La Ley de Reparación Justa: una batalla entre los consumidores y las empresas

En Estados Unidos los consumidores libran batallas contra los modelos de negocios abusivos de empresas fabricantes de productos electrónicos. Grupos de defensa de derechos digitales, de derechos del consumidor y pequeñas empresas de reparación de artículos electrónicos, han impulsado el proyecto de ley titulado Ley de Reparación Justa, con el que buscan que las empresas tecnológicas distribuyan diagramas de los artículos que venden, así como la herramienta y refacciones necesarias, a los talleres externos para la reparación de los dispositivos.

El ejemplo paradigmático es el de Apple, que es investigada actualmente en Francia, Israel y Estados Unidos por prácticas de obsolescencia programada. Las denuncias presentadas en estos países por los consumidores alegan que la empresa dificulta por el diseño y el software la reparación de los dispositivos que vende, además de ralentizarlos artificialmente, para obligar a los consumidores a comprar equipos nuevos.

La Ley de Reparación Justa pretende devolver el control a los consumidores sobre los productos que compran, y que la decisión de desechar o reparar un dispositivo no dependa de las estrategias de mercadeo de las empresas.

El proyecto se ha presentado en los congresos estatales de Hawaii, Illinois, Iowa, Kansas, Massachusetts, Minnesota, Misuri, Carolina del Norte, Nebraska, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Oklahoma, Tennessee, Virginia, Vermont y Washington para su discusión en este 2018.

La ley ya ha enfrentado la oposición de los cabilderos de las grandes corporaciones. En el estado de Nueva York, por ejemplo, los representantes de Apple en el 2016 lograron que el proyecto de ley no se sometiera a discusión en el pleno del congreso local.

Se tiene conocimiento de esto gracias a las leyes de divulgación del trabajo de los cabilderos en Nueva York, y también qué otras empresas están involucradas en los intentos para bloquear este proyecto de ley.

Según la Comisión Conjunta de Ética Pública del estado de Nueva York, Apple, Verizon, Toyota, la compañía de impresoras Lexmark, la compañía de maquinaria pesada Caterpillar, la compañía de seguros telefónicos Asurion y la compañía de dispositivos médicos Medtronic han gastado dinero para cabildear contra la Ley de Reparación Justa este año.

La Consumer Technology Association, que representa a miles de fabricantes de productos electrónicos y es un patrocinador del Consumer Electronics Show (CES), también está presionando contra la ley.

La lucha por la protección de la propiedad intelectual

Los argumentos presentados por los cabilderos a favor de mantener las restricciones sobre la reparación de los artículos electrónicos van en el sentido de la protección de su propiedad intelectual. Alegan que los diagramas para reparación podrían ser usados para copiar los diseños.

Pero hasta no hace muchos años, los artículos electrónicos eran comercializados con estos diagramas.

Hace décadas, los artículos electrónicos venían acompañados de la información necesaria para su reparación. Los esquemas de armado, así como los componentes que conformaban el artículo, eran descritos a detalle, de tal suerte que un técnico podía consultarlos para realizar las reparaciones o la sustitución de las piezas. ¿Por qué dejó de ocurrir esto? ¿Hay alguna idea detrás, aparte de la ambición corporativa, en el modelo de negocio que restringe la reparación de los artículos electrónicos que consumimos?

El modelo de negocio del software propietario es a partir del licenciamiento a los usuarios: al pagar por un programa de edición de imágenes digitales, por ejemplo no pasa a ser el propietario, sino un licenciatario del uso de dicho software.

Este modelo, amparado por restrictivas leyes de protección de propiedad intelectual acompañadas de duras penas para quien no las observe, ha generado grandes ganancias a las compañías. Visto el éxito, varias de estas empresas decidieron hacer extensivo el modelo de licencia a los productos físicos.

Ahora, un smartphone o un tractor, productos físicos controlados por software, a juicio de las empresas que los comercializan, no son propiedad de quienes pagan por ellos. El consumidor adquiere una licencia de uso, y está inhabilitado, por contrato y/o por estrategias de diseño industrial, para disponer del artículo por el cual pagó. Todo objeto inteligente lo es en la medida en que está controlado por software.

El software que controla el objeto es propiedad de la empresa que lo desarrolló. La propiedad de este software y los derechos de comercialización y explotación están amparados por las leyes de propiedad intelectual.

Por lo tanto, si un objeto inteligente está indisolublemente asociado a un software para su operación, ese objeto pasa a estar protegido indirectamente por las leyes que protegen la propiedad del software controlador.

John Deere, empresa fabricante de maquinaria agrícola que está en contra del proyecto de la Ley de Reparación Justa, presentó una argumentación de este tipo en un documento publicado en el 2014.

Los tractores que comercializa, a juicio de la empresa, no son propiedad de los consumidores, sino que al comprarlos lo que adquieren es una licencia de uso por la vida útil del tractor, toda vez que éste es vendido con software que controla partes vitales tales como el motor y otros sistemas.

Los tractores vendidos por la compañía estadounidense alcanzan precios de hasta 75,000 dólares, pero ha manipulado su contrato de licencia de usuario final para evitar reparaciones y limitar la reventa.

El contrato del 2016 incluía una cláusula que indica que con sólo encender el tractor, el consumidor renunciaba a la propiedad sobre los componentes electrónicos y el software que lo conforman, y sin los cuales no puede funcionar, por lo que de facto renuncia a la propiedad sobre todo el tractor.

Asociar las partes físicas a la protección de la propiedad intelectual que tiene el software es la gran apuesta legal de las empresas frente al proyecto de ley. Richard Stallman, experto en software libre y fundador de la Free Software Foundation, ha advertido que empresas como Microsoft y Apple son enemigos de la libertad de la gente.

El software privativo, según Stallman, les confiere un control exclusivo sobre los artículos que comercializan y que funcionan gracias a él.

Para el profesor de derecho de la Universidad de Washington Josh Fairfield, el modelo de negocios de estas empresas guarda semejanzas con la relación habida entre los señores feudales y los siervos.

En su libro titulado Owned Property, Privacy and the New Digital Serfdom, establece el símil entre los poderosos señores corporativos modernos y los señores feudales medievales. Basta con leer los contratos de venta de los artículos vendidos por estas empresas para notar que guardan todas las ventajas para sí, en detrimento de los consumidores.

Estos contratos recuerdan —en opinión de Fairfield— al contrato que mediaba entre el terrateniente que daba en concesión la labor de sus tierras al siervo: mientras el señor conservaba la propiedad sobre ellas, se beneficiaba del producto del trabajo campesino del siervo.

Las empresas tecnológicas, actual cúspide del progreso, exhiben un vicio atávico: la avaricia.