Ley de contabilidad no sirvió como arma contracíclica

La nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental no funcionó como parte de las 25 medidas anticrisis que se anunciaron hace un año porque se trata de un proyecto de largo plazo, aseguró PricewaterhouseCoopers.

El socio del área de mejora de desempeño de la firma, Alfredo Morante, destacó en entrevista que el nuevo ordenamiento servirá para mejorar la administración de los recursos del país, pero no para resolver los problemas inmediatos.

Es para ir mejorando, pero no es la aspirina para que nos quite el dolor de cabeza. Por eso no funcionó como herramienta contracíclica , afirmó.

Hay que recordar que en enero del año pasado, el gobierno lanzó el Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo con 25 acciones para enfrentar la crisis. En esa ocasión también se anunció el congelamiento del precio de las gasolinas y se contemplaba a la Ley General de Contabilidad Gubernamental que nació en el 2008.

Difícil implementarla

Para el experto, el ordenamiento, que tiene como objetivo armonizar contablemente a los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), apenas está saliendo conforme con el calendario, que siendo muy optimistas se cumplirá en el 2012 y quizá le tome dos años más.

Lo anterior, porque si bien las normas emanadas de la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental están saliendo en tiempo, el problema será su implementación a nivel nacional, sobre todo para los municipios, explicaron los especialistas.

Los municipios serán los que más se atrasarán porque no todos tienen recursos para tener los soportes técnicos, advirtió.

En conferencia, precisó que 70% de los 2,500 municipios que hay en el país no tienen el dinero necesario. De ahí que es muy probable que no se pueda cumplir con el calendario que marca la ley.

En su oportunidad, el contador general del Estado de México, Marco A. Esquivel, y el Secretario de Finanzas de Campeche destacaron que con el tiempo la ley podría ser contrarrestadora de efectos negativos de crisis futuras.

Y es que los cambios no se pueden dar por decreto, coincidieron, ya que en Canadá el proyecto tiene un plazo de 10 años.

Además hay que tomar en cuenta que debe haber voluntad por parte de algunos alcaldes para hacerlo.