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Las incoherencias de Estados Unidos en la Corte Penal Internacional
Estados Unidos no han ratificado el tratado para ser miembro de la Corte Penal Internacional (CPI), impidiendo que sus presuntos crímenes de guerra en Irak o Afganistán sean encausados en La Haya.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya. Foto: Reuters.
Barcelona. Estados Unidos no han ratificado el tratado para ser miembro de la Corte Penal Internacional (CPI), impidiendo que sus presuntos crímenes de guerra en Irak o Afganistán sean encausados en La Haya.
El Estatuto de Roma cuenta con 123 países, pero hay potencias como Estados Unidos, China e India que no se han adherido, lo que significa la existencia de desincentivos en cumplir con el mecanismo multilateral por parte de tales potencias. Tampoco Israel forma parte del CPI, país que hoy en día se encuentra en una operación bélica en la Franja de Gaza donde el número de muertes se acerca a los 34,000.
En la práctica supone que la CPI no tiene jurisdicción sobre los crímenes de guerra, de lesa humanidad, de genocidio o de agresión que puedan cometer.
Marieke De Hoon, experta en Derecho Internacional, subraya que Estados Unidos ha sido un gran defensor de la justicia penal global, pero “siempre se ha mostrado reacio a la creación de un tribunal supranacional con jurisdicción sobre sus nacionales: justicia para los demás, pero no para sí misma”, lo que “encaja en su enfoque aislacionista en la geopolítica”.
Estados Unidos incluso tiene en vigor una ley que prohíbe que sus soldados sean extraditados para ser juzgados por crímenes de guerra, lo que impide a la CPI pronunciarse por sus acciones militares en Irak o Afganistán. Cuando lo intentó, Washington retiró el visado a la entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensouda.
“Tal parce que el CPI se ha convertido en una herramienta para castigar a países en desarrollo, es una herramienta neocolonial en pleno siglo XXI”, comenta De Hoon.