Hacienda recauda por IEPS a telecom lo que Altán debe a acreedores

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador recaudó 32,870 millones de pesos entre los años 2019 y 2023, por el concepto del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), que en México grava en 3.0% los servicios de telecomunicaciones, salvo la telefonía rural y el acceso a Internet.

La cifra de ese lustro se ubica en 204 millones de pesos o 0.61% por debajo de la marca que dejó el presidente Enrique Peña Nieto para los últimos cinco años de su sexenio, entre los años 2013 y 2018, de acuerdo con datos de la firma DPL.

Entre enero y junio del 2024, el gobierno de la Cuarta Transformación también recaudó 3,845 millones de pesos por el IEPS, con lo que antes de que termine el sexenio de López Obrador, esta administración federal habrá levantado al menos 36,715 millones de pesos o 1,925 millones de dólares sólo por ese impuesto a las telecomunicaciones de los mexicanos. A la 4T le quedan julio, agosto y septiembre para recaudar impuesto por motivo del IEPS.

Pero más relevante, la recaudación de un lustro, de 2019 a 2023, por ese impuesto a las telecomunicaciones equivale a la deuda general de la empresa Altán Redes, de 1,727 millones de dólares o 33,000 millones de pesos este año y con intereses.

Altán, una empresa público-privada, ha sido rescatada por el gobierno federal por su insolvencia financiera ante el dilema de cumplir primero con una obligación de despliegue de cobertura o abonar a sus acreedores, y el gobierno ahora, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), intenta comprar la deuda de esa empresa a los acreedores.

El Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) fue establecido por el presidente Felipe Calderón hace poco más de una década para compensar la parca recaudación estatal derivada de la crisis financiera global y de la recesión de la economía mexicana del 2008-2009.

El establecimiento del IEPS se hizo realidad por la promesa del gobierno federal de que esos recursos ayudarían a ampliar la cobertura de Internet en México. Y el gobierno también prometió que a cambio del IEPS, se reducirían los precios del espectro radioeléctrico en el país.

Sin embargo, el IEPS ha sido objeto de la polémica en la industria de telecomunicaciones y sus resultados son cuestionables, además de que la 4T es el tercer sexenio que incumple la promesa de reducir el costo de las frecuencias radioeléctricas.

Ya entre el 2014 y 2018, todavía en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el gobierno federal fue achicando su meta de recaudación a través de este gravamen y todavía así la colecta quedó lejos de lo previsto por el Congreso en la Ley de Ingresos de la Federación para los ejercicios fiscales de 2014 a 2017.

El IEPS a telecomunicaciones tuvo sus mejores años en 2011 y en 2013. En esos años este impuesto recaudó 15.5 y 16.02% más a lo esperado por la Cámara de Diputados.

Pero en 2010, el Estado recaudó 39.96% menos a lo fijado; en 2012, 2015 y 2016 las recaudaciones estuvieron entre 18.02 y 18.60% lejos de la meta. En 2017 la recaudación quedó 14.15% distante de la expectativa.

Para el ejercicio del año 2018, el Estado fijó como objetivo levantar 6,465 millones de pesos de los contribuyentes, pero de acuerdo con DPL, la recaudación se ubicó entonces en 5,866 millones de pesos.

En 2019, ya en el sexenio de la Cuarta Transformación, el gobierno recaudó 5,937 millones de pesos; 6,192 millones de pesos en 2020, otros 6,487 millones de pesos en 2021 y 6,955 millones de pesos en 2022; y 7,299 millones de pesos en 2023.

Nunca el IEPS a telecomunicaciones ha logrado superar la marca de 8,332 millones de pesos vista en 2011, de ahí otra de las críticas respecto a que este impuesto impacta más a la industria y al consumidor, a que genera beneficios en la ampliación del acceso a Internet.

“A lo largo de casi tres lustros y casi 100,000 millones de pesos recaudados, el IEPS es la única política pública consistente y transexenal con el sector de las telecomunicaciones en México. Después viene la inconsistencia y la ausencia de políticas digitales”, dijo Jorge Bravo, analista en DPL Group.

“En estos 15 años no se ha alcanzado la inclusión digital universal, ni se ha reducido el precio del espectro radioeléctrico para compensar ese impuesto especial. Este IEPS debería desaparecer para que la población reciba precios de los servicios más básicos, los operadores tengan mejor posición financiera y el gobierno recaude ingresos por el mayor consumo de los servicios”, agregó Jorge Bravo.