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Gobierno federal amplía programa de "autos chocolate"; la AMDA reprocha
El gobierno federal anunció que el programa, que beneficia a unidades de modelos anteriores al 2016, se mantendrá por tres meses adicionales, luego de que ha beneficiado con una recaudación de 2,617 millones 855,000 pesos, que han sido entregados a los gobiernos locales para el bacheo de calles y avenidas.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió ampliar -hasta marzo del 2023- el programa para regularizar los autos usados importados, medida que ha generado recaudaciones a los estados beneficiados; mientras que la industria automotriz instalada en México la calificó de “incongruente”, al incentivar la delincuencia organizada.
Al cierre del 2022, las empresas automotrices que operan e invierten en México habrán vendido cerca de 1,070,00 unidades nuevas, al enfrentarse a la competencia desleal de los autos importados usados.
Esto contrasta con la cifra de 1,047,142 de unidades de contrabando en lo que va del 2022, que dio a conocer Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, durante la conferencia de prensa matutina del presidente.
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) lamentó la decisión de ampliación del decreto que regularizará más unidades extranjeras de desecho internadas ilegalmente en México desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de marzo próximos, pues advirtió que el objetivo de acabar con la informalidad de este tipo de unidades tampoco se cumplií, al contrario, siguen entrando miles de vehículos de contrabando principalmente por la delincuencia organizada que controla a quienes operan el tráfico, la venta y distribución de estos vehículos.
“Esto denota una profunda incongruencia al incentivar el envejecimiento del parque vehicular nacional en vez de impulsar su renovación con programas de apoyo para el transporte público, el campo y los microempresarios; amén de exponer aún más la seguridad vial y afectar a los a mexicanos propietarios de automotores usados nacionales que con todo esfuerzo los adquirieron, los mantienen y pagan todos sus impuestos”, afirmó Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la AMDA.
La industria confiaba en que el gobierno federal pusiera fin al fenómeno de la importación indiscriminada de basura automotriz de Estados Unidos a México fomentada por el crimen organizado. No obstante, el anuncio oficial es continuarlo por otros tres meses y en vísperas de que habrá elecciones políticas en diversos estados del país.
En lo que va del año, el gobierno realizó al menos 5 modificaciones al decreto automotriz, ya sea para ampliar periodos de trámites y/o sumar más entidades.
Rosales explicó que antes del Decreto de regularización, el problema se limitaba a los estados fronterizos, “ahora el país se está inundando con ese tipo de unidades de desecho, hasta en entidades donde ni siquiera existían debido a que ya con placas, éstas pueden circular a cualquier parte del país para ser comercializadas, exponiendo la seguridad vial por los defectos ocultos que portan y sobreofertando la disponibilidad de vehículos usados, bajando el precio de los usados nacionales por lo que sus propietarios al ver reducido su precio desistirán de renovarlos”.
La mayoría de los autos “Chocolates” ingresan en pésimas condiciones y generan una sobreoferta con bajas de hasta 20% en el precio de automotores nacionales de similar marca y modelo de propietarios que formalmente han pagado todas sus contribuciones, quienes al ver esta afectación lo pensarán dos veces antes de cambiar su unidad, afectando la cadena de la renovación vehicular de usado a seminuevo y de seminuevo a nuevo.
Sin embargo, el gobierno federal anunció que el programa, que beneficia a unidades de modelos anteriores al 2016, se mantendrá en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas, a través de 141 módulos, por tres meses adicionales, luego de que ha beneficiado con una recaudación de 2,617 millones 855,000 pesos, que han sido entregados a los gobiernos locales para el bacheo de calles y avenidas.
La titular de la Seguridad Y Protección Ciudadana sostuvo que dicha estrategia “es una muestra de que la paz no se construye por medio de la fuerza y la violencia, sino a través de las acciones que generan bienestar”.