El expresidente de la SCJN es investigado por actos de corrupción 

El ministro Zaldívar, expresidente de la SCJN, y su equipo cercano, Netzaí Sandoval Ballesteros, Carlos Antonio Alpízar Salazar, Edgar Manuel Bonilla del Ángel, son investigados por actos de corrupción.

Las conductas administrativas de las cuales se les acusa a los servidores públicos son: 1) actos que atentan contra la independencia de la función judicial; 2) falta de imparcialidad y profesionalismo; 3) violencia sexual; 4) cohecho; 5) abuso de funciones; 6) desvío de recursos, y 7) enriquecimiento oculto.

El polémico tiktokero Zaldívar ni tardo ni perezoso indicó que es una jugada de la ministra presidenta Piña, para crear un ambiente de enfrentamiento en contra de la 4T; también el jurista intentó minimizar el acuerdo de investigación indicando que se trata de una denuncia anónima, entre otros argumentos leguleyos.

En primero lugar, ministro Zaldívar, la Ley General de Responsabilidades Administrativas permite las denuncias anónimas. Ello, querido doctor, es para incentivar las denuncias y proteger a los denunciantes o víctimas y usted lo sabe.

En segundo lugar, hay suficientes datos de prueba en el acuerdo de investigación para determinar la comisión de las faltas administrativas: I) se pueden identificar los casos y conductas en los cuales se desarrollaron las conductas ilícitas; II) están señalados los personajes que intervinieron en las conductas de manera ilegal, así como a las personas que fueron presionadas o extorsionadas para lograr determinado fin, y III) está determinado el “sentido de las resoluciones de los expedientes”. Es decir, conducta y resultado.

Falta determinar: “si en dichas resoluciones hubo acciones que pueden constituir uso indebido de la información (art. 55), tráfico de influencias (61) y abuso de funciones (57). Todas ellas faltas graves contempladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el grado de participación de cada funcionario público. Quizá la investigación no pase de los operadores políticos.

De acuerdo con la ley, basta con la sola mención de alguno de los funcionarios, que indique circunstancias de tiempo, modo, lugar de que fueron presionados o extorsionados por los operadores del Dr. Zaldívar y el resultado de la conducta (modificación o alternación de una resolución para que se perfeccione la falta administrativa.

Para el ministro Zaldívar la acusación es seria y demoledora, ya que lo podrían sancionar y dejar fuera de las posiciones políticas del nuevo gobierno.

Querido lector, la investigación de la SCJN parece bastante sólida, habrá que ver si en realidad quieren investigar o sólo es un buscapiés político. Hasta la próxima.

X: @ErosalesA