Sector energético: la importancia de la certeza jurídica

México no ha sido inmune a los efectos de la crisis sin precedentes que está viviendo el sector del petróleo y el gas, resultado tanto de la abrupta caída de los precios del petróleo, así como de los efectos de la pandemia del Covid-19, la cual provocó un colapso significativo en la demanda de este combustible.

Esta reducción en la demanda de petróleo, asociada con los efectos económicos del “big lockdown” en el que el mundo ha estado sumergido durante varias semanas, ha impactado negativamente en la industria de petróleo y gas nacional: mientras el mundo se está ‘ahogando’ en petróleo, se recomienda un mejora en la  infraestructura de almacenamiento de México, así como una mejora en  las diversas áreas de oportunidad que se tienen en materia de logística, están creando condiciones más complejas, en lo que se refiere a costos y pérdida de ganancias, que en otros países productores clave.

El efecto económico de la caída de los precios es un tema que preocupa, considerando que una gran parte de las finanzas públicas de México dependen de los ingresos por producción de petróleo. Los efectos de la crisis actual permearán en cada eslabón de la cadena de valor del sector del petróleo y el gas, pudiendo generar efectos como el retraso y la modificación de los planes de exploración y desarrollo; la reducción de gastos e inversiones; el aplazamiento de varios proyectos incluidos en el plan de infraestructura energética, el cual aún no ha sido revelado; así como posibles interrupciones operativas por afectaciones en la cadena de suministros, y la probabilidad de declarar caso fortuito en diversos instrumentos contractuales.

La crisis actual está provocando consecuencias no solo en el sector del petróleo y el gas, sino en todo el sistema financiero público; el presupuesto federal se verá notablemente afectado, debido a los menores ingresos fiscales por hidrocarburos.

Se pronostica que los efectos en el corto plazo, en el sector,  pueden ser, entre otros, la ya anunciada reducción de Pemex a su presupuesto de inversión 2020, además del impacto para los contratistas de servicios de campos petroleros, cuyas actividades y presupuestos también serán reducidos. La presión sobre las condiciones económicas de la empresa productiva del Estado, combinada con los efectos a largo plazo de la pandemia, traerá más riesgos financieros sobre los flujos, instrumentos y estrategias de financiamiento de proyectos en el futuro.

Bajo la perspectiva legal, los operadores, contratistas, subcontratistas, proveedores y titulares de permisos podrán tomar precauciones adicionales al momento de redactar cláusulas de fuerza mayor, cambios adversos materiales y otras cláusulas de eventos imprevistos.

Por otro lado, desde el enfoque fiscal, el pasado 21 de abril se publicó un decreto que representa, hasta ahora, la única medida oficial de incentivo al sector de los hidrocarburos, que otorga un beneficio fiscal aplicable solo a Pemex, para disminuir $65 mil millones de pesos del pago del Derecho de Utilidad Compartida para 2020. Para otros operadores de exploración y producción, no se han decretado ni anunciado medidas similares.

Pese a la complejidad del actual panorama, aún encontramos buenas noticias para el sector, resultado de su apertura y de las hoy suspendidas Rondas México, como el anuncio de nuevos descubrimientos calificados como significativos, en aguas profundas del Golfo de México, por parte de Repsol, en el Bloque 29 de la Cuenca Salina, frente a las costas de Veracruz y Tabasco, el cual les fue adjudicado, previa licitación, en la Ronda 2.4.

Tomando en consideración todos estos factores, podemos concluir que uno de los aspectos que más pueden abonar a la recuperación del sector hidrocarburos de la crisis actual por la que atraviesa, es contar un alto grado de certeza jurídica, que implica establecer reglas del juego claras y una alta eficacia en la ejecución de políticas públicas eficientes y orientadas a resultados. 

No olvidemos que ya contamos con un marco legal que, si bien aún se encontraba en estado de implementación, mediante las regulaciones específicas de las distintas actividades del sector, provee diversas herramientas de las que se puede echar mano para brindar solidez a los siguientes pasos, permitiendo la inversión, tanto pública como privada, e incentivando una sana competencia entre los participantes.

Adicionalmente, se debe destacar también el plan de infraestructura del sector energético, cuya publicación permitiría también contar con mayor certeza con relación a los proyectos que hoy son indispensables para la mejoría de la infraestructura logística de los hidrocarburos del país.

Esto implica que la transformación del sector hacia la recuperación de la crisis no puede ser excluyente. Se trata de sumar actores, medios, instrumentos, recursos, puntos de vista y sectores relevantes –tanto para el diseño de las políticas, como para su implementación– cuya participación, en conjunto, permita la generación de oportunidades y la realización de objetivos públicos y sociales.

No es posible el desarrollo de un sector sin el aprovechamiento máximo de las capacidades de sus actores. En ese sentido, será fundamental la participación del Estado para llevar a cabo una acción de colaboración y coordinación entre quienes integran al sector, para ejecutar sus acciones de gobierno. En estos tiempos desafiantes, este camino es uno de más recomendables para lograr cierta certeza jurídica, un factor de peso para la recuperación.

Valeria Vázquez es Socia de Impuestos y Servicios Legales en la Industria de Energía e Hidrocarburos en Deloitte México