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Claridad, pilar de giro en energía: TWC

Las 10 acciones para implementar la reforma energética definirán a sus nuevos actores, el grado de participación en riesgos e ingresos, la fortaleza institucional y la consolidación de la posición de México como destino de las inversiones, sostuvieron los analistas Pedro Valenzuela y Duncan Wood en un texto publicado por The Wilson Center.

Las 10 acciones para implementar la reforma energética definirán a sus nuevos actores, el grado de participación en riesgos e ingresos, la fortaleza institucional y la consolidación de la posición de México como destino de las inversiones, sostuvieron los analistas Pedro Valenzuela y Duncan Wood en un texto publicado por The Wilson Center.

En su análisis titulado Reforma energética en México: entrar en la fase final , los expertos refieren que hay un interés del gobierno de transparentar todos los procesos del sector, pero sobre todo dar una mayor certeza jurídica a todos los nuevos operadores del sector.

El gobierno del presidente Peña Nieto ha hecho hincapié en que el objetivo de estas medidas es dar mayor transparencia a los procesos en el sector, para proporcionar seguridad jurídica al sector privado, y para ganar confianza en los mercados de la primera ronda de licitación en el 2015 , explica el texto.

Sin embargo, es ahora imperativo que el gobierno cumpla los plazos, al mismo tiempo que se asegura de que los procedimientos, las normas y las instituciones se hagan de la mano con los más altos estándares posibles , advierte.

The Wilson Center es un instituto independiente, con base en Washington DC, para estudios de políticas públicas nacionales e internacionales.

En el estudio, los analistas explican que las 10 acciones son los primeros pasos para implementar la reforma energética y con ellos se podrá determinar el alcance y el éxito, ya que se establecen las normas y los actores que podrán intervenir en el sector.

En primer lugar, para los críticos y entusiastas de la reforma, estos cambios van a aclarar qué podría aparecer en las zonas de la inversión privada y por lo tanto serán más claras sobre hasta qué punto el gobierno mexicano está dispuesto a compartir los riesgos y los ingresos derivados de la explotación de hidrocarburos , explican.

luis.carriles@eleconomista.mx

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