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Judicialización del sector eléctrico: nada para nadie
Privados obtuvieron primer amparo contra la Ley Eléctrica, pero el gobierno consiguió invalidar algunas suspensiones.
Recientemente la CFE pidió a la CRE no dar más permisos para centrales renovables, pues “quitan confiabilidad al sistema eléctrico”. Foto: Especial.
En lo que ya se conoce como “judicialización del sector eléctrico” que es la pugna entre el gobierno federal y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contra los generadores privados –principalmente renovables– que proliferaron a partir de la reforma del 2014, no hay todavía ganadores, porque quedan vigentes las suspensiones concedidas en más de 250 juicios de amparo, que se resolverán este año, aunque ya hubo tres sentencias judiciales a favor de los quejosos y también tres demandas en un tribunal colegiado que favorecieron a la Secretaría de Energía.
Apenas hace una semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer la sentencia en la que concedió un amparo –el primero– al sector privado para que no se aplique el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ‘Ley de la Industria Eléctrica (LIE)’, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 9 de marzo de 2021.
Entre las principales razones por las que se decidió fallar a favor se encuentran que la LIE ejerce discrecionalidad al tener acceso a red, genera distorsiones en el mercado y representa amenazas al medio ambiente. Los nombres de los tres quejosos que ganaron el amparo aparecen ocultos en la sentencia.
El juicio de amparo 121/2021 y sus acumulados 122/2021, 123/2021 y 127/2021 especificó que, con el fin de no generar un vacío normativo, se ordenó que las autoridades responsables deberán continuar aplicando el régimen previsto en la Ley de la Industria Eléctrica vigente hasta antes de la entrada en vigor de decreto combatido.
La sentencia favorable a los privados fue otorgada por Juan Pablo Gómez Fierro, Juez Segundo de Distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.
Pero de acuerdo con fuentes cercanas a los procesos legales, quedan 265 juicios de amparo contra las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica –promovidas por el Ejecutivo y avaladas por el Legislativo– para los que dos jueces de distrito especializados suspendieron su aplicación hasta la sentencia.
Y cabe recordar tres demandas fueron llevadas hasta la instancia superior al juzgado, que es el tribunal colegiado correspondiente al que apeló la Secretaría de Energía, instancia que concedió la razón a la autoridad, por considerar que no se debieron otorgar las suspensiones definitivas a los quejosos sino hasta que hasta que la Sener publicara los reglamentos y legislación secundaria que realmente reflejara los impactos de la llamada “contrarreforma eléctrica”.
Lo acontecido en los órganos colegiados hasta ahora significa que el tribunal estima que los impactos no son por la ley sino que estos vendrán con la regulación secundaria que estará debajo de la ley; por las nuevas disposiciones que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) tuvieran que ir publicando.
Lo anterior implica que cada que una autoridad publique un nuevo reglamento, disposición administrativa, etcétera, entonces las empresas podrán ampararse y hasta entonces se aplicará la suspensión.
En tanto, para el departamento jurídico de la Secretaría de Energía que ha promovido las apelaciones, la expectativa en materia jurídica y con base en los antecedentes es que ninguna de las suspensiones permanezca.
Y conforme al procedimiento, se llevará a cabo una audiencia constitucional en que las partes implicadas presentarán y desahogarán pruebas.
Por lo pronto, ya existe fecha para las audiencias: en agosto, septiembre y octubre. El desahogo de los juicios ya en tribunales podrá darse este año, según analistas.
La modificación a la Ley de la Industria Eléctrica, que fue iniciativa preferente presidencial en la Cámara de diputados, tenía el objetivo central de modificar la prioridad en el despacho de energía para dar preferencia a la hidroeléctrica, luego a las plantas de la CFE y finalmente al resto de las plantas privadas, incluyendo renovables. Esto, con el fin de reducir la competencia en generación de la CFE.
Y es que del 2005 al 2020, la participación de privados en la canasta de capacidad instalada de electricidad en México pasó de 15.2% cuando existían los regímenes de autoabasto, importación, exportación, cogeneración y producción independiente de energía que se venía a la CFE, a 38.2%, con una capacidad de 33,626 megawatts reportados al cierre del año pasado.
Mientras tanto, la capacidad de la CFE bajó en más de 5,000 megawatts que en 2020 salieron de operación por cuestiones de mantenimiento u obsolescencia, con lo que la estatal mantuvo una capacidad de 54,341 megawatts de los 87,969 megawatts que hoy tiene el país, por lo que el gobierno federal pretende aumentar su capacidad y dominancia en el mercado mediante inyecciones de capital.