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Son 43 factureras las que ayudaron a hacer fraude por 55,125 mdp; el SAT va tras ellas
Sanción por delito fiscal es de hasta nueve años de prisión; a partir de este año la defraudación fiscal se considera como delincuencia organizada o como delito de seguridad nacional.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó la información de 43 empresas, conocidas como factureras, que ayudaron a defraudar al fisco por un monto de 55,125 millones de pesos durante el sexenio pasado.
Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), explicó que este primer paquete de denuncias —se esperan más— contiene empresas que facturaron 93,000 millones de pesos en el 2017 a través de operaciones simuladas, es decir, que no se llevaron a cabo.
De esta manera, los contribuyentes involucrados —ya sea que emitieron facturas o compraron los comprobantes falsos— evadieron 24,583 millones de pesos por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR), 11,396 millones por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA), y 19,146 millones por retención de ISR en nómina.
“Muchas de estas empresas contrataban, aparentemente, personas que hacían servicios de honorarios, por lo que les pagaban y les retenían el ISR pero nunca se pagó. En total dejaron de entrar 55,125 millones de pesos al SAT”, dijo durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.
La jefa del fisco indicó que para el SAT será más fácil recuperar los impuestos que se evadieron por concepto de nóminas, mientras que el IVA y el ISR es difícil debido a que las empresas son fantasma.
Agregó que en este fraude fiscal están involucrados 8,212 contribuyentes, tanto personas físicas como morales, que adquirieron comprobantes fiscales de estas empresas, los cuales amparaban operaciones inexistentes.
La funcionaria indicó que a los involucrados se les enviará una carta, vía buzón tributario o notificación personal, para invitarlos a regularizar su situación y cumplir adecuadamente con sus obligaciones fiscales. En caso de que el contribuyente no cumpla, se le dará aviso a la Procuraduría Fiscal.
“Lo que vamos a hacer es enviar cartas invitándoles a que se regularicen y se acerquen, porque muchos de ellos fueron engañados de alguna manera y, sin darse cuenta, compraron facturas relacionadas con el crimen organizado”.
Respecto a las 43 empresas que emitieron comprobantes, informó que están listadas en la página del SAT en la famosa Lista Negra, la cual se elabora desde el 2014.
“Muchas de ellas están publicadas en el Diario Oficial de la Federación como empresas factureras. Otras están como presuntas empresas factureras pero con investigaciones no sólo de defraudación fiscal, sino también de lavado de dinero. Estas empresas se relacionan entre sí, comparten clientes, hay 244 clientes que compraron en más de dos de estas empresas”, señaló.
Se presentarán querellas
Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal, informó que se presentarán siete querellas en contra de las factureras por defraudación fiscal y lavado de dinero. “En primer lugar, vamos a atacar al que vende facturas, al que constituye empresas. Se van a presentar siete querellas contra los principales grupos de factureras para tratar de cuadrar los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero, y de equiparar a delincuencia organizada”.
El funcionario, quien también estuvo presente en Palacio Nacional, destacó que a los contribuyentes involucrados se les dará hasta tres meses para que puedan regularizar su situación ante el SAT y, de no hacerlo, se presentarán querellas en contra de ellos. “Se presume entonces que sí hay un acuerdo criminal entre el que vendió y el que compró”.
Romero Aranda criticó que en el sexenio pasado no se llevaban a cabo investigaciones contra estas empresas, por lo que lograron proliferar y defraudar a la hacienda pública. Por ello, ahora se busca investigarlas para dar con los beneficiarios finales, es decir, las cabezas de estos grupos delictivos.
“Se acabó la fiesta, las factureras ya no pueden seguir. Todos tenemos que pagar impuestos y cumplir con nuestras obligaciones fiscales”.
Explicó que la sanción por el delito de defraudación fiscal o equiparada es de hasta nueve años de prisión; sin embargo, recordó que a partir de este año entraron en vigor reformas referentes a las factureras, en donde la defraudación fiscal se considera como delincuencia organizada y las penas pueden ser de hasta 16 años y se pueden decomisar los bienes de los involucrados. Asimismo, se puede considerar como delitos de seguridad nacional, en donde hay prisión preventiva oficiosa y pena de hasta 13.5 años en cárcel.
¿Qué son las empresas factureras?
Son aquellas que se dedican a emitir facturas de operaciones simuladas, inexistentes o ficticias.
Las 43 empresas presentadas por el SAT emitieron comprobantes fiscales para que, quienes las obtuvieran, aumentaran falsamente sus gastos y asi disminuir el pago de sus contribuciones, es decir, para defraudar al fisco.
Asimismo, permite encubrir pagos de actividades ilegales —como sobornos, secuestros, venta de drogas, entre otras—, disfrazándolos de operaciones de compra-venta de bienes y servicios inexistentes.