El Tren Depredador: catástrofe en curso

El megaproyecto del Tren Depredador no es una catástrofe anunciada que amenace la sustentabilidad a futuro. Es una catástrofe en curso que ha causado y sigue causando daños ambientales irreparables y  graves costos humanos, que se multiplicarán si prosigue la construcción del tren  y los “polos de desarrollo” (turísticos, inmobiliarios, extractivos, agroindustriales). Más allá de la fragmentación de la selva y su impacto en la vida animal, vegetal y humana, de la destrucción de cenotes, cavernas y manglares que acelerará la degradación del suelo y del sistema acuífero y afectará los arrecifes,  los testimonios  que dieron representantes de comunidades y organizaciones indígenas ante el Tribunal Local de los Derechos de la Naturaleza revelan un alarmante panorama de ilegalidades, violencia institucional y violación de derechos humanos.

Entre los testimonios de activistas y académicos y comunidades, destacan las voces de hombres y mujeres de municipios de Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas que, pese a la violencia y devastación que han vivido, se atrevieron a denunciar la violencia con que se ha impuesto este proyecto. Al  reiterado desacato gubernamental  de suspensiones judiciales, se añaden chicanadas en los procesos de expropiación de miles de hectáreas, habitadas y cultivadas por comunidades y ejidos. Fonatur, por ejemplo, no sólo ha manipulado a representantes ejidales, también los ha amenazado y violentado para obligarlos a firmar “acuerdos” de venta; incluso permitió el robo del pago a un conjunto de ejidos por parte de una empresa intermediaria, que sólo la resistencia de los agraviados logró revertir. Dos mujeres, de Palenque y Salto del Agua, contaron que no salen de sus casas por temor a que se las arrebaten. Al no hacer consultas previas e informadas, con la presentación del plan maestro, por ejemplo, al no buscar un consenso verdadero, el gobierno ha propiciado divisiones en las comunidades y debilitado así las posibilidades de una convivencia pacífica.

Como si despojo, desplazamiento y precarización no bastaran, la militarización del territorio, señala el Tribunal, es uno de los efectos más graves del megaproyecto. Esta militarización conlleva opacidad, preservada bajo la máscara del “interés público” y “la seguridad nacional”;  también se percibe en la construcción y futura administración de tramos del tren, aeropuertos y hoteles, en el despliegue  de miles de soldados para garantizar la “seguridad” de las vías. Se vive sobre todo en la violencia creciente que afecta directamente a las comunidades. En Tihosuco, Q.Roo, por ejemplo, ha habido “un incremento de violencia entre la guardia nacional y las comunidades, desaparecen personas y existe un aumento de muertes por causas violentas”; en otros municipios  se ha encarcelado y desaparecido a personas defensoras y se amedrenta a la población. Una lideresa comunitaria denunció: “Es común ver a los militares caminando por las calles y ser los primeros en responder ante cualquier tipo de protesta o disconformidad que generan las obras”. Como sucede en otras zonas del país, la presencia militar no ha impedido el surgimiento o expansión del crimen organizado, que corroe la vida social.

¿Qué futuro puede esperar el Pueblo Maya de un modelo de desarrollo no sustentable que  está provocando más violencia,  que ofrece “trabajos precarios”,  que está destruyendo un medio ambiente frágil, para promover el turismo masivo y agroindustrias contaminantes,  como  las megagranjas porcícolas y los monocultivos de soya y palma africana que afectan la biodiversidad y los cultivos locales?

En vez de imponer con ilegalidades y violencia este proyecto neocolonial, ecocida y etnocida, el gobierno debe acatar las recomendaciones del Tribunal: suspenderlo, presentar el plan maestro completo y  una MIA integral;  cesar la militarización que atenta contra las libertades y los derechos humanos, “suspender los despojos y expropiaciones”;  “reparar y restaurar todos los ecosistemas afectados”,  reparar los daños humanos y sociales que ya ha provocado; reconocer los derechos de la Naturaleza. Debe además respetar la historia, la cultura y los derechos del Pueblo Maya.