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Tribunal federal resolverá si Calica causó daño irreversible en Playa del Carmen
La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolverá la acusación de daño ecológico que interpuso la Secretaría de la Defensa Nacional contra Calica, filial de Vulcan Materials.
Cancún, QRoo.- La minera Calica, filial de Vulcan Materials, interpuso un amparo de nulidad que finalmente ha sido atraído por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para que resuelva contra la acusación de daño ecológico que le interpuso la Secretaría de la Defensa Nacional.
Lo anterior ante la clausura que desde 2022 fue interpuesta en la mina Calica, la cual está acusada por la Sedena del uso de explosivos durante más de tres décadas en Playa del Carmen.
Calica promovió la facultad de atracción para llevar el proceso a la máxima instancia que resuelve juicios de carácter administrativos.
De acuerdo con el expediente 965/22-20-01-2, el proceso ya fue atraído por la Sala Superior, por lo que será esta última instancia la que resuelva el litigio de Calica versus Sedena.
“Se ejerce facultad de atracción para la resolución del juicio de nulidad”, se lee en el auto publicado, luego que el pasado 4 de enero Calica solicitó la facultad de atracción.
El asunto se origina porque Sedena le negó la posibilidad a Calica de utilizar explosivos bajo las reglas que supervisa para su cumplimiento la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos.
Calica consideró que su juicio reúne características especiales para que sea resuelto por la máxima instancia y no por el tribunal local que recibió la demanda inicial.
Según Sedena, por varias décadas, la empresa Sac-Tun realizó voladuras para romper el suelo kárstico hasta 11 metros por debajo del nivel freático; el uso continuo de explosivos contaminó el agua con nitratos y otras sustancias.
La actividad minera acabó con la diversidad del sitio al afectar 942 especies: 529 de fauna y 413 de flora, incluidas algunas en peligro de extinción.
Se trata del mayor desastre ecológico causado por una empresa extranjera en la Península de Yucatán y sobre todo en la Riviera Maya.
Este es un litigio de carácter administrativo, que se suma al pleito internacional que se resuelve ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi). Además, mantiene diversos juicios de amparo y civiles en juzgados de Solidaridad y Cancún.