Constructores piden terminar con fianzas

La delegación estatal de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) solicitó al gobierno estaral sustituir los más de 600,000 pesos que pagan los constructores al año en fianzas de anticipo para la ejecución de la obra pública que se concursa a través de las distintas dependencias gubernamentales.

De acuerdo con los constructores, la solicitud de la delegación local de la CMIC pretende sustituir los pagos de estas fianzas por pagarés para generar un ahorro que se pueda utilizar en donativos al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y para proyectos de la CMIC, así como un ahorro para los propios constructores.

Hasta el año pasado, en las obras estatales se solicitaba a los constructores una fianza por aquellas acciones que representaban una inversión mayor a 7 millones de pesos.

Gracias a un acuerdo se logró elevar este monto hasta 14 millones de pesos, que es el rango en el que oscilan una gran parte de las obras en el estado, con el fin de que no se pagaran fianzas en proyectos por debajo de esa cifra de inversión.

Ahora, la delegación de los constructores pide retomar un mecanismo utilizado en años anteriores que permite utilizar los pagarés en lugar de depositar la cantidad en aseguradoras y, con ellos, generar ahorros.

Asignación al DIF

Estos ahorros se pueden entregar al Sistema Estatal DIF para impulsar los proyectos de atención social que realiza y con esto se generarían recursos que se devuelven a los propios constructores. Posteriormente se entregarían recursos para la delegación estatal de la CMIC.

En vez de que ese dinero se lo estén llevando las aseguradoras, lo cambiamos a una ayuda tripartita hacia tres personas: el DIF, la CMIC y los constructores , explicó el presidente estatal de la CMIC, Abraham González Martell.

A pesar de la modificación se seguirían aplicando las fianzas de cumplimiento y las fianzas de vicios ocultos, pues forman parte de las garantías que por ley se deben establecer en todas las obras que se ejecutan en la entidad.

Destacó que este año se aplican 2,600 millones de pesos en obra pública, de los que más de 600,000 pesos corresponden a las fianzas de anticipo del estado.

Con la sustitución de las fianzas por pagarés, esta cantidad podría repartirse en partes proporcionales entre el DIF estatal, la CMIC y los constructores que ejecuten la obra.

Reproducir esquema

El mismo esquema se reproduciría en los 18 municipios, aunque es más difícil que acepten esta forma de trabajo toda vez que muchas de sus obras se realizan con recursos federales, que forzosamente exigen el pago de la fianza de anticipo, lo que no podría cambiarse.

Esto no aplica cuando es dinero federal, en los municipios mucho dinero es inversión federal, esto funciona nada más cuando es dinero estatal o municipal, cuando es federal no podemos hacer nada , enfatizó.