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El marco de la nueva estabilización argentina
Es casi seguro que la argentina sea la economía donde se ha aplicado el mayor número de planes de estabilización en todo el mundo, con más modalidades de estabilización y también con el mayor número de fracasos. En este cierre de 2023 el nuevo gobierno de Javier Milei ha puesto en marcha una nueva iniciativa estabilizadora, pero el entorno en el cual se mueve dicha iniciativa tiene características generales y particulares que, sin duda, podrían afectar de manera substantiva su ejecución técnica, al margen de la coherencia interna que presumiblemente se le adjudique.
En efecto, los componentes básicos de la estabilización: el fiscal, el monetario y el cambiario y financiero, están interactuando con dos aspectos generales muy visibles. El primero es, sin duda, político en sus dos vertientes. En la vertiente “ganar la calle” el aspecto político tiene ya numerosas expresiones de rechazo: cacerolazos, movilizaciones, cierre de avenidas (“piquetes”), la amenaza de un inminente paro general (encabezado por la Confederación General del Trabajo, CGT), próximas judicializaciones, etc. En la vertiente “negociar con los representantes” el aspecto político consistirá en tratar de negociar con el congreso, con los gobernadores y demás fuerzas opositoras, dado que Milei, a pesar de su triunfo de 56%, se encuentra en clara minoría en esas instancias.
El segundo aspecto general que enmarca la estabilización es económico-político. Se trata del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que ha puesto Milei sobre la mesa para impulsar la reforma del Estado. Esta reforma, orientada por lo que el gobierno llama “principio de libertad” y “principio de competencia”, consiste en más de 360 medidas para desregular o privatizar numerosas cuestiones hoy controladas por el gobierno y que podrían cederse en paquetes accionarios a los trabajadores, incluída la muy notoria y siempre deficitaria Aerolíneas Argentinas. A pesar de su nombre llamativo, los DNU no son cosa nueva sino trivial hasta el hartazgo en Argentina, porque los ha habido por decenas y hasta centenas dependiendo de los presidentes.
Si bien ahora puede verse al peronismo-kirchnerismo (la derecha estatista) preguntar con airadas voces dónde está la necesidad y la urgencia del primer decreto del presidente Milei, puede listarse a los tres presidentes de este mismo grupo usando con soltura este recurso en condiciones muy diferentes a las actuales: Cristina Fernández emitió más de 70, Alberto Fernández lanzó más de 70 y Néstor Kirchner, el fallecido marido de Cristina, 270. Y fue la entonces senadora Cristina Fernández quien operó con intensidad las modificaciones que hacen que luego de un examen por una comisión bicamaral, la vigencia del documento sólo pueda ser frenada por el rechazo del pleno de las dos cámaras. Planchado y bien planchado. El presidente en aquellos agitados días de la senadora se llamaba Néstor.
En el caso de este DNU en particular, coordinado por Federico Sturzenegger desde hace un año y medio para la posterior candidata Patricia Bullrich y con la bendición del ex presidente Mauricio Macri, se trata de un trabajo amalgamado de más de 100 especialistas que, a su vez, consultaron con expertos en cada rubro, a fin de mantener la constitucionalidad y evitar el traslape negativo de las numerosas propuestas al enfrentar la revisión congresual que deberá darse en los próximos días, porque el 29 de diciembre se pondría en marcha.
El propio Sturzenegger, ex presidente del banco central, ha expresado los tres ejes fundamentales de este decreto: conferirle a la sociedad argentina un choque de libertad económica, debilitar hasta su eliminación los resortes de los sectores más intensamente corporativizados (“la casta” según el lenguaje del nuevo gobierno o, en este decreto, las dos castas principales) y, como complemento, la desregulación de numerosos sectores económicos. De modo que mientras la Argentina plenamente populista pone el grito en los juzgados y tratará de paralizar con dureza el país antes de perder sus ganancias de tantos años (el descuento salarial o “aporte solidario” que va a las dirigencias sindicales, por ejemplo), la Argentina promercado bloqueará, salvo consentimiento explícito, dicho descuento (“el salario pertenece al trabajador”). Así, el marco general que subyace a la nueva estabilización está cantado.
* Seminario de Credibilidad Macroeconómica, Facultad de Economía, UNAM.