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Gobiernos subnacionales optan por contratar deuda para cubrir pasivos
De los 94,856 millones de pesos de financiamientos adquiridos por estados y municipios a la primera quincena de agosto, 45.0% se dirigió a refinanciamiento.
Ante un panorama económico adverso, los gobiernos subnacionales prefirieron adquirir deuda para liquidar total o parcialmente los pasivos previamente contratados, antes que aportar por la inversión pública productiva como efecto detonador.
De acuerdo con datos del Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), estados, municipios y sus entes públicos contrataron 94,856 millones de pesos de financiamientos y obligaciones a la primera quincena de agosto.
Dicho monto significó un incremento de 443.3% a tasa anual, es decir, fue 5.4 veces superior a la deuda adquirida entre enero y la primera mitad de agosto del año pasado.
En tanto, si se considera todo el 2022, año en el se registraron 70,718 millones de pesos, el crecimiento resulta de 34.1 por ciento.
Sin embargo, la relevancia nace en el destino de la deuda. De los 94,856 millones de pesos adquiridos, 45.0% se dirigió a refinanciamiento, concepto definido por la Ley de Disciplina Financiera como “la contratación de uno o varios financiamientos cuyos recursos se destinen a liquidar total o parcialmente uno o más financiamientos previamente contratados”.
Es decir, se contrae endeudamiento para pagar pasivos previos, con el fin de alargar el plazo de pago con mejores condiciones de mercado, aunque actualmente las elevadas tasas de interés por la alta inflación suben los costos financieros.
Mientras, 28.1% de la deuda contratada se destinó a cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal, que generalmente se usa para pagar nóminas y proveedores, al tener que se liquidada en máximo 12 meses.
Por último, 26.9% se consignó a inversión pública productiva, entendida como toda erogación por la cual se genere, directa o indirectamente, un beneficio social, mediante proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación o adquisición de bienes.
Los anterior significa que la inversión pública productiva crea un efecto multiplicador en las economías locales, incentivando principalmente la generación de empleo y el consumo, y más ante un escenario desalentador para el cierre del 2023.
Grandes deudores
Por deudor, 79.7% de los 94,856 millones de pesos de nueva deuda fue para los gobiernos estatales, aprovechando que en el Sistema de Alertas de la Ley de Disciplina Financiera, que mide el nivel de endeudamiento, solamente Coahuila y Chihuahua se ubican en semáforo amarillo (endeudamiento en observación).
Por su parte, 16.1% correspondió a entes públicos estatales y municipales y 4.2% a gobiernos municipales.
En total, 24 de 32 entidades del territorio nacional, incluyendo municipios y organismos, adquirieron financiamientos entre enero y la primera mitad de agosto del año en curso, destacando en la cima Nuevo León con 25,556 millones de pesos (216.9% del total).
Le siguieron Michoacán con 22,125 millones de pesos de obligaciones financieras (23.3%), Jalisco con 10,848 millones (11.4%), Baja California con 8,250 millones (8.7%), Chihuahua con 6,127 millones (6.5%) y Estado de México con 4,421 millones (4.7 por ciento).
Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), señaló que en el caso de Nuevo León, es un estado con fortaleza económica y busca sanar sus finanzas y ampliar su infraestructura para ser más atractivo para el nearshoring, mientras en Michoacán se está reconfigurando ante sus presiones financieras.
“Nuevo León confía en su posibilidad de pago, obviamente tiene mayores ingresos, mayor generación de recursos propios. En el caso de Michoacán sus finanzas públicas requieren justamente de una cirugía mayor”, dijo.
Los más obligados
Además, resalta que de los cinco financiamientos con mayor monto, cuatro se destinaron a refinanciamiento.
El más elevado es del gobierno de Nuevo León con 11,337 millones de pesos a pagar en diciembre del 2047 y destinado a refinanciar su deuda.
El segundo corresponde al gobierno de Michoacán con 10,900 millones de pesos contratados originalmente, cuya fecha de vencimiento es en junio del 2043; se dirigió a refinanciamiento.
La tercera mayor obligación es del Sistema de Tren Eléctrico Urbano de Jalisco, con un monto de 9,083 millones de pesos a liquidar en octubre del 2060, aunque su destinó fue a inversión pública productiva.
Las otras dos deudas tuvieron de destino el refinanciamiento: Instituto de Control Vehicular de Nuevo León con 3,641 millones de pesos (apagar en julio del 2048) y, nuevamente, gobierno de Michoacán con 2,500 millones de pesos (junio del 2043).
Sobre las tasas de interés de estos financiamientos, el analista económico Kristobal Meléndez opinó que los estados “prefieren adquirir una nueva deuda con una tasa de interés más atractiva, es un fenómeno que se da cuando estas crecen más, se ofrecen créditos más accesibles”.
El académico del Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México, Héctor Magaña, explicó que el refinanciamiento en cierta medida ayuda como apoyo adicional para las finanzas públicas estatales, “les da un mayor margen de maniobra”.
Si bien las tasas actuales del mercado son elevadas en estos momentos, el financiamiento puede ejecutarse con condiciones diferentes como el pago de una tasa variable, con vías a que en el futuro se presente un ciclo de baja en las tasas de referencia”, reiteró.
Estrategias
Para Manuel Guadarrama, la preferencia de los estados por adquirir deuda para pagar pasivos es reflejo de que se pretende seguir la estrategia federal actual, sin embargo, por las condiciones económicas actuales de incertidumbre el camino más viable era apostar por deuda productiva.
“Han seguido la política de no endeudamiento productivo, al menos en discurso. Los grandes endeudamientos se dieron después de la crisis financiera del 2008 hasta el 2012 y después, se emite en el 2016 la Ley de Disciplina Financiera, ahí se empieza a controlar el endeudamiento de los estados”, explicó.
No obstante, añadió que este tipo de política implica que no se tome el valor de la deuda pública productiva como un instrumento de desarrollo y crecimiento económico y generador de ingresos, y más en un contexto de adversidad económica.
“Con estos recursos se puede generar mayor infraestructura, podemos tener mayor conectividad, e incluso hacer que un estado se vuelva más atractivo para la inversión extranjera. Hay estados que están valiéndose de la aplicación de estos recursos de forma adecuada”, puntualizó.