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Investigan notarías públicas entregadas en gobierno de Borge
El Gobierno de Quintana Roo está investigando a 34 notarías públicas entregadas en los últimos días de la administración de Roberto Borge Angulo, para verificar si los titulares cumplían con los requisitos para operarlas.
Cancún, QR. Un total de 34 notarías públicas entregadas en los últimos días del gobierno borgista están siendo investigadas para verificar si los titulares cumplían con los requisitos para operarlas, además de que están abiertas investigaciones para determinar su grado de participación en los despojos de predios y emisión de documentos y avales fraudulentos, reveló el secretario de gobierno de Quintana Roo, Francisco López Mena.
Al menos en los casos más sonados como el de la hija de la exalcaldesa Magaly Achach, el del notario Camilo Cámara y la militante priista Berenice Polanco, el funcionario dijo que se verificó que los titulares hayan cumplido con la documentación y requisitos que exige la actual Ley de Notariado en Quintana Roo.
Sin embargo, será un juez el que determine si la documentación presentada por estos notarios es lícita; en caso contrario corresponderá la revocación de la notaría.
En el caso de los despojos de predios e inmuebles de lujo que se cometieron durante la administración anterior, López Mena dijo que también serán los juzgados los que determinen la validez de la documentación en procesos de compra-venta, escrituración de propiedades, liberación de gravamen y demás trámites que se avalaron por diversas notarías y que hoy están siendo impugnados por formar parte de una serie de fraudes y despojos de más de 30 predios en Cancún, Tulum y Playa del Carmen.
Uno de los casos más emblemáticos que involucran a una notaría en particular es el de los departamentos de lujo Maioris en el exclusivo desarrollo Puerto Cancún. Se trata de la notaría 22, a cargo de Yolanda Solís Olveres, quien recibió en el 2014 el nombramiento de notaria titular de manos del propio exgobernador Roberto Borge Angulo.
En total, 19 operaciones de despojo en Maioris se realizaron a través de esta misma notaría. Aunque en los 19 casos varían las formas, en términos generales se aplicó el mismo método, mediante el cual no sólo se configura el delito de fraude y falsificación de documentos, sino el de lavado de dinero, pues mediante la inscripción extemporánea de las operaciones ante el Registro Público de la Propiedad pretendieron evitar reportar las transacciones a la Unidad Especializada en Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que desde el 2015 obliga a enterar de todos los movimientos arriba de 500,000 pesos.
En todos los casos se expidió un constancia de libertad de gravamen al momento de elaborar las escrituras en el 2011, cuando el inmueble en ese año tenía aún un gravamen hipotecario, el cual se cancela hasta el 2015, lo cual lleva a deducir que se obtuvieron los certificados necesariamente con la complicidad de más personas, incluso dentro del propio Registro Público de la Propiedad a nivel estatal.
El secretario de gobierno dijo que se investigan éste y otros casos en los que están involucradas más notarías, pero será los jueces los que determinen su grado de culpabilidad en cada caso en particular.
López Mena adelantó por último que se prepara una nueva Ley del Notariado en Quintana Roo, la cual se está consensuando con los notarios del estado. El planteamiento central de la iniciativa es quitar al ejecutivo estatal la posibilidad de otorgar discrecionalmente notarías públicas, para que las nuevas notarías se otorguen en función del número de habitantes de una localidad o ciudad.
jvazquez@eleconomista.com.mx