El dilema de ESSA

A dos meses de que se cumplan 70 años de su fundación, Exportadora de Sal estaría a punto de cambiar de propietario. La extinción del Fideicomiso de Fomento Minero, en curso, obliga a la Secretaría de Hacienda a finalmente tomar una decisión sobre su sociedad con Mitsubishi.

ESSA es una empresa paraestatal, sectorizada a la Secretaría de Economía, en la que el gobierno federal —a través del Fifomi— tiene 51% de las acciones, por 49% de la corporación nipona, con la que se asoció hace 50 años. Ambas partes también están asociadas —a partes iguales— en Baja Bulk Carriers, subsidiaria de ESSA dedicada a la transportar la producción de Guerrero Negro a la Isla Cedro, antes de ser embarcada a Japón.

ESSA volverá a enfrentar un futuro incierto. Hace 10 años, el entonces titular de la SE, Ildefonso Guajardo, encargó a la firma internacional Evercore Partners un esquema para desincorporarla; entonces tuvo una producción anual de 9,000 toneladas métricas. La propuesta fue bursatilizarla, pero la oposición del entonces director general, Jorge Humberto López-Portillo, dio al traste con el ambicioso proyecto, que la valuó en 500 millones de dólares.

Hace 15 años, durante la administración calderonista, ya se había aprobado la desincorporación —por extinción— del Fifomi. Entonces, la SHCP propuso traspasar su patrimonio, incluido ESSA, a Nacional Financiera. El decreto quedó congelado en San Lázaro. En esa administración, por los criterios de austeridad republicana, el proyecto de extinción del Fideicomiso completó los trámites legislativos y está en curso.

En la última década, ESSA ha visto pasar a ocho directores generales. Y durante el primer tramo de la Cuarta Transformación acumuló pérdidas operativas hasta el año pasado, cuando —de acuerdo con cifras preliminares— registró ventas por 120 millones de dólares.

La paridad cambiaria llevó el precio de la tonelada de sal a su récord histórico en el 2023, pero la empresa acumuló pérdidas operativas por 300 millones de pesos y perdió un laudo por 100 millones por la cancelación del contrato de adquisición de una barcaza.

Ahora mismo, la titular de la SE estudia opciones para adquirir la participación de Mitsubishi en ESSA. Antes tendrían que saldarse adeudos pendientes, con la autoridad fiscal —que embargó sus cuentas bancarias— y reforzar las medidas de protección ambiental y de seguridad en la bahía Ojo de Liebre, ante las evidencias preocupantes del deterioro acumulado en los último años por la actividad salinera.

En vísperas del ingreso de Buenrostro como secretaria de Economía —en sustitución de Tatiana Clouthier— la directiva de ESSA estimaba pasivos contingentes por 15,253 millones de pesos, de los cuales 11,781 millones cubrirían juicios civiles y mercantiles y otros 3,422 millones en juicios fiscales. En los últimos dos años, los pasivos laborales —48.8 millones en septiembre del 2022— han crecido, por las indemnizaciones reclamadas por los últimos dos directores de la empresa.

Efectos secundarios

ULTIMÁTUM. Ante la reiterada postura de los representantes legales del Nacional Monte de Piedad, de consultar con el patronato de esa institución de asistencia privada sobre los compromisos que puede suscribir con el sindicato de trabajadores en la mesa de conciliación. A dos días de que expire el plazo para el estallamiento de huelga, la jueza que resolverá este caso decidió citar a Juan Antonio Palacios Pérez.