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Greenpeace obtiene suspensión definitiva contra política energética y se manifiesta contra generación fósil en Tula
La organización ambientalista Greenpeace usó las instalaciones de la Central Termoeléctrica de Tula, de la Comisión Federal de Electricidad para mostrar la contaminación que se produce al generar electricidad a base de combustóleo.
Central Termoeléctrica de Tula. Foto EE: Archivo
Además de obtener la suspensión definitiva de carácter general contra el acuerdo y la política de confiabilidad de las autoridades, la organización ambientalista Greenpeace usó las instalaciones de la Central Termoeléctrica de Tula, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para mostrar la contaminación que se produce al generar electricidad a base de combustóleo, lo cual impide gozar del cielo, el sol y el aire puro como lo señala el punto seis del “Decálogo para salir del coronavirus y enfrentar la nueva realidad”, presentado hace unos días por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Para señalar esta contradicción y pedir una transición energética hacia fuentes renovables que respeten los derechos humanos, activistas de la organización proyectaron una serie de mensajes sobre las columnas de humo y vapores de las torres de la refinería y la termoeléctrica de Tula, tales como: "¿Gozar del cielo y aire puro?; aquí inicia el cambio climático, aquí se produce energía sucia y Sener: el combustóleo mata".
Esta manifestación se dio horas antes de que un juez concediera la suspensión definitiva al amparo presentado por Greenpeace, en estrategia conjunta con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), en contra del acuerdo y política en generación de energía eléctrica publicadas hace unas semanas y en los que bloquean a las energías renovables.
“Con esta decisión se garantizan los derechos humanos a la salud, a un medio ambiente sano, a la sustentabilidad y a la legalidad”, explicó María Colín, especialista en Derecho Ambiental de Greenpeace México, quien consideró a este fallo como una victoria ciudadana que “restablece derechos que habían sido vulnerados por ambos instrumentos jurídicos”.
Al respecto, Anaid Velasco, coordinadora de investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, señaló que “la suspensión es congruente con la responsabilidad de garantizar mejores condiciones de vida para las generaciones presentes y futuras. Los impactos en el medio ambiente y en la salud de las personas expuestas a una mala calidad del aire por el uso de combustibles fósiles en la generación de electricidad así como las pérdidas y los daños de las comunidades por los efectos del cambio climático son cada vez mayores y requieren de decisiones proporcionales y alineadas con este escenario de vulnerabilidad”.
“Con esta suspensión definitiva sería de esperar que las autoridades federales reconsideren sus determinaciones y busquen mejores alternativas, respetuosas con el medio ambiente y los compromisos de transición energética y reducción de emisiones contaminantes en línea con las obligaciones de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para abatir el cambio climático”, advirtió María Colín.
El Programa Sectorial de Energía 2020-2024 (Prosener), próximo a oficializarse, propone incrementar la quema de combustóleo para la generación de electricidad así como aumentar la extracción y exploración de hidrocarburos, la capacidad de refinación y la extracción e infraestructura para gas natural, con el argumento de reducir las importaciones de combustibles, alejándonos de la reducción de emisiones para combatir el cambio climático, explicó Greenpeace en un comunicado.
“Para gozar del derecho al medio ambiente sano y respirar aire puro, necesitamos un cambio en la política energética que apoye las energías renovables con respeto a los derechos humanos. Para este año se destinó 95.7% de los recursos de la Sener a la explotación de fuentes fósiles, frente a la asignación de tan solo 1.3% a actividades que permiten lograr una transición energética en México. En este sentido, los compromisos incluidos en el Prosener deben ser traducidos en una asignación y ejercicio de presupuesto público que permita poner en marcha una transición energética justa”, abundó Ramírez.
Hace menos de año (el 17 de julio de 2019), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) declaró emergencia ambiental en Tula, Hidalgo, debido a que la contaminación del aire y el agua ha convertido a ese lugar en una zona prácticamente inhabitable. Situación que se agudiza aún más con esta política gubernamental de quemar combustóleo para producir energía en la zona.
Las 30 termoeléctricas que operan en México, son grandes fuentes de contaminación. El mejor ejemplo es la Termoeléctrica de Tula, que utiliza combustóleo al 80%, mismo que es un residuo de la refinación de petróleo, con más de 4% de azufre. La operación de esta termoeléctrica emite el 56% de las partículas menores a 2.5 micras (PM2.5), que tienen severos impactos a la salud de la población, además de emitir el 75% de los Óxidos de Azufre, y el 43% de los Óxidos de Nitrógeno en la Zona Metropolitana del Valle de México y Tula. Lo anterior también es causa de la lluvia ácida con afectaciones en la agricultura y se estima un impacto de 14,000 muertes prematuras anuales en Tula y en la Zona del Valle de México a causa de la operación de la termoeléctrica.
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