Falta certeza legal para lograr meta de energía limpia de CSP: expertos

Luego de un sexenio en donde el foco de la política energética estuvo en las tecnologías fósiles, la promesa de la presidenta Claudia Sheinbaum de dar un nuevo impulso a la transición energética de México ha generado un renovado optimismo entre industria y analistas, pero este, advierten, no podrá materializarse sin el concurso privado y sin certeza jurídica para las inversiones. 

El pasado 1 de octubre, Sheinbaum Pardo enumeró ante un zócalo de la CDMX repleto sus 100 compromisos de gobierno y en varios de estos puntos insistió en su compromiso de impulsar la transición hacia las energías limpias.

Muy puntualmente, afirmó que, en el 2030, la meta de su gobierno es que participen con 45% de la generación eléctrica total, un desafío formidable dado que al cierre del 2024 este porcentaje fue de apenas 24.3 por ciento.

“Me parece que la presidenta Claudia Sheinbaum hay que reconocerle la consistencia desde su campaña en este tema. Ha sido muy consistente y cuando dice que impulsará la transición energética hay que tomarla en serio y me parece que hay que creerle”, comentó Rosanety Barrios, analista en temas energéticos.

La formación de Sheinbaum Pardo como física y sus posgrados en energía son aspectos que, de entrada, despiertan optimismo.

El pasado martes, en su primer mensaje a la nación, pocos minutos después de jurar como nueva titular del Poder Ejecutivo, la presidenta dijo incluso que en cuestión de días presentará el Plan Nacional de Energía de su gobierno.

“Supongo que es un ejercicio de planeación robusto y los técnicos que están en el equipo energético de la presidenta son gente que vienen de la academia, muy reconocida”, comenta César Hernández, socio director del despacho Publius.

Sin embargo, en ese primer mensaje a la nación, Sheinbaum también reiteró de dónde viene y la orientación de su gobierno, por lo que recordó que su gobierno hará suya la política obradorista de garantizar la preponderancia del Estado en materia energética y fortalecer a las empresas estatales.

De modo que recalcó que en materia eléctrica seguirá la regla esbozada en el sexenio pasado de garantizar un 54% de participación estatal en generación eléctrica y topar a 46% la participación privada. Eso sí, prometió que habría certidumbre jurídica para los inversionistas en ese concurso.

Más dudas que respuestas

Sin embargo, esta semana está por discutirse en el pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma en materia de empresas públicas presentada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero, que plantea los términos de ese nuevo modelo energético y, de momento, genera más dudas que respuestas respecto de cómo otorgará un piso parejo a las inversiones privadas.

La iniciativa, que ya fue dictaminada en agosto pasado por la anterior legislatura, plantea entre otras cosas que las empresas privadas no podrán tener prevalencia sobre la pública (la Comisión Federal de Electricidad, CFE), pero también deja abierta la posibilidad a que reabsorba la operación del mercado eléctrico (lo que hoy hace el Centro Nacional de Control de Energía de manera independiente) y que actué como autoridad en el sector, lo que la haría juez y parte.

“Sí le metería mucho a la seguridad jurídica del sector si la iniciativa se votara y aprobara en los términos en los que se presentó y los términos en los que se discutió en Cámara de Diputados porque los cambios (en la dictaminación) realmente fueron menores”, afirmó César Hernández, quien fue subsecretario de Electricidad durante la primera parte del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

Esta incertidumbre no es cosa menor. El reto para el sexenio es mayúsculo, considerando que en solo seis años se requeriría elevar en 21 puntos porcentuales la participación de la energía limpia.

“Mientras no sepamos cómo se va a atraer inversión privada al sector energético es muy difícil (cumplir la meta). A la inversión privada lo que le interesa es saber cuáles son las reglas de recuperación de inversión y esas hoy no están”, comentó Rosanety Barrios.

Respeto a los derechos previos

Tanto Barrios como Hernández coincidieron además en que cualquier cambio legal debe contemplar un régimen especial para respetar los derechos adquiridos de los operadores privados, lo cual añade complejidad al entramado legal necesario para otorgar certeza.

“Si se hicieran esos cambios, tendrían que hacerse de alguna manera que respetaran los derechos adquiridos de las empresas que ya entraron con unas reglas del juego pactadas y tendrían que hacerse de una manera que hubiera una compensación para los países socios de tratados comerciales y para los inversionistas”, remató César Hernández.