El tamaño de la sumisión del IFT

La semana pasada, le expliqué en este espacio la simulación perpetrada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para permitirle a CFE Telecom prestar servicios a usuarios finales, en violación flagrante de la Reforma Constitucional en Telecomunicaciones y Competencia Económica de 2013. Recordemos que el IFT nació en 2013, precisamente como consecuencia de esa reforma constitucional, por lo que lo menos que uno esperaría del Instituto es que defendiera el marco jurídico que le dio su razón de ser. A 10 años de distancia, es muy triste darse cuenta de que de nada sirve tener un órgano constitucional autónomo con dientes de tiburón blanco si éste es encabezado por charales.

Ahora, como consecuencia del sometimiento del IFT, el gobierno de la Cuarta Regresión, propone la mafufada de una Red Nacional de Telecomunicaciones (eufemismo con el que pretenden ocultar su intención de crear una empresa comercial de telecomunicaciones, debidamente subsidiada, para que las manejen los amigos de Andy). Esta tontería, condenada a tirar dinero para beneficiar a los políticos y sus amigos contratistas y, eventualmente, quebrar, es violatoria de la Constitución (por lo expuesto en mi artículo anterior) y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (la Ley), por lo siguiente:Independientemente de la simulación de origen con la que nació CFE Telecom, el artículo 141 de la Ley, en relación con el 3°, fracción XXXVIII, establece la "neutralidad a la competencia" como obligación para aquellas redes donde haya propiedad pública (como es el caso de CFE Telecom), a fin de que no distorsionen nuestro sistema constitucional de libre mercado en competencia. Por eso, el título de concesión original de CFE Telecom limitó su cobertura a zonas no atendidas o con servicios limitados, como cobertura 3G no garantizada; es decir, a la falta del servicio o a su prestación limitada o deficiente.

La modificación que acaban de aprobar los muchachos del IFT, que permite la prestación de servicios por parte del gobierno (en época electoral, casualmente) en zonas con 3G garantizada, es ilegal porque la cobertura con 3G garantizada es algo que el IFT reconoce oficialmente como un servicio con la calidad requerida, y que supone las consecuentes inversiones y mantenimiento por parte de los operadores privados, que ahora resentirán la competencia desleal de un operador público fuertemente subsidiado. Es decir, el IFT pretende desconocer sus propias definiciones de servicios garantizados y permite la operación de CFE Telecom ahí donde inevitablemente afectará a la competencia, particularmente a Telefónica, cuyo ARPU es menos de la mitad de los de Telcel o ATT, y a los operadores móviles virtuales, sobre todo los asociados a Altan Redes, cuyos clientes objetivo son precisamente personas de bajos ingresos.

Otro aspecto importante es que la cobertura de CFE Telecom es por exclusión. De acuerdo con el título de concesión original no podía prestar servicios donde hubiera 4G o 3G garantizada, y solamente podía hacerlo donde hubiera únicamente 3G diferenciada (no garantizada) o inferior (2G). Con la reciente modificación, los charales del IFT le permiten a López Obrador prestar servicios donde haya incluso 3G garantizada, lo que tira al suelo su rollo populista de llevar telecomunicaciones a los desconectados. Lo que quiere es comprar votos y pagarlos con tiempo aire, y al IFT le tiemblan las piernas para defender a las empresas del sector que mal regula.

De acuerdo con el reporte del propio IFT sobre coberturas al final del 2022, la cobertura 3G diferenciada de ATT y Telefónica es de 90% y 80%, respectivamente, pero la garantizada es de un 55%. Este 55% de cobertura garantizada de AT&T y Telefónica constituye el enorme grupo de usuarios que el IFT otorga para que el gobierno deprede a la competencia con ingentes subsidios electoreros.

Agradezco a un importante ex funcionario del IFT sus observaciones sobre este tema y sus implicaciones en cuanto al volumen de usuarios comprometidos.

@gsoriag