Estados tiran ?sus cartas legales contra casinos

Nuevo León, Coahuila, Baja California, Chiapas y, recientemente, Sonora y San Luis Potosí se han convertido en campos de batalla para el negocio de los casinos.

En el último año y medio, los gobiernos de esas entidades aprobaron leyes que prohíben la apertura de estos giros o procedieron directamente al cierre de los que se encuentran en funcionamiento -en la mayoría de los casos, pese a contar con todos los permisos federales requeridos-, alegando incumplimiento en medidas de carácter sanitario o de protección civil.

Cifras de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuestas (AIEJA) indican que la industria de casinos en México está en manos de 32 permisionarios que operan a través de 420 establecimientos (de 775 que tienen permitido abrir). Entre los más destacados están: la Operadora de Apuestas Caliente, que pertenece al empresario Jorge Hank Rhon, y la controladora española Codere, con nueve permisos cada uno, algunos de los cuales son ilimitados en cuanto al número de salas que pueden abrir.

El negocio da empleo directo a 45,000 personas en el país y genera aproximadamente 3,700 millones de pesos en impuestos y aprovechamientos que son pagados a municipios, estados y a la Federación por concepto de IVA, IETU, IDE, IEPS. El valor estimado de esta industria para el 2013 en México es de 662 millones de dólares, de acuerdo con datos de pwc.

UN AS BAJO LA MANGA

No obstante, la imagen del sector, ligada al lavado de dinero, delincuencia organizada, alcoholismo, ludopatía y en los últimos años al tráfico de influencias en el otorgamiento de permisos ilimitados, tuvo su peor representación en el 2011, con el incendio provocado por un grupo delictivo en Monterrey al Casino Royale, donde murieron 52 personas.

A partir de esa fecha, los gobiernos municipales y estatales iniciaron una cruzada de cierre de negocios conocidos como giros negros, que incluye, además de discotecas y bares, a los casinos. En consecuencia, ya son 26 los casinos cerrados en seis estados.

El as bajo la manga que los gobiernos locales están usando para prohibir la apertura de nuevos casinos es la licencia de uso de suelo, desapareciendo el trámite en los municipios a través de adecuaciones en sus leyes de desarrollo urbano y, en el caso de Nuevo León, también combatir los negocios considerados ilegales a través de la limitación en el otorgamiento de amparos y suspensiones provisionales, que es como operan los establecimientos que no cuentan con permiso federal, los casinos ilegales que compiten contra la industria bien establecida.

Estas acciones gubernamentales podrían intensificarse, a raíz de que el 6 de junio pasado, los gobernadores de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, México y Distrito Federal tuvieron una reunión en la que acordaron revisar las leyes sobre casinos, como parte de acciones encaminadas a bajar la comisión de delitos.

Pese a cierres, no paran de jugar...

De tres a cuatro autobuses diarios salen de Saltillo llevando a personas a jugar a Monterrey, afirma Isaac Dehesa, director general de Comercial Juegos de la Frontera.

Detalla que estos camiones están patrocinados por casineros de la capital regia que están aprovechando la situación del cierre de establecimientos en Coahuila.

Te cobran 150 pesos de traslado, mismos que son devueltos en crédito para jugar al llegar a Monterrey, asegura.

Pero, más allá de trasladarse a ciudades cercanas, quien tiene el deseo de jugar puede recurrir a lugares clandestinos que están fuera del control de las autoridades y en donde sí pueden correr riesgo físico y patrimonial, alerta.

No obstante, el riesgo de ir a lugares clandestinos, a cualquier persona con personalidad adictiva le puede fascinar , afirma Raquel Paredes, directora de la Clínica Vincere, ubicada en el estado de México y especializada en ludopatía.

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milen.merida@eleconomista.mx