Poco probable que México reduzca el déficit en dos puntos del PIB el próximo año: IIF

Regresar el déficit fiscal al rango pre-electoral, que estaba entre 3.5 y 4.5% del Producto Interno Bruto (PIB), resulta poco probable, así lo señala el equipo de investigación económica para América Latina en el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF).

Sobre todo al asumir el costo que tendrán las reformas constitucionales en marcha y el gasto vinculado a programas sociales, así como el apoyo financiero a Petróleos Mexicanos (Pemex), señalaron.

El instituto, que asocia a más de 450 instituciones financieras de operación global como fondos de inversión, bancos comerciales, corredurías y calificadoras destacó que el déficit fiscal actual, equivalente a 6% del PIB, el mayor para un año electoral en un registro de al menos cuatro sexenios, es una fuente clave de preocupación para los inversionistas acerca de México.

En un análisis, liderado por el director de investigación económica en el instituto para el área de América Latina, Martín Castellano, acotaron que la limitada posibilidad de consolidación fiscal “tiene baja probabilidad de generar problemas financieros en el corto plazo para el país”.

Sin embargo, consignaron que “México podría volverse más dependiente de los impuestos y de emisión de deuda, de manera similar a lo que sucede en Brasil y Colombia, para solventar sus obligaciones.

“La sorprendente victoria aplastante del partido gobernante en las elecciones de junio, que allanó el camino para reformas constitucionales controvertidas, junto con la decisión del gobierno de implementarlas con rapidez, han alimentado las preocupaciones del mercado sobre las finanzas públicas”, señalaron.

En el análisis, titulado “México y sus crecientes desafíos fiscales” resaltaron que “después del fuerte gasto pre-electoral que condujo a un déficit de 6% del PIB en el 2024, estas reformas podrían afectar los ingresos y el gasto, complicando el ajuste”.

Sin embargo, consideran que esfuerzos de austeridad más limitados deberían ayudar a equilibrar el presupuesto primario aunque no sean suficientes para estabilizar la relación deuda /PIB y también deberían ayudar a evitar escenario más adverso moderando el crecimiento de la deuda pública.

Austeridad incierta

En el análisis los expertos advirtieron que “la continuidad del secretario de Hacienda (Rogelio Ramírez de la O) debería reforzar el compromiso de la nueva administración con la disciplina fiscal y la ejecución de las medidas de austeridad.

Pero señalaron que “el contexto de mayor incertidumbre política” limita las expectativas para reducir el déficit fiscal en al menos dos puntos porcentuales del PIB el próximo año, como se había comprometido el gobierno al solicitar, ante el Congreso, la autorización para incrementar el déficit en este, el último año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En el citado análisis, explicaron que son tres los eventos que dificultarán la consolidación fiscal tan pronto como en el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum.

El primero tiene que ver con la debilidad de los ingresos debido a un crecimiento menor al proyectado.

El segundo está relacionado con las rigideces del gasto vinculadas a los programas sociales, las empresas estatales y los proyectos de inversión pública.

Y el tercero se refiere a la presión del gasto derivada de las reformas intervencionistas propuestas, así como la falta de reformas al sector energético y la petrolera estatal Pemex.

Mercado y T-MEC como contrapeso

No obstante a la preocupación, consideran que hay dos factores críticos que ayudarán a contener los riesgos a la baja: “la mayor exposición de las políticas a la disciplina del mercado” así como la relativamente baja base de ingresos fiscales que tiene el gobierno.

Debido a la economía altamente abierta de México, consideraron que se ha vuelto un incentivo para evitar medidas extremas.

El líder del citado análisis, ya había explicado a El Economista desde los primeros días de junio, tras las elecciones, que “México es una de las economías más abiertas comparada con otros países de la región como Brasil, con una mayor apertura comercial que otros emergentes”.

Dijo que México tiene una cuenta de capitales que se mueven sin restricción y gestiona una de las monedas emergentes más negociadas en el mundo.

“Sin duda estas características generarán incentivos en los responsables de articular la política económica para mantener la disciplina”, afirmó en ese entonces.

En el citado análisis abundaron que el consenso generalizado sobre los méritos del régimen de metas de inflación de México incluye un banco central independiente, un tipo de cambio flotante que actúa como estabilizador automático y el acuerdo T-MEC deberían ayudar a contener el desvío de la política.

“Si bien se prevé que se mantendrán las medidas intervencionistas, la nueva administración tendrá incentivos para aprovechar al máximo la relocalización y otras oportunidades derivadas del panorama geopolítico mundial, lo que puede conducir a políticas más pragmáticas en el futuro”.

La oportunidad de impulsar una reforma tributaria

Tal como lo describe el análisis, enfatizaron que la base de ingresos fiscales de México es “relativamente baja en comparación con sus pares de América Latina, ofrece margen para aumentar los impuestos a través de una reforma fiscal”.

De ser el caso, las finanzas públicas se verían respaldadas en el mediano plazo.

Si bien México debería poder satisfacer sus necesidades de financiamiento público cómodamente en el corto plazo, creemos que las finanzas públicas gradualmente se volverán más dependientes de impuestos y deuda más altos.

Esto será de manera similar a Brasil y Colombia, lo que afectará el crecimiento y aumentará la vulnerabilidad de los choques externos e internos, insiste el análisis.

Información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) muestra que los ingresos tributarios de México representan 16.9% del PIB.

Esta proporción resultó de nuevo inferior a 21.5% del Producto que recaudaron en promedio los países de América Latina y más lejos aún del promedio de los países OCDE, que es equivalente a 34% del Producto.

Menos que en el 2023

Del presupuesto 14% irá al costo financiero de la deuda 

Este año, el gobierno federal destinará 14 de cada 100 pesos que se gasten al costo financiero de la deuda, una de las presiones que tienen las finanzas públicas del país y que se disparó desde el año pasado ante las elevadas tasas de interés. 

Los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) muestran que, mientras que el presupuesto aprobado para este año es de 9.02 billones de pesos, 1.2 billones se destinarán al costo financiero de la deuda, 6.3% menos que lo aprobado el año pasado. 

“Para el 2025, se estima una consolidación fiscal con un menor gasto, como resultado de una disminución del costo financiero asociado a un entorno de menores tasas de interés y un menor gasto programable que excluye gasto no recurrente previsto en el 2024”, señaló la dependencia. 

El costo financiero de la deuda se refiere a los pagos que debe hacer el gobierno mexicano de intereses, comisiones y otros gastos derivados del uso de créditos constitutivos de deuda pública; así como las erogaciones correspondientes al saneamiento financiero y de apoyo a ahorradores y deudores de la banca.

En lo que va del año, el gobierno ha destinado alrededor de la mitad de los recursos aprobados para este rubro.

Entre enero y julio de este año, se desembolsaron 664,066 millones de pesos al costo financiero, un crecimiento de 4.1% a tasa anual, pero resultó 45,502 millones de pesos por debajo de lo aprobado. 

De esta manera, y junto con el gasto que implican las pensiones, el costo financiero es una de las presiones crecientes del gasto público, lo cual limita el espacio fiscal con el que cuentan las finanzas públicas para ejercer un mayor gasto en otros rubros importantes como lo son la salud, educación, seguridad, entre otros. 

“Cabe destacar que, durante el 2023, se efectuaron diversas operaciones para diversificar el portafolio de la deuda, como la contratación de instrumentos de largo plazo y a tasa fija en el mercado interno. Lo anterior contribuyó a que el costo financiero se ubicara ligeramente por debajo de lo aprobado”, explicó anteriormente Hacienda. (Con información de Belén Saldívar)

yolanda.morales@eleconomista.mx