inmueble, cuyas condiciones son dudosas en términos del cumplimiento de las normas, el riesgo lo corre el ciudadano. Por supuesto la corrupción genera dinero mal habido, pero los principales afectados son quienes ocupan esos departamentos”, señaló el arquitecto.
En este sentido recordó que, durante el sismo ocurrido en el año 2017, edificios con un par de años de antigüedad, colapsaron debido a que tenían pisos de más fuera de norma, producto de una discrecionalidad que hay que evitar en los instrumentos de planeación y ordenamiento territorial.
Acciones legales
El consejero Jurídico y de Servicios Legales de la Ciudad de México, Néstor Vargas Solano, expuso que la CEJUR estudia cuál será la ruta jurídica que se interpondrá ante los hechos de corrupción inmobiliaria en la capital.
Por el momento, dijo, se presentarán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de Justicia, dadas las violaciones a la Ley de Desarrollo Urbano y al Reglamento de Construcciones que cometieron los desarrolladores.
También se dará vista a la Contraloría General para iniciar una investigación contra los servidores públicos involucrados, y se revisarán los procedimientos de los notarios públicos en el Régimen de Propiedad en Condominio.
Vargas Solano aseguró que el objetivo es encontrar una resolución que no afecte las personas que adquirieron uno de estas viviendas sin saber las irregularidades bajo las cuales fueron construidas, por lo que queda en el tintero si las autoridades capitalinas accederán a legalizar lo ilegal para lograrlo.