Lectura 7:00 min
Cómo superar el cortoplacismo político en América Latina
Globe,Planet,Earth,And,Money,On,A,Two,Pan,Balance
Las instituciones independientes ofrecen un medio democrático para aislar las decisiones económicas y de desarrollo fundamentales de las presiones políticas inmediatas. Por lo tanto, podrían marcar la diferencia en áreas –desde infraestructura hasta educación– donde América Latina y el Caribe se han quedado rezagadas en las últimas décadas.
WASHINGTON, DC. Mucho antes de convertirse en un teólogo de primera línea, San Agustín apeló a Dios: “Señor, concédeme castidad y continencia, pero todavía no”.
Es una súplica que uno puede imaginarse que los gobiernos de América Latina y el Caribe (ALC) pronuncien. Saben que sus políticas y su planificación deben volverse más consistentes y predecibles. Reconocen que su incapacidad para implementar reformas duraderas y creíbles en áreas que van desde los impuestos hasta las pensiones y la educación desalienta la inversión y contribuye a algunos de los crecimientos del PIB y la productividad más anémicos del mundo. Pero, como el joven Agustín, carecen de la convicción o el coraje para hacerlo.
El cortoplacismo crónico de los responsables de las políticas no se limita a América Latina y el Caribe, o incluso a las regiones en desarrollo. Los ciclos electorales cortos tientan a los políticos de todas partes a sacrificar los objetivos de largo plazo en favor de las demandas inmediatas de los electores. Pero las poblaciones de ALC son particularmente desconfiadas de que sus gobiernos hagan lo correcto. Y por una buena razón: los partidos políticos de la región suelen ser demasiado débiles para mantener acuerdos programáticos o imponer disciplina política, y una arraigada tradición de política clientelista impide la planificación a largo plazo.
Esto ayuda a explicar por qué, durante la última década, los países de ALC han invertido un promedio de apenas el 2.8% de su PIB en infraestructura, la mitad del nivel de Asia. Como resultado, ALC está rezagada respecto de todas las demás regiones (excepto África subsahariana) en materia de calidad de la infraestructura, y muchos países padecen carreteras en mal estado, agua potable insalubre y apagones.
Incluso cuando los gobiernos abordan estos problemas, sus sucesores a menudo borran sus esfuerzos, como huellas en la arena. Por ejemplo, Colombia ha implementado reformas tributarias más de 20 veces desde 1990 (una reforma cada 18 meses, en promedio). Esto ha disuadido a los inversores potenciales, que no pueden predecir sus probables obligaciones, y los ingresos fiscales no han aumentado significativamente.
De manera similar, 11 países de ALC aprobaron reformas de pensiones entre 1980 y 2005, y algunos de ellos adoptaron sistemas de cuentas individuales privadas, pero en 2008-2010 revirtieron parcialmente el rumbo y luego implementaron más reformas, todo ello sin llegar a adoptar los sólidos sistemas de pensiones que se necesitan. Otros países no han logrado promulgar reformas significativas de pensiones. En toda la región, una enorme cantidad de trabajadores del sector informal (que representan más de la mitad de la fuerza laboral) aún carecen de cobertura de pensiones, mientras que otros dependen de esquemas de pensiones “no contributivos” extremadamente inadecuados.
Lo mismo ocurre con la educación. “Casi podemos decir que cada nuevo presidente o cada nuevo ministro de educación introduce una nueva reforma en cada país”, observó un grupo de expertos latinoamericanos en un estudio de 2018.
Para escapar del yugo del cortoplacismo político, los países de ALC deberían adoptar una solución audaz: instituciones nacionales autónomas encargadas de diseñar e implementar políticas a largo plazo basadas en evidencia en áreas clave del desarrollo, como la infraestructura, las pensiones y la educación. Estas instituciones deberían contar con expertos independientes, designados por periodos más largos que los ciclos electorales y aislados de las presiones políticas.
Es cierto que varios países, dentro y fuera de la región, ya han establecido organismos independientes para ofrecer asesoramiento basado en evidencia sobre los desafíos de política a largo plazo, pero estas instituciones –entre ellas la Comisión Nacional de Productividad de Chile, la Comisión de Productividad de Australia, Infrastructure Australia y la Comisión Nacional de Infraestructura del Reino Unido– cumplen en gran medida una función consultiva. Recomiendan políticas, pero carecen de autoridad para implementarlas.
En cambio, las instituciones que se necesitan en América Latina y el Caribe tendrían el poder de diseñar e implementar políticas directamente. Sus decisiones serían vinculantes –el gobierno no podría anularlas– para asegurar que se persigan consistentemente los objetivos estratégicos a largo plazo, independientemente de los cambios políticos o las presiones a corto plazo, incluso de poderosos grupos de intereses especiales.
Por supuesto, esas instituciones tendrían que diseñarse con el máximo cuidado, para garantizar su independencia, rendición de cuentas y legitimidad, pero los beneficios potenciales superan con creces los riesgos y los desafíos. Al crear instituciones creíbles que estén facultadas para tomar decisiones que sirvan al interés a largo plazo de la sociedad, los países pueden restablecer la confianza pública en el gobierno y crear las condiciones para un futuro más próspero, equitativo y sostenible.
Hay algunos precedentes de esto. Durante la década de 1980, algunos bancos centrales latinoamericanos, bajo presión gubernamental, imprimieron enormes cantidades de dinero para financiar el gasto fiscal, incluidos los rescates de sectores financieros afectados por la crisis. A esto le siguió una inflación alta y persistente. Así, en la década de 1990 y principios de la década de 2000, muchos países crearon bancos centrales transparentes y autónomos, integrados por expertos conocedores y dirigidos por miembros independientes de la junta directiva. En algunos casos, la independencia del banco central estaba garantizada en la Constitución nacional. Las instituciones tecnocráticas que surgieron ayudaron a mantener la inflación baja y estable en los años siguientes en casi todos los países de ALC, incluso frente a los recientes shocks inflacionarios, como la pandemia de Covid-19 y la guerra en Ucrania.
Las reglas fiscales son otro mecanismo institucional que promueve la estabilidad económica a largo plazo. Los límites claros al gasto y al endeudamiento del gobierno fortalecen la disciplina presupuestaria, mantienen las finanzas públicas sobre una base sólida, evitan la acumulación de deuda insostenible y aumentan la resiliencia general.
Las instituciones independientes orientadas al desarrollo ofrecen un medio democrático para aislar las decisiones económicas y de desarrollo fundamentales de las presiones políticas inmediatas. Por lo tanto, podrían marcar la diferencia en áreas en las que América Latina y el Caribe se han quedado rezagadas en las últimas décadas, un periodo caracterizado por oscilaciones ideológicas y una polarización política cada vez más profunda.
Cuando Agustín finalmente se dio cuenta de que ya no podía posponer cambios importantes, se convirtió en uno de los pensadores más influyentes de la historia del cristianismo. Los gobiernos de América Latina y el Caribe deben seguir su ejemplo, no siguiendo a Dios, sino sentando las bases para una estabilidad y prosperidad a largo plazo tras décadas de disipación.
El autor
Eric Parrado es economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo.
Copyright: Project Syndicate, 2024