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Caso por masacre en Tucson podría tardar años
La defensa de Jared Loughner, quien mañana lunes regresará a la corte en Phoenix, alegará demencia para salvar a su cliente de la pena capital, un asunto que requerirá varias etapas hasta su solución final.
Tucson.- Los agentes que investigan el ataque contra la congresista Gabrielle Giffords examinan videos de cámaras de vigilancia, entrevistan a testigos y estudian objetos tomados de la casa del presunto atacante, pero el caso tiene varios ingredientes que pueden demorar su resolución durante varios años.
El expediente deberá pasar varias etapas en el sistema de justicia criminal estadounidense: procesos de instrucción en el ámbito estatal y en el federal, audiencias para determinar si el caso debe mudarse a otro distrito, un posible argumento de insanía de la defensa y, probablemente, el intento de los fiscales de que el acusado sea condenado a la pena de muerte.
El próximo paso es la presentación de los cargos contra Jared Loughner, programada para la tarde del lunes en Phoenix. El joven de 22 años está acusado de atacar a balazos hace dos semanas una reunión de Giffords con ciudadanos afuera de un supermercado, en un ataque que dejó 13 heridos y seis muertos, incluidos un juez federal y una niña de 9 años.
Los investigadores dijeron que Loughner tenía problemas mentales y había actuado cada vez más erráticamente en los días antes del ataque. Si se declara inocente por insanía y tiene éxito, podría evitar la pena de muerte y ser enviado a un establecimiento de salud mental en lugar de una cárcel.
Paul Charlton, quien fuera fiscal federal en Arizona entre 2001 y 2007, opina que Loughner intentará ser declarado demente. ``Dado lo que sabemos, ésa será la defensa'', dijo.
``No veo muchas otras opciones viables para la defensa'', dijo Michael Piccarreta, un abogado de Tucson con 30 años de experiencia en la justicia criminal federal. ``Parece que la culpabilidad o inocencia del ataque no será difícil de probar y su comportamiento antes del ataque aparenta presentar una historial de actitudes erráticas, problemas de enfermedades mentales preexistentes''.
Antes que el caso llegue a juicio, la corte probablemente deberá decidir si Loughner es mentalmente competente para ese proceso. Si no, sería enviado a un establecimiento federal por al menos cuatro meses para determinar si se puede restablecer su capacidad de ser enjuiciado. Llegar al juicio podría demorar un año, un año y medio o más, dijo Heather Williams, defensora pública federal de Arizona.
Loughner enfrentará un caso federal por agredir a empleados del gobierno nacional, como el juez y Giffords y otro estatal por las demás víctimas. Los fiscales federales procederán primero, porque sus pares estatales aún no presentan cargos. En ambos ámbitos, el acusado es pasible de ser condenado a muerte.
El caso ya se mudó de Tucson a Phoenix, porque los jueces federales locales se recusaron luego que su colega fue asesinado. La defensa podría pedir que se traslade a otro estado por la publicidad negativa contra el acusado, que condicionaría a un jurado local.
Aún es muy pronto para saber si la congresista Giffords, que se rehabilita en forma sorpresiva tras sufrir un balazo en la cabeza, podría testificar contra Loughner. Hay muchos testigos, debido a que el ataque fue en un lugar muy concurrido.
``Sospecho que hay suficiente evidencia acerca de quién hizo qué'', dijo Charlton, el ex fiscal. ``No haría falta llamar a cada uno de los testigos''.
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