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Drama migratorio
Durante las últimas dos décadas, el cruce fronterizo entre México y Estados Unidos se ha convertido en el escenario de una grave crisis en materia de derechos humanos, en la que miles de personas han desaparecido y han perdido la vida durante la migración.
Un reporte del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU reveló que, de todos los cruces fronterizos en el mundo, la frontera de nuestro país con el vecino del norte concentra el mayor número de muertes desde 2014: 668 migrantes muertos en 2022.
El drama migratorio que viven miles de personas en su tránsito hacia Estados Unidos incluye el ahogamiento y las muertes provocadas por las duras condiciones ambientales, así como la falta de refugio, alimentos y agua.
También hay migrantes que fueron víctimas mortales de accidentes vehiculares, eventos de violencia y hasta caídas desde el muro fronterizo, debido a la irregularidad del terreno. La tragedia es mayor si consideramos que los restos de muchas personas nunca son recuperados.
La frontera sur de México, por ejemplo, experimenta un fenómeno migratorio alarmante que afecta a la población local con más inseguridad, mayores niveles de desempleo y hasta el desplazamiento de espacios públicos.
Los números no mienten. Desde 2021, México se convirtió en el tercer país del mundo en recibir más solicitudes de refugio. De acuerdo con datos del titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Andrés Ramírez Silva, sólo en los primeros cinco meses de 2023 se han recibido 63 mil 462 solicitudes de migrantes, procedentes de 95 países.
La mayoría de los solicitantes de asilo se concentran en cinco entidades federativas: Chiapas, con el 59.69 por ciento; Ciudad de México con el 19.48 por ciento; Tabasco con casi seis por ciento; Baja California y Veracruz con más de tres por ciento cada uno, así como Nuevo León y Quintana Roo con 1.83 y 1.47 por ciento, respectivamente.
De los 63 mil 462 migrantes que se han registrado como solicitantes de la condición de refugiados, entre enero y mayo de este año, provienen de Haití, con 25 mil 802 personas migrantes; 14 mil 391 de Honduras; cuatro mil 215 de Cuba; tres mil 213 de Venezuela; dos mil 770 de El Salvado; dos mil 531 de Brasil; dos mil 395 de Chile; dos mil 049 de Guatemala, mil 064 de Colombia, y 972 de Nicaragua.
Mujeres, hombres y niños que son forzados a salir de sus lugares de origen por el hambre, la amenaza de los grupos criminales o la presencia de gobiernos represivos. Huyen en busca de paz y prosperidad, pero encuentran violencia y muerte.
Todos los días, miles de migrantes son enganchados por bandas del crimen organizado, como los cárteles de Sinaloa, el de Jalisco y los Zetas. De acuerdo con estimaciones de la Oficina Contra las Drogas y el Delito de Naciones Unidas (UNODC) los traficantes de personas obtienen ganancias superiores a los seis mil 750 millones de dólares al año.
Nada de eso podría ser posible en México sin la complicidad de las autoridades y sin el contubernio de funcionarios corruptos, que les permiten burlar los puntos de inspección y avanzar en su camino, a cambio de sumas que van de los dos mil a los nueve mil dólares por migrante.
Prueba fehaciente de las fechorías de los agentes migratorios, son las más de dos mil quejas por extorsión que fueron presentadas en 2022 contra personal del Instituto Nacional de Migración (INM), de acuerdo con un informe de Amnistía Internacional.
Mientras la clase política está distraída en la disputa del poder político, el drama migratorio continúa.