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ESFE detecta anomalías en Tolimán y SJR
Se descubrieron pagos arbitrarios a servidores públicos en ambas demarcaciones.
La Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) detectó que, en San Juan del Río y Tolimán, las pasadas administraciones incrementaron salarios a algunos trabajadores e inclusive pagaron sueldos a personal que no se encontraba dentro de la nómina, durante el primer semestre del 2014.
En San Juan del Río, la administración encabezada por Fabián Pineda Morales pagó a 14 servidores públicos sueldos brutos superiores a los rangos determinados en el tabulador autorizado, que van desde 11.77% hasta 102.71% por encima de lo establecido.
Además, se otorgaron recursos bajo la figura de prerrogativas al síndico municipal por 321,000 pesos, cuando estos recursos sólo deben ser entregados a los regidores. También se le pagaron dietas mensuales superiores en cantidad de 14,620 pesos.
Dichas dietas pagadas al síndico fueron también superiores en relación con lo establecido en el tabulador 2014 salario bruto mensual , revela el informe.
De acuerdo con la ESFE, se pagaron 1 millón 365,000 pesos a regidores y síndico municipal adicionales a las prerrogativas contempladas dentro del Presupuesto de Egresos del municipio.
Tolimán
En el caso de Tolimán, el primer semestre del 2014 la administración encabezada por Edgar Montes pagó a 21 servidores públicos sueldos superiores que van de 0.84% a 165.31% y pagó a tres servidores públicos sueldos inferiores entre 64.32% y 76.72%, respecto de los rangos determinados en el Analítico de Plazas .
Asimismo, se detectaron incrementos de sueldos de 28 trabajadores que van de 5.88% a 178.57%; se pagaron 268,380 pesos por concepto de sueldos y prima vacacional a dos trabajadores cuya presencia no fue acreditada.
La ESFE advirtió que se otorgaron 91,891 pesos a un servidor público, quien se desempeñó con el puesto de coordinador adscrito a la Coordinación de Desarrollo Agropecuario aun cuando cuenta con proceso de inhabilitación por 10 años para desempeñar cargo .
Aunque la LVIII Legislatura del estado aprobó dichos informes de las cuentas públicas, dejó la responsabilidad de imponer sanciones a las contralorías de cada municipio.