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Opinión

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El capitalismo de compadres de la 4T

La causa principal del conflicto comercial entre México y sus socios del T-MEC –Estados Unidos y Canadá– ha sido el trato preferencial otorgado a CFE y Pemex por parte del gobierno del presidente López Obrador. La discriminación contra inversionistas privados busca reestablecer el poder monopólico de las empresas paraestatales sobre el sector energético mexicano.

EU y Canadá alegan que dicha política atenta contra la justa competencia y daña los intereses de empresas que invirtieron al amparo de los acuerdos comerciales, así como las leyes vigentes en la materia. Aunque el litigio se centra en el sector energético, tiene implicaciones en otras materias. Está relacionada con el modelo de capitalismo clientelista, también conocido como capitalismo de compadres, que el gobierno de López Obrador ha tratado de implantar en su relación con el sector privado.

La política energética del actual gobierno de México ha sido desde un principio materia de quejas y diferendos con sus socios comerciales del T-MEC. Primero fueron las propias empresas afectadas las que acusaron al gobierno mexicano de trato discriminatorio. Después los funcionarios del gobierno de Estados Unidos solicitaron reuniones privadas con sus contrapartes mexicanas para expresar su inconformidad.

La respuesta del gobierno de López Obrador consistió en negar las diferencias en público, pero en privado atender los reclamos de las empresas afectadas. Con la intermediación del embajador de EU, Ken Salazar, en Palacio Nacional se definían caso por caso las medidas compensatorias. El gobierno de López Obrador acordaba las reparaciones de los daños causados por decisiones dirigidas a favorecer a Pemex y CFE.

Con la presentación de la solicitud de consultas por violaciones al T-MEC, el gobierno de Joe Biden manda diversos mensajes que ponen en jaque el modelo de capitalismo clientelar de la 4T. En primer lugar, las afectaciones causadas por la política energética de López Obrador a la inversión privada dejaron de ser una cuestión a resolver mediante la negociación entre empresas con el gobierno mexicano y se convirtió en un asunto a tratar entre los gobiernos.

En segundo lugar, Estados Unidos y Canadá consideran agotada la ruta de las soluciones casuísticas, con la intermediación política de los embajadores, particularmente de Ken Salazar quien ha recibido fuertes críticas por su excesivo acercamiento al inquilino de Palacio Nacional. Los socios comerciales de México rechazan el modelo de capitalismo clientelista y se pronuncian a favor de la aplicación pareja de reglas a todos los inversionistas del sector energético mexicano, como una forma de defender los intereses de sus connacionales.

Los grandes empresarios mexicanos han encontrado acomodo en el modelo de capitalismo clientelista de la 4T. Incluso aquellos a quienes López Obrador acusó de formar parte de la “mafia del poder”, acuden con regularidad a las reuniones en Palacio Nacional, participan en las colectas que bajo la forma de rifas organiza el presidente López Obrador y lo acompañan a eventos en los que presume el apoyo del sector privado a sus iniciativas.

Ante el repudio de contratos y el rompimiento del Estado de derecho, los empresarios prefieren llegar a acuerdos con la 4T que enfrascarse en largos litigios y perder la oportunidad de hacer negocios con el gobierno. Han aceptado con gusto las compensaciones bajo la forma de nuevos contratos asignados de manera arbitraria o la promesa de participar en proyectos de obra pública.

El modelo del capitalismo clientelar de la 4T ha sido posible por el alto grado de concentración del poder político. El presidente López Obrador actúa libre de controles y contrapesos. El resultado ha sido el peor ambiente de negocios en décadas. La controversia comercial iniciada por EU y Canadá quizás representa la mejor esperanza de alguna mejoría en lo que resta del sexenio.

*Profesor del CIDE.

Twitter: @BenitoNacif

El Dr. Benito Nacif es profesor de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Fue Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) del 2014 al 2020 y del Instituto Federal Electoral (IFE) del 2008 al 2014.

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