Corregidora recibe notas de “Aa3” y “Baa3”

Moody’s asignó por primera vez calificaciones de emisor de Aa3.mx y Baa3 con perspectiva estable al municipio de Corregidora, debido a las sólidas prácticas de administración y gobierno que lo han llevado a registrar resultados financieros positivos y posición libre de deuda.

Las sólidas prácticas de administración y gobierno del municipio de Corregidora se han traducido en balances operativos adecuados, aunque estrechos, que promediaron 6% de los ingresos operativos durante el periodo del 2011 al 2013 , informó la calificadora en un comunicado.

Ambas calificaciones, refirió, también toman en cuenta los estrechos márgenes operativos del municipio, así como su limitada base económica.

De acuerdo con Moody’s, los resultados también se apoyaron por el alto nivel de ingresos propios del municipio, equivalentes a 48.7% de los ingresos totales durante el 2013, además de que el municipio ha implementado medidas para controlar el gasto corriente.

Estos factores, en conjunto con una planeación del gasto en infraestructura, le generaron superávits financieros consolidados que promediaron 14.1% de los ingresos totales durante el mismo periodo.

Como resultado, el municipio ha registrado una fuerte posición de liquidez en los últimos años , sostuvo.

Agregó que el capital de trabajo neto del municipio fue de 16.3% de los egresos totales a finales del 2013, una de sus principales fortalezas crediticias.

PASIVOS

Con la aprobación del crédito por 86 millones de pesos que solicitó Corregidora al Congreso local, los niveles de deuda directa e indirecta incrementarían a 14% de los ingresos en el 2014, un nivel relativamente bajo que está incorporado en los niveles de calificaciones actuales.

AL MISMO TIEMPO

Ayer, la LVII Legislatura del estado de Querétaro dio luz verde para que el municipio de Corregidora adquiriera un empréstito con la institución financiera que le ofrezca mejores condiciones crediticias, por 86 millones de pesos.

El plazo para pagar la deuda autorizado en el decreto emitido por el Congreso es de hasta 12 años.

Los recursos, en su totalidad, serán destinados a infraestructura.