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Con reforma eléctrica, 50% de los usuarios de CFE en riesgo de apagones; sin reforma, CFE producirá sólo 16% de la energía en 2030: expertos
Expertos y miembros de la industria debatieron acerca de las implicaciones que puede tener la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Con dos alertas opuestas: si se aprueba la reforma eléctrica podrían registrarse apagones en 50% de las conexiones del país; si no se aprueba y se mantiene el sistema actual, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reducirá hasta 16% su participación en la generación nacional de energía, arrancaron los foros de discusión del tema con la participación de expertos en la Cámara de diputados este lunes.
Carlos De Maria, vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético y abogado de empresas dedicadas a la energía en México, aseguró que si se cancela la generación e 62% de la energía (con la obligación constitucional de la CFE para generar 54% de la energía cuando hoy genera 38%), alrededor de 50%, es decir, unos 62 millones de usuarios, se quedarían sin luz, lo que provocaría un paro económico en la industria y el comercio, con su consecuente pérdida de empleos.
El abogado, explicó que en los 70, cuando se estatizó la industria eléctrica, México no tenía tratados internacionales con más de 130 países y no existía el problema del calentamiento global, por lo que en el contexto actual es impensable volver al modelo estatal porque no se satisfacen los requerimientos de capital y tecnología que necesita una industria de este tamaño.
Así que, en 1992 se crearon esquemas complementarios para la participación privada, transfiriendo riesgos y obligando a que inviertan, a que se endeuden y traigan tecnología de punta las empresas que trabajan en México bajo la rectoría del Estado.
Entonces los dos esquemas con mayor penetración, que fueron el productor independiente de energía que apalanca sus financiamientos en el contrato que tiene con venderle a CFE y la opción entre privados que es el autoabastecimiento, en que las empresas generan para sí mismas bajo la regulación del estado.
“En 2013, bajo un esquema de colaboración entre el Estado y los sectores privado y social se busca modernizar y volver eficiente la generación de energía en el país”, aseveró, “hay muchas áreas por mejorar, migración de esquemas, revisión de costos, inversión en transmisión, pero mejorarlo no significa cancelarlo”.
Bajar la participación de la CFE
En tanto, Manuel Hornelas, jefe de la Oficina de Programa de Ahorro de Energía de la CFE argumento a favor de la propuesta presidencial con base en la confiabilidad del sistema: las proyecciones del gobierno, avaladas por auditores externos, arrojan que de un 54% de participación de la empresa del Estado en 2017, se ha bajado a 51% en 2018, a 47% en 2019, a 38% en 2021, y la tendencia con las reglas de despacho actuales llevarán a que concluya el sexenio con únicamente 29%, nivel que bajaría hasta 16% en el 2030.
“Esto es inadmisible, la naturaleza de los generadores privados es obtener ganancias, de lo contrario no pueden funcionar y eso no los vuelve criminales, los vuelve racionales y creadores de empleos, pero no proveedores de un bien social como es la electricidad y por esto necesitamos la intervención del Estado”, dijo el funcionario.
A la vez, recordó que apenas hace un año se registró la menor temperatura en el hub gasífero de Texas, que provocó congelamiento de la infraestructura de transporte de gas necesario para la generación de electricidad para todo Estados Unidos y para México. Entonces, la CFE aumentó de 8% a 21% su generación hidroeléctrica, mientras que los ciclos combinados operados por privados bajaron su generación de 64% a 38% del total nacional en horas.
En el mismo foro, Rosanety Barrios, analista independiente del sector energético y ex directiva de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, se pronunció a favor de la autonomía de los gestores de los actores de la red eléctrica nacional, como el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que decide con criterios de costos quién puede vender su energía, o la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que establece las tarifas para mercados competitivos. Ambos serán absorbidos por la CFE y la Secretaría de Energía, convirtiéndose en juez y parte de un competidor y el rector de la política energética nacional, lo que eliminará la competencia diseñada para beneficiar a los consumidores.
“Como entidades separadas, con autonomía, así operan en el mundo y operan bien. Centralizar sólo crea ineficiencias y sobrecostos que terminamos pagando todos los mexicanos”, dijo la experta.
Nicolás Domínguez, vicepresidente de la Sociedad de Ingenieros Hispanos Profesionales explicó que desde el siglo pasado, múltiples empresas han desarrollado esquemas para privatizar la energía y derivado de estas presiones, se crearon esquemas como el de los productores independientes de energía, en que la CFE se ve obligada a comprar el 31% de la electricidad que se genera en México, a precios crecientes. Pero si las empresas generadoras tienen excedentes no se lo venden a la CFE, sino que se lo venden a otros, en un esquema de “lavado de electricidad”, similar al de los socios de autoabastecimiento que son clientes de las generadoras disfrazados y que ascienden a más de 10,000 hoy en día.
“Si se sigue reduciendo a la CFE, en siete años produciría el 16% de la energía, como en España, donde ya no alcanza para la energía porque no hay empresa estatal y los ciudadanos promedio que ganan 1,000 euros al mes deben decidir si pagar la electricidad o comida, por lo que no prenden la calefacción o se iluminan con velas durante el invierno”, aseveró.
Dilema no es quién genera sino qué energía y a qué precio
Finalmente, contra la propuesta, Montserrat Ramiro, economista ex comisionada de la CRE recordó que de 1992 a 2013 la economía se multiplicó 1.65 veces, lo que obliga a tener una discusión diferente ya que la rectoría del Estado está en la regulación. Así en la revisión de costos, sin elementos dogmáticos. Entonces, el costo promedio de generación de la CFE en 2020 fue de 1,413 pesos por megawatt hora, mientras que el de los privados fue de 1,124 pesos por unidad y el de las subastas de 401 pesos.
“Lo importante no es quien genera sino quien lo hace de la forma más eficiente y limpia posible. El dilema no es entre empresas sino entre energía, fósiles y renovables, la energía limpia tiene mucho espacio para crecer. El verdadero reto es actualmente de transmisión, que sí es monopolio del Estado”, aseguró.
Y a favor del dictamen, Héctor Cuapio Ortiz, integrante del Sindicato Único de Trabajadores de la Electricidad de la República Mexicana (Suterm) dijo que poco más de 100,000 trabajadores están a favor de la reforma y aseguró que se comprometen a que se cumplirá con las metas internacionales en materia de transición energética y no habrá desabasto de combustibles o electricidad en el país.
“El país está electrificado gracias al esfuerzo de los trabajadores de la CFE. Eso no va a cambiar, la electricidad es un derecho universal y lo sabemos. No es una discusión de mercado sino de seguridad nacional y por eso apoyamos la reforma”, aseguró.
Esencia de la iniciativa eléctrica
1. Cancelar los permisos y contratos que permiten la generación eléctrica de privados.
2. Los privados podrán mantenerse en la actividad de generación, pero con un tope de participación de 46% y con la obligación de vender toda su energía a la CFE.
3. La CFE recuperará el monopolio legal en la comercialización de electricidad.
4. Desaparece el despacho económico y se establece uno nuevo que privilegiaría la generación de la CFE.
5. Desaparición de reguladores energéticos.
rrg