Juez suspende temporalmente medidas migratorias de Obama

Washington. El departamento de Seguridad Nacional detuvo los preparativos para el programa que busca proteger de la deportación a millones de inmigrantes que residen en el país sin permiso, luego del fallo de una corte federal que lo suspendió la noche del lunes.

El secretario responsable de la dependencia, Jeh Johnson, refirió que los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por su sigla en inglés) dejarían de trabajar en los planes para lanzar un programa para proteger de la deportación a padres de ciudadanos estadounidenses o de residentes permanentes legales, hasta nuevo aviso.

A última hora,el juez federal de distrito Andrew Hanen, en Texas, bloqueó temporalmente el programa y un segundo esfuerzo para proteger de la deportación a inmigrantes jóvenes, como parte de una demanda en curso que involucra a 26 estados encabezados por Texas,quienes afirman que Obama y su Departamento de Seguridad Nacional carecen de facultades para tomar las medidas anunciadas.

USCIS, la agencia de seguridad nacional responsable de manejar los casos de beneficios de inmigración, iba a comenzar el miércoles a aceptar solicitudes para un programa ampliado de suspensión temporal de deportación. El esfuerzo para proteger a los padres que viven en el país de manera ilegal iba a empezar en mayo.

Las órdenes de Obama planeaban que más de 4 millones de inmigrantes que residen en Estados Unidos sin autorización puedan solicitar un permiso para trabajar y no ser deportados durante tres años. La mayoría de estas personas han estado más de cinco años en el país y tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes. Las solicitudes para la primera fase comenzarían el miércoles, cuando unos 300,000 inmigrantes que llegaron sin permiso a territorio estadounidense cuando eran niños podrían acogerse a un programa especial creado por Obama en el 2012 para proteger a ese grupo conocido como Dreamers.

Mientras tanto, el gobierno prometió que apelará el fallo buscando una postergación de la orden del juez, además de apelar ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans. El secretario de Justicia, Eric Holder, dijo el martes que su departamento sigue analizando el fallo antes de decidir qué decisión tomará.

Por otro lado, la Casa Blanca defendió su política en un comunicado emitido a primera hora diciendo que las órdenes ejecutivas presentadas en noviembre estaban dentro de la autoridad legal del presidente y que la Corte Suprema y el Congreso han dicho que los funcionarios federales pueden establecer prioridades para el cumplimiento de leyes migratorias.

La coalición de los estados, liderada por Texas y formada en su mayoría por los estados conservadores del sur y del medio oeste, alega que Obama violó la Take Care Clause de la Constitución de Estados Unidos que, sostienen, limita el ámbito de acción de los poderes presidenciales. También, afirman que la iniciativa de la Casa Blanca obligará a aumentar la inversión en seguridad, atención sanitaria y educación.

En su petición al juez, la coalición dijo que era necesario paralizar la norma, porque sería difícil o imposible deshacer las ilegalidades del presidente después de que los acusados empiecen a ver aceptadas sus solicitudes de aplazamiento de acciones .

Hanen, que es juez federal desde el 2002 tras la nominación del ex presidente George W. Bush, suele abordar casos de fronteras pero hasta el 2013 no se conocía su opinión sobre inmigración. Ese año, en una sentencia sobre un caso no relacionado, sugirió que el Departamento de Seguridad Nacional debería arrestar a los padres que viven en Estados Unidos ilegalmente y que alentaron a sus hijos a cruzar la frontera incumpliendo las normas.

Los republicanos en el Congreso han prometido que bloquearán las acciones de Obama en este campo, recortando el gasto del Departamento de Seguridad Nacional,financiamiento que expirará el 27 de febrero.

A principios de este año, la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aprobó un presupuesto de 39,700 millones de dólares para financiar el departamento hasta el final del año fiscal, pero incluyó lenguaje para deshacer las acciones ejecutivas de Obama.