El cobro de piso

El sexenio está a punto de terminar, y dentro de las deudas pendientes en materia de seguridad, existe una que no ha podido ser controlada y que ha logrado expandirse como cáncer a casi todos los estados de la república, este es el cobro de derecho de piso. Las extorsiones y su modalidad en cobros de derecho de piso ha sido uno de los delitos que han tenido un crecimiento constante durante este sexenio, otorgando a los grupos del crimen organizado ganancias incalculables para fondear sus actividades criminales. Tan solo en este sexenio han aumentado aproximadamente el 45.3% las carpetas de investigación con respecto al sexenio pasado, de acuerdo con datos de la Coparmex y el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, lo cual implica 31 casos de extorsiones por día, de las cuales la tercera parte, corresponde al cobro de piso con un aumento de 24% a 30%, ahora también enfocados en intermediación y traslado de productos. Por otra parte, por las características intimidatorias y de riesgo de este delito, solo se denuncian 4 de 100 delitos, de ahí que la cifra negra sea de aproximadamente el 96%.

 Para tener una idea de la dimensión del problema, en el mes de noviembre del 2023, la Alianza Comercial de Pequeños Comerciantes (ANPEC) refería que el 69% de las entidades federativas registraba extorsiones y cobro de piso, es decir, de 23 a 25 estados han reportado este problema. En este sentido, los comercios - pequeños y medianos- reportan pérdidas económicas de entre 20%,50% y hasta el 80% de sus ganancias (entre las economías más afectadas por estos delitos se contemplan Guanajuato, Morelos, Chiapas y Chihuahua). En 2024, la Confederación Patronal de la República Mexicana, en su reporte de seguridad de enero a abril, daba a conocer que los estados con mayor incremento porcentual en este periodo se encuentran: Estado de México, Colima, Morelos, Guanajuato y Nuevo León.

La extorsión en su modalidad de cobro de piso es un delito que se expande a todas las ramas económicas que representen una oportunidad de ganancia para la criminalidad, así que los sectores y las experiencias varían en torno a los municipios, entidades, giros económicos y capacidad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para hacerle frente, de la mano de los niveles de impunidad y colusión. Por mencionar solo algunos sectores pagando el cobro de piso en distintas entidades del país, actualmente están: el comercial, construcción, transporte de carga, transporte público, industrial, minero, pesquero, agrícola, ganadero, turismo, restaurantero, educativo, y religioso, aunque pueden existir otros giros presa de este delito, que no discrimina montos ni recurrencia siempre y cuando represente una ganancia.

Con pago de cuotas que van desde los 100 pesos -el caso sonado en Reynosa, Tamaulipas donde se documentó un cobro de piso por sombra de árbol-, hasta el millón de pesos a cadenas de tiendas, o los cobros semanales de entre 600 pesos a ochocientos pesos a trabajadores del campo por “trabajar” la tierra, o entre 6000 pesos a 8000 pesos por traslado de camión de productos semanal o mensual dependiendo la distancia, cobros por metro cuadrado de propiedad o por kilo de productos, los grupos criminales expanden su dominio  e incrementan su fondeo indiscriminado, al amparo de la impunidad y la poca intervención de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para hacerle frente. La extorsión y su modalidad de cobro de piso es uno de los delitos más intimidante y riesgoso no sólo para quien lo padece directamente donde se pone en juego el patrimonio y la vida, sino a su vez, por las consecuencias que implica a corto, mediano y largo plazo, como lo es el paralizar economías locales, regionales y estatales, aumento de desempleo, y la capacidad de ahuyentar de inversiones… ¿será que el nuevo gabinete lo tome en serio y le haga frente? o ¿será más de lo mismo?